Todo gobierno tiene el deber de cumplir la palabra empeñada en campaña, pero si volvemos al Chile del 2021, el contexto era sumamente diferente. Hoy con dos plebiscitos constitucionales rechazados y un reordenamiento de las prioridades ciudadanas, vale la pena revisar los logros y limitaciones del ejecutivo en seguridad, economía, y educación, tres temas en que se ha dudado de las capacidades del Gobierno, pero que sin embargo muestran avances relevantes.

En materia de seguridad, según la Encuesta CEP Nº91, la ciudadanía menciona la delincuencia, los asaltos y los robos como los problemas que el Gobierno debería dedicar más esfuerzo en solucionar. A pesar de que en la opinión pública se suele repetir como un mantra que “no hay resultados”, las cifras muestran algo distinto. Fue este Gobierno el que creó los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que gracias a su gestión y coordinación con distintas instituciones, han logrado un aumento de casi 200% en los resultados obtenidos en la búsqueda de prófugos.

Asimismo, por primera vez desde el 2016 se logró quebrar la tendencia al alza de los homicidios, y durante el primer semestre de 2024, esta cayó en un 9,4% en comparación con el mismo período de 2023, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile.

Estas medidas han mostrado resultados positivos en la resolución de la crisis de seguridad, enmarcadas en la línea de la persecución del delito. No obstante, queda pendiente un importante compromiso de campaña y también un eje central del Plan Nacional de Seguridad Pública 2022-2026, que es la prevención del delito.

Si bien se trata de una cuestión de difícil abordaje, dado que se encuentra determinado por algo tan estructural en nuestro país como lo es la desigualdad social subyacente, el Estado debe ser capaz de construir una serie de medidas robustas y sostenibles en pos de garantizar el derecho a la seguridad humana. En este sentido, la creación del Ministerio de Seguridad, luego de 18 años de discusión parlamentaria, tiene el desafío de levantar políticas eficaces para la prevención del delito en Chile.

En materia económica, cuestión de suma importancia tanto para las familias como para las empresas, el Gobierno tiene avances que mostrar. El trabajo en esta materia se ha enmarcado en una economía de constante crecimiento, la preocupación por las pymes, el posicionamiento de Chile como un destino deseable para la inversión, y el fomento de la actividad económica en regiones.

Todo ello se traduce en índices que han mejorado con la actual administración: el IMACEC de diciembre de 2024 alcanzó un 6,6%, el mayor incremento anual en casi 3 años; el PIB del país, según las proyecciones, alcanzará un 2,5%, por sobre el 2,4% estimado por el Ministerio de Hacienda; las exportaciones de 2024 llegaron a cifras históricas superando los US$100.000 millones y la inversión extranjera alcanzó el récord de US$56.234 millones.

Si bien estas cifras nos muestran una economía que se recupera a paso firme desde la pandemia, sigue pendiente una mayor decisión en avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, enmarcado en el proceso de transición energética que se vive a nivel global.

A pesar de que Chile es de los mayores productores de cobre y litio en el mundo, el Estado no ha fortalecido suficientemente su capacidad de control y regulación sobre estos recursos estratégicos, garantizando que los beneficios de su explotación se distribuyan de manera justa y equitativa entre las generaciones futuras y las comunidades locales.

Hay que decirlo, tampoco se han logrado consolidar nuevas industrias asociadas a la transformación de estos minerales por medio de la manufactura en productos de valor agregado. Medidas que podrían implementarse para enfrentar dichos desafíos serían, por ejemplo, una Estrategia Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, o también la creación de un sistema robusto de trazabilidad de exportación de minerales. De esta manera, se podría fortalecer la capacidad regulatoria del Estado sobre los recursos estratégicos.

Por último, en materia de educación, el Gobierno ha ido sorteando, de forma paulatina, los desafíos propios de un sistema educativo que busca estabilizarse después de una pandemia y de las decisiones tomadas en ese entonces. Muestra de ello son los resultados del SIMCE, entregados por la Agencia de Calidad de la Educación, que en 4to básico alcanzó puntajes históricos tanto en matemáticas como en lenguaje.

Es destacable que la mejora es especialmente pronunciada en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los cuales alcanzaron resultados superiores a otros segmentos de sistema, tanto en 4to básico como en 2do medio. Estas cifras respaldan la política de desmunicipalización de los establecimientos públicos y también dan cuenta de una disminución de la brecha socioeconómica. No obstante, sigue pendiente mejorar el rendimiento educacional en 6to básico y disminuir la brecha de género, especialmente en la prueba de matemáticas.

Otro desafío pendiente en materia de educación es otorgar un ambiente propicio para los educandos en el ámbito de la convivencia escolar y su bienestar socioemocional. En Chile, muchos establecimientos educativos enfrentan desafíos como violencia escolar, bullying y falta de apoyo psicológico y emocional para estudiantes y docentes. Y aunque los SLEP están en proceso de implementación, como recién se implementarán en un 50% para 2026, se han generado brechas en la provisión de recursos y profesionales especializados en estas áreas.

Para contribuir a solucionar esta problemática sería importante actualizar la Política Nacional de Bienestar y Convivencia Escolar, con miras a fortalecer los equipos de convivencia escolar, el desarrollo socioemocional de estudiantes y docentes, y el apoyo psicopedagógico, por medio de un financiamiento sostenible, la articulación efectiva entre los SLEP y los establecimientos educacionales y un monitoreo continuo para ajustar las estrategias según los resultados que se vayan obteniendo. Todo ello con el objetivo de contribuir a la construcción de un sistema educativo que no solo forme en conocimientos, sino que también prepare a los estudiantes para la vida en sociedad.

Lo recién expuesto constituye una pincelada de algunas de las áreas que entregan un balance de la actual administración que da cuenta de una gestión progresista que ha buscado mejorar la cotidianidad de la ciudadanía, respaldado en cifras contundentes; pero que todavía tiene desafíos pendientes para el último año de su mandato.

Pero para poder hacer ese balance, es fundamental realizar un ejercicio de honestidad política, poniendo por delante el diálogo y el bienestar de Chile por sobre los puntos políticos, tanto para reconocer los importantes resultados de la gestión del gobierno de Boric, como también las deudas pendientes a las que el mundo progresista deberá dar respuesta ante la ciudadanía.