El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.

El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.

Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.

Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno, fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Los cinco delitos por los que se acusa a Jair Bolsonaro

• Golpe de Estado: El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el "intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido". La denuncia afirma que este propósito se vio reflejado en los “ataques recurrentes” al proceso electoral.

• Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho: Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de “impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales”, lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo. Bolsonaro y los otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública.

• Organización criminal armada: La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.

• Deterioro de patrimonio protegido: El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley. Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo “moral y material” a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).

• Daño calificado contra patrimonio público: Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio "considerable" para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.