En una sentencia histórica, la ministra Paola Plaza González, en su calidad de jueza en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a tres exintegrantes del Ejército de Chile por su participación en la destrucción de archivos sensibles pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Estos documentos, que contenían información clave sobre las violaciones a los derechos humanos y las operaciones de inteligencia contra el expresidente Eduardo Frei Montalva, fueron incinerados entre los años 2000 y 2001 en un acto que obstaculizó el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

La sentencia de primera instancia condenó al exgeneral de brigada del Ejército, Eduardo Jara Hallad, y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, a tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública.

Por su parte, el exgeneral de división Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión por su rol como encubridor de este delito.

Además, los tres condenados deberán pagar una multa de 21 UTM mensuales, y se les concedió el beneficio de cumplir la pena bajo libertad vigilada.

Destrucción de documentos clave para la justicia

El proceso judicial se centró en la quema de archivos microfilmados que contenían información relevante sobre los crímenes perpetrados por la CNI entre 1980 y 1982, documentos que fueron incinerados sin el debido procedimiento de actas.

Estos archivos se encontraban bajo la custodia del Ejército de Chile, específicamente en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y contenían detalles sobre las operaciones de represión de la dictadura, incluidos los ataques y la persecución contra el expresidente Frei Montalva.

La Dra. Paola Plaza González detalló en su fallo que, durante los años 2000 y 2001, bajo las órdenes de Jara Hallad, Rojas Kuschevich y otros, se procedió a incinerar estos archivos en la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en la comuna de San Bernardo, sin cumplir con la reglamentación institucional sobre el manejo de documentos de inteligencia.

Esta destrucción obstruyó gravemente las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época, especialmente aquellos relacionados con los detenidos desaparecidos.

El trasfondo histórico y las querellas presentadas

La destrucción de estos archivos se llevó a cabo en el contexto de la "Mesa del Diálogo", un proceso que buscaba esclarecer la verdad sobre las víctimas de la dictadura, con énfasis en los casos de detenidos desaparecidos.

A pesar de las negativas iniciales del Ejército sobre el destino de estos documentos, en 2015, el propio Ejército realizó un sumario interno que comenzó a revelar la falta de cumplimiento con las normativas de custodia y destrucción de los documentos de inteligencia.

La querella presentada en 2017 por la organización Londres 38, liderada por Erika Hennings, fue clave para la reapertura de este caso. La acción legal, junto con las presentaciones de otros querellantes, como la Democracia Cristiana y familiares de las víctimas, fue fundamental para llevar a juicio a los responsables de la destrucción de los archivos.

Críticas a las penas impuestas

El abogado Nelson Caucoto, representante de las víctimas, valoró el fallo que establece la responsabilidad de los implicados en la destrucción de documentos, pero criticó las bajas penas impuestas.

"Desgraciadamente, este tipo penal tiene penas bajísimas, lo que queda reflejado con el beneficio de la libertad vigilada concedida", afirmó Caucoto, quien también destacó que el fallo deja claro cómo el Ejército, incluso en democracia, continuó protegiendo la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad.

El abogado cuestionó especialmente la destrucción de los documentos relacionados con las operaciones de inteligencia contra el expresidente Frei Montalva. "¿Qué razones habría para justificar la destrucción de los antecedentes referidos al ex Presidente Frei, salvo eliminar documentación relativa a su homicidio?", señaló Caucoto, quien subrayó que este caso demuestra el intento por ocultar la verdad detrás de los crímenes cometidos por la dictadura.