El Presidente Boric aceptó formalmente las renuncias de la ministra Maya Fernández y de Miguel Crispi, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia a través de un comunicado de prensa. En el escrito, el mandatario agradeció "el compromiso y trabajo desempeñado" por ambas autoridades durante su gestión en el gobierno.

Para sustituir a Fernández en el Ministerio de Defensa, el jefe de Estado designó a Adriana Delpiano Puelma, asistente social de la Universidad Católica con vasta experiencia en el sector público. Delpiano ha ocupado previamente diversos cargos gubernamentales, incluidos los de ministra de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana y ministra de Bienes Nacionales.

Asimismo, en reemplazo de Crispi como Jefe de Asesores de la Presidencia, fue nombrado Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y máster en Gestión Pública de The London School of Economics. Hasta marzo de 2025, Melo se desempeñaba como director del Servicio Civil.

"Se informa que el Presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como Jefe de Asesores de la Presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso", dice el comunicado.

Estas salidas ocurren en un momento político complejo para La Moneda, marcado por la investigación del Caso Monsalve, que involucra una denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, y las controversias relacionadas con la administración de la Casa de Allende, patrimonio histórico vinculado a la familia de la ahora exministra de Defensa.

El gobierno completó su reorganización con cambios adicionales en el gabinete. Macarena Lobos Palacios asumirá como ministra de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que quedó vacante tras el traslado de Álvaro Elizalde al Ministerio del Interior, quien a su vez reemplazó a Carolina Tohá cuando esta dejó el gobierno para iniciar su campaña presidencial.

Por su parte, Nicolás Facuse Vásquez fue designado subsecretario de la misma cartera. Cabe destacar que tanto Lobos como Facuse ya eran parte del equipo gubernamental, desempeñando distintas funciones hasta marzo de 2025.

Fernández y el caso Allende

La salida de Fernández se da ad portas de que parlamentarios de derecha presentarán una acusación constitucional en su contra en el marco de la fallida compra de la casa del exmandatario.

En particular, la acción fue anunciada este lunes e impulsada por la UDI.

Recordemos que tras el anuncio del gobierno de comprar la casa del expresidente Salvador Allende, las críticas estallaron en contra de Fernández y la senadora Isabel Allende porque la Carta Magna prohibe que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado.

La compra resulta inconstitucional primero porque el artículo 37 bis de la Carta Magna establece lo siguiente:

"Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades".

La decisión de la ahora exministra de renunciar se sostiene en que el caso en el que está vinculada podría afectar a las Fuerzas Armadas.

Crispi y el Caso Monsalve

El ahora exjefe de asesores de La Moneda se enteró el mismo martes 15 de octubre de la denuncia a Monsalve siendo uno de los primeros en conocer de la situación incluso antes que la ministra vocera, Camila Vallejo, o la titular de la cartera de la Mujer, Antonia Orellana.

De hecho, participó en el diseño de la estrategia que desplegó La Moneda para enfrentar la crisis. 

Este lunes, el diputado Miguel Mellado (RN), presidente de la comisión que investiga este caso, lanzó sus dardos en contra de Crispi debido a la actitud que tuvo durante la sesión desarrollada durante la jornada.

En concreto, fue acusado de no responder preguntas importantes, además de no acatar la orden de la Controlaría General de la República (CGR).

"Crispi no quiso entregar la información que le requerimos, a pesar de que la misma Contraloría había indicado que debía hacerlo. Insistentemente, le preguntamos lo mismo y se escudó en su contrato. Pero aquí el punto es claro: él es el niño símbolo del silencio del Gobierno en el caso Monsalve”, dijo el parlamentario y presidente de la comisión.

En ese contexto, el diputado Mellado anunció que pedirían sancionar al exjefe de asesores de La Moneda "porque no avanzamos nada".

Su actitud dio paso a que el parlamentario sostuviera que "hay un claro intento del Gobierno de silenciar este caso, con instrucciones directas para no responder”.

Frente a lo sucedido en la sesión, Miguel Crispi explicó que "dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones del espacio deliberativo de la Presidencia de la República”.

Su actitud silenciosa se ha repetido en otras instancias de la comisión.