El reciente resurgimiento del debate sobre la pena de muerte en Chile genera perplejidad. Cabe recordar que nuestro país la abolió para crímenes comunes en 2001, mediante la Ley 19.734, y en 2008 ratificó el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecía su prohibición absoluta.

Por lo demás, la Corte Interamericana ha sido categórica: "Los Estados partes no pueden invocar figuras excepcionales para restablecer esta práctica" (OC-29/18, 2018), y jurídicamente la discusión carece de asidero, pero su resurgencia retórica revela tensiones profundas entre populismo punitivo y los derechos humanos.

Recientemente Evelyn Matthei, candidata presidencial de derecha, ha insistido en "dar el debate" sobre esta medida a sabiendas de su inviabilidad constitucional. Esta estrategia refleja lo que el exjuez de la Corte Suprema, Juan Guzmán Tapia, calificaba como "populismo legal", en definitiva, usar símbolos de mano dura para explotar el miedo social.

Los datos desmienten la urgencia: según el informe Global Study on Homicides (UNODC, 2023), Chile registra 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra tres veces menor al promedio latinoamericano (22.3) y comparable a naciones europeas, como Austria (6.5). La seguridad pública requiere soluciones estructurales, no eslóganes.

Mayor contradicción presenta José Antonio Kast, heredero político de Jaime Guzmán, arquitecto de la Constitución de 1980 que mantenía la pena de muerte para "casos excepcionales". Guzmán argumentaba desde la teología política: "El condenado redime su alma al pagar con la vida su culpa" (Revista Realidad, 1985).

Kast actualiza este dogma con retórica tecnocrática: propone cárceles de "régimen severo" donde los reos "prefieran la muerte", según declaró en CNN Chile (2021). Esta postura choca con la Doctrina Social de la Iglesia que él dice profesar: el Papa Francisco en Fratelli Tutti (2020) advierte que "la pena de muerte es moralmente inadmisible porque anula la inviolabilidad y dignidad de la persona".

Las evidencias contra esta práctica son abrumadoras. Un metaestudio de la Universidad de Colorado (2021) que analizó 25 años de datos en 78 países concluyó que el 93% de las naciones sin pena capital registraron reducciones sostenidas de homicidios. El factor disuasivo es un mito. Texas, el estado estadounidense con más ejecuciones (583 desde 1976), tiene una tasa de homicidios (7.6) superior a la de Chile.

Peor aún, el Proyecto Inocencia documenta 195 exoneraciones de condenados a muerte en EE.UU., incluyendo 14 casos con pruebas de ADN posteriores a la ejecución. Como señala el abogado Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Initiative: "Matar a un inocente en nombre de la justicia convierte al Estado en criminal".

Por lo demás el sesgo racial y económico persiste. En Carolina del Sur, según el Death Penalty Information Center (2022), acusados afrodescendientes tienen un 63% más de probabilidades de recibir sentencia capital que blancos por crímenes similares. En países como Arabia Saudí, el 82% de los ejecutados en 2022 pertenecían a minorías étnicas o migrantes pobres (Amnistía Internacional, 2023). Chile no necesita imitar estos modelos.

Voces globales refuerzan este consenso. La ex Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, afirma: "La pena de muerte es la máxima expresión de un Estado que renuncia a su humanidad". Desde América Latina, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, recuerda: "Ninguna sociedad cura sus heridas abriendo más violencia".

Chile dio un paso histórico al abolir esta práctica en democracia. Según la Defensoría Penal Pública, entre 1990 y 2001 los últimos condenados a muerte fueron todos recluidos en contextos de dictadura, evidenciando su uso político como herramienta de control.

Recuperar este debate no solo es regresivo, contradice tratados internacionales ratificados por Chile y desvía la atención de reformas urgentes. Como escribió la filósofa Hannah Arendt: "La legitimidad del poder se mide por su capacidad para proteger la vida, no para destruirla". Nuestra justicia debe aspirar a ser reparadora, no vengativa.