Mientras en las calles los chilenos todavía se preguntan quién es el responsable del apagón masivo que el martes dejó a oscuras y sin conectividad durante más de ocho horas a casi todo Chile, resurge con fuerza el debate sobre la necesidad de repensar un sistema eléctrico que se mostró frágil y expuesto.

La red eléctrica chilena está regulada por el Estado, pero operada principalmente por empresas privadas en la generación, transmisión y distribución de la energía.

“En la transmisión operan al menos cinco grandes empresas, que involucran capitales chilenos, colombianos y españoles. En la generación y distribución también hay la presencia de capitales italianos y chinos”, señaló a EFE el investigador de la Fundación Sol Recaredo Gálvez.

Desde 2017, el sector eléctrico quedó organizado en tres sistemas de interconexión, el más importante de los cuales es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que suministra al 98% de la población y, precisamente, falló el martes. Los otros dos son el sistema de Aysén (SEA) y el Sistema de Magallanes (SEM), que funcionan de manera independiente en las regiones del extremo sur del país por razones geográficas.

Un organismo técnico e independiente, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), se encarga de “coordinar” la operación eléctrica, “pero no es el propietario, sino que distintas empresas son propietarias de distintos componentes”, explica a EFE el profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica Samuel Córdova.

El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó el miércoles que el cortocircuito tuvo que ver con “una falla en los sistemas de protección” de una línea de la empresa colombiana ISA Interchile, que provocó un efecto dominó y golpeó a todo el SEN. En la extensión del apagón, por otra parte, hubo “responsabilidades” de otras empresas e instituciones “relacionadas con la coordinación” del sistema eléctrico.

Varios apagones similares

Varios apagones similares al de esta semana han ocurrido en Chile en las últimas décadas: en febrero y marzo de 2010, como efecto de un devastador terremoto, y en septiembre de 2011. Hace apenas seis meses, en pleno invierno austral, otro apagón dejó sin electricidad a miles de personas de Santiago durante semanas, lo que llevó al Estado chileno a imponer una multa histórica a la distribuidora Enel, de origen italiano.

“La principal vulnerabilidad del sistema radica en la insuficiente infraestructura de transmisión” tanto para la electricidad como para las renovables, dice a EFE el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, Andrés Díaz. Según él, eso provoca “vertimientos energéticos significativos”, que en 2024 alcanzaron “niveles récord”.

Para la investigadora de la Universidad de Concepción Pamela Poo, la mayor debilidad de la matriz chilena es su “concentración y centralismo”.

“Si tuviésemos una generación distribuida, energía ciudadana o energía comunitaria, el modelo tendría más robustez porque no se le cortaría la energía a todo el mundo”, señala a EFE.

En Chile, la generación, la transmisión y la distribución de electricidad está prácticamente privatizada desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó al Estado una función reguladora, fiscalizadora y subsidiaria.

En 2014, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) la generación y transmisión eléctrica “se abrieron para desconcentrar el mercado” –recuerda Poo–, pero “quedó pendiente la distribución”, que no logró incorporarse en el debate y, según ella, habría hecho menos “vulnerable el sistema” ante posibles apagones.

“La privatización coloca al centro la acumulación de ganancias e implica una búsqueda constante de reducción de costos”, señala Gálvez. Según la Fundación Sol, ISA Interchile incrementó sus beneficios en un 529 % en septiembre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior.

Córdova, en cambio, considera que la privatización “logró disminuir significativamente” los costos de la energía para los usuarios finales.

Más allá de regular

Analistas y expertos coinciden en la necesidad de lograr una mayor regulación, aunque apuntan la necesidad de ir más allá. Poo considera que “falta fiscalización” de normas ya establecidas e insiste en implementar “la generación distribuida” para “independizar” a la población del sistema interconectado.

“El enfoque prioritario debe ser fortalecer la capacidad de control y respuesta del sistema para garantizar su estabilidad y eficiencia a largo plazo”, añade Díaz.

Desde la Fundación Sol, llaman a abrir el debate sobre la “reestructuración del sistema” para “evaluar alternativas” que incluyan la participación de los trabajadores en “cooperativas u otras formas de organización comunitaria”.

Córdova opina que “se ha reducido la transición energética a las dimensiones política y económica y se subestimó la seguridad y la parte técnica”. Para él, el desafío es avanzar hacia una transición energética sustentable, pero garantizando “la seguridad de suministro”. Y concluye: “No sirve de nada tener un sistema 100% renovable si se cae cada hora”. EFE