La Contraloría General de la República realizó una fiscalización al proceso de aplicación y cobro de multas a empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
El informe reveló que, al 10 de diciembre de 2024, estaban pendientes de pago 24 resoluciones exentas por un total de $9.134.274.571, correspondientes a incumplimientos contractuales de nueve prestadores de servicios.
Los antecedentes recopilados cubren el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Pese a las diligencias realizadas por Junaeb, las multas siguen sin ser cobradas, lo que representa una infracción a los procedimientos establecidos en las bases administrativas de las licitaciones.
La fiscalización también verificó que todas las resoluciones asociadas a estas multas pertenecen a licitaciones que, al 31 de agosto de 2023, ya no se encontraban vigentes.
En algunos casos, han pasado más de 40 meses desde la fecha de término de los contratos, sin que se haya ejecutado su liquidación, contraviniendo los procedimientos exigidos en las propias bases de licitación.
Contraloría advirtió que esta situación vulnera el principio de estricta sujeción a las bases, establecido en la Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos, así como los principios de eficiencia, eficacia y control en la gestión pública.
Debido a lo anterior, la Contraloría remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe eventuales acciones.
Además, ordenó a Junaeb ejecutar los procedimientos de cobro de multas y liquidación de contratos, y dispuso que se instruya un procedimiento disciplinario para establecer posibles responsabilidades administrativas en los hechos observados.
