Chile ha experimentado profundas transformaciones en sus patrones migratorios internos. Si durante el siglo XX predominó la migración del campo hacia las grandes ciudades, en el siglo XXI observamos un fenómeno inverso: el desplazamiento desde las metrópolis hacia ciudades intermedias, especialmente del litoral central.

Este cambio, acelerado por la pandemia y el estallido social de 2019, expone las debilidades del modelo urbano chileno, marcado por profundas desigualdades y deficiencias en calidad de vida, acceso a servicios y sostenibilidad.

Este nuevo patrón migratorio es mucho más que un simple cambio de residencia: responde a problemas urbanos graves como la congestión, el alto costo de la vivienda y la precarización laboral.

Es necesario revisar críticamente las causas de estos desplazamientos y cuestionar si estamos abordando realmente las raíces del problema o solo trasladándolo desde las grandes ciudades hacia otras localidades, reproduciendo exclusión y desigualdad. Cartagena es un caso emblemático de este fenómeno, mostrando un crecimiento rápido y desordenado que reproduce las mismas problemáticas urbanas que se buscaban evitar.

El fenómeno migratorio hacia Cartagena no ocurre aislado, sino que forma parte de una dinámica territorial más amplia que afecta a todo el litoral central chileno, incluyendo comunas como Algarrobo, El Quisco, El Tabo y San Antonio.

Según estudios recientes del Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda, estas comunas enfrentan presiones similares: crecimiento acelerado, dificultades en el acceso a servicios básicos y tensiones entre residentes históricos y nuevos habitantes. Cartagena, tradicional destino popular, evidencia hoy los efectos negativos de una urbanización acelerada y poco planificada, afectando tanto a la población residente como a los recién llegados.

La falta de planificación estratégica ha generado problemas concretos que impactan la vida cotidiana en Cartagena: escasez de agua potable, colapso del sistema de alcantarillado, saturación vial en temporada alta e insuficiencia de espacios públicos para la convivencia comunitaria. Además, el aumento de la población flotante durante el verano intensifica estos problemas, dejando claro que la infraestructura actual no está preparada para un desarrollo equilibrado.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Cartagena tenía 22.738 habitantes en 2017. Sin embargo, estimaciones recientes (PLADECO 2022-2026) indican que en 2022 la población alcanzó los 26.238 habitantes, aumentando un 15,4% en solo cinco años.

Este crecimiento acelerado ha agravado algunos problemas estructurales, como la precariedad de los servicios básicos, proliferación de asentamientos informales y presión sobre el mercado inmobiliario local, provocando aumentos en el valor del suelo y la vivienda.

La insuficiencia en áreas clave como transporte, salud y educación dificulta la integración social y económica de los nuevos habitantes, poniendo en riesgo la sostenibilidad territorial. Además, la predominante informalidad laboral, ligada al turismo estacional y al comercio informal, profundiza la inestabilidad económica local, haciendo urgente diversificar las actividades productivas para garantizar empleos dignos y permanentes.

Paralelamente, el crecimiento poblacional ha intensificado problemas ambientales, especialmente relacionados con la presión sobre recursos hídricos y la contaminación costera, amenazando la sostenibilidad de los ecosistemas y la calidad de vida en el largo plazo.

Para enfrentar estos desafíos, es esencial fortalecer la gobernanza territorial mediante políticas públicas que respondan a las necesidades específicas del territorio, fomentando la participación ciudadana y descentralizando la toma de decisiones. Debemos avanzar hacia una planificación territorial que integre principios de equidad, sostenibilidad e inclusión social.

El litoral central enfrenta hoy un momento clave. Es urgente implementar políticas que promuevan un crecimiento equitativo y armónico, con protagonismo ciudadano en la gobernanza local.

No basta con replicar viejas estrategias, la nueva configuración migratoria exige un cambio de paradigma, mayor compromiso político y altura de miras. Es imprescindible reconocer la magnitud del fenómeno migratorio actual y asumir responsabilidades concretas.

La migración interna no debe ser vista como amenaza, sino como oportunidad para repensar el desarrollo urbano hacia un futuro más justo y sostenible. Esta oportunidad solo se aprovechará plenamente con una voluntad política real, orientada hacia una visión integral y comprometida con el bienestar de todas las comunidades.