Derechos culturales: Vehículos esenciales para la democracia y los derechos humanos
Reducir la cultura a mercancía no solo empobrece el alma colectiva; socava la democracia misma. En las últimas décadas hemos presenciado cómo los derechos culturales han sido relegados a un segundo plano, tratados como “parientes pobres” de otros derechos humanos o, peor aún, percibidos como simples lujos prescindibles en tiempos de austeridad.
Esta visión estrecha no solo debilita nuestra comprensión de la democracia, sino que erosiona los fundamentos mismos de la participación ciudadana. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente en su artículo 27 el “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural”.
Sin embargo, bajo las lógicas neoliberales que han predominado en nuestras sociedades, la cultura ha sido sistemáticamente reducida a un mero producto para el consumo masivo, transformando espacios culturales públicos en iniciativas privadas o servicios comerciales. Ejemplos claros de ello son el cierre de bibliotecas comunitarias por falta de financiamiento o la transformación de centros culturales comunitarios en espacios para eventos privados.
Defender los derechos culturales es reafirmar la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Una democracia de calidad no se limita al ejercicio de la soberanía popular o la igualdad política; exige también un sistema robusto de protección que reconozca las dimensiones simbólicas, identitarias y expresivas de la vida social. Los derechos culturales no son accesorios ni privilegios, sino pilares esenciales de una sociedad democrática verdaderamente inclusiva.
La participación cultural trasciende ampliamente la mera asistencia a eventos artísticos, constituye un proceso profundo mediante el cual las personas desarrollan nuevas formas de comprender el mundo, amplían sus horizontes cognitivos y descubren posibilidades inéditas de acción ciudadana.
No obstante, esta capacidad transformadora es frecuentemente opacada por la mirada mercantilista, que reduce las manifestaciones culturales a simples bienes de consumo. Esta lógica deteriora su potencial crítico, impidiendo que la cultura sirva como vehículo de memoria, reflexión y cuestionamiento social.
Las perspectivas decoloniales y emergentes desde fuera de los centros tradicionales de producción de conocimiento han cuestionado valientemente las teorías clásicas, poniendo de relieve la importancia de la educación no formal y destacando la riqueza que aporta el capital cultural comunitario. Estos enfoques nos recuerdan que no es posible transformar la realidad social sin cuestionar y modificar los lenguajes y símbolos que la estructuran.
En tiempos marcados por la precarización de la vida y la estandarización del pensamiento, reconocer el valor político y transformador de las prácticas culturales es una urgencia democrática. No basta con garantizar un acceso superficial a expresiones culturales; es necesario proteger activamente los espacios donde las comunidades crean, resignifican y disputan sentidos.
Apostar por los derechos culturales no constituye un gesto simbólico; es una estrategia vital para alcanzar justicia social. La cultura no adorna la democracia: la sustenta, la interroga y la proyecta. Sin cultura, la democracia pierde su voz.
