El oficialismo alzó la voz en defensa de la diputada Karol Cariola (PC) luego que su domicilio fuera allanado por la Fiscalía mientras ella permanecía hospitalizada tras el nacimiento de su primer hijo. La diligencia, realizada en el marco de la investigación del caso Sierra Bella por presunto tráfico de influencias, provocó indignación en el gobierno y entre parlamentarios de la coalición gobernante.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue categórica al cuestionar el momento elegido para realizar el procedimiento. "Cuesta mucho entender esto. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía de los poderes, pero la oportunidad, en este caso, yo no encuentro una explicación para hacer un procedimiento de este tipo el mismo día que una persona da a luz", afirmó la secretaria de Estado.

En la misma línea, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, criticaron la falta de "humanidad" en la decisión de la Fiscalía, destacando la vulnerabilidad física y emocional que implica un parto reciente.

Diputados oficialistas emplazan al Fiscal Nacional

Mientras tanto, diputados oficialistas fueron más allá y emplazaron directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia, acusando un "doble estándar" en las investigaciones. El diputado Jaime Naranjo (PS) contrastó el caso con el de Andrés Chadwick en la investigación del caso Hermosilla, señalando que al exministro "ni siquiera lo han llamado por teléfono", mientras que a Cariola "se le allana su casa y se le requisan su computador y su celular".

La diputada Carmen Hertz (PC) fue aún más enfática al sugerir que existe una persecución política, afirmando que "parece que en nuestro país que una militante comunista se relacione con otra militante de ciertos ámbitos es un delito", mientras que otros encuentros entre autoridades pasan desapercibidos para la justicia.