Todos estamos en peligro cuando el Estado de Derecho se desmorona, salvo aquellos que sean favoritos y/o protegidos de quien gobierna. El Estado de derecho no se erosiona de la noche a la mañana, sino que se descompone progresivamente cuando las autoridades, en nombre de la seguridad o el orden, comienzan a saltarse los principios fundamentales de la justicia.

Uno de estos pilares es el debido proceso, el cual garantiza que ninguna persona sea castigada sin pruebas, sin juicio y sin defensa. Sin este principio nos adentramos en un terreno peligroso donde el poder del Estado se vuelve arbitrario, dejando a cualquiera vulnerable a la persecución.

El reciente episodio de deportaciones de presuntos venezolanos a El Salvador, ordenado por el presidente Donald Trump, es un claro ejemplo de este deterioro. Estas personas, por aparentemente por ser migrantes ilegales son acusadas sin juicio de ser terroristas, violadores y criminales y han sido enviadas directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel creada por Nayib Bukele para el encarcelamiento masivo de pandilleros y otros criminales.

Lo más terrible y preocupante es que en Chile, mientras enfrentamos una crisis de inseguridad, esa medida es mirada con simpatía por quienes prefieren creer el relato comunicacional que los pinta como una amenaza inminente.

Pero hay un problema fundamental: no sabemos quiénes son realmente, qué crímenes han cometido, ni siquiera si son venezolanos. No ha habido un proceso judicial, una identificación clara de culpabilidad, ni el ejercicio del derecho básico al hábeas corpus.

Esta estrategia no es nueva. A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han utilizado el miedo y la desinformación para validar medidas extremas llegando incluso a la tortura, la muerte o la desaparición forzada como fue el régimen nazi en Alemania, el comunista en la Unión Soviética y tantas dictaduras latinoamericanas en el pasado reciente.

Sin el debido proceso, las acusaciones se convierten en juicios sumarios mediáticos. Se manipula la opinión pública para que acepte como verdad absoluta lo que el poder declara sin pruebas. Los principios de justicia, que han tomado siglos en construirse, se desmoronan con la rapidez de una campaña mediática bien orquestada.

Cuando el Estado decide arbitrariamente quién es culpable y quién no, sin ofrecer garantías judiciales, abre la puerta a la persecución de inocentes por la razón que se le antoje al tirano y su banda.

El hábeas corpus existe precisamente para evitar estos atropellos. Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona privada de libertad tiene derecho a que un juez revise la legalidad de su detención. Su abolición de facto en casos como este muestra que nos estamos moviendo peligrosamente hacia un modelo donde el poder político tiene vía libre para encarcelar a quien desee, sin rendir cuentas.

No se trata de defender a criminales, sino de defender el debido proceso. Cuando las instituciones funcionan se puede encarcelar a delincuentes sin comprometer los valores democráticos. En cambio, un sistema donde la justicia se basa en relatos y no en evidencias sólo crea inseguridad, pues convierte la ley en una herramienta del poder.

Si no levantamos la voz ahora no podemos esperar que otros la levanten cuando nos toque a nosotros recibir el golpe de autoridad.