Días complejos atraviesan en uno de los poderes del Estado. Así lo evidencia en diálogo con El Desconcierto, Patricio Aguilar Paulsen, presidente nacional de la Asociación Nacional de los Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), quien plantea que el presupuesto es uno de los problemas relevantes en el servicio, donde asegura se necesitan 100 millones de dólares.

Cifra a la que se llegó, comenta, producto de “un estudio que preparó el Poder Judicial y se lo entregó al Ministerio de Justicia en el año 2022. Hace más de dos años este documento fue entregado al Ministerio de Justicia”, lo que no se ha traducido en una inyección económica, sino todo lo contrario.

Apuntando a esta carencia, alude a dos grandes demandas. Una de ellas, vinculada "necesidades de infraestructura, de sistemas computacionales, de procesos y modelos económicos para desarrollar nuestro trabajo”, explica.

Se puede traer más gente, “pero tiene que tener un lugar dónde sentarla, tener más salas de audiencias, más computadoras”, dice.

Y la otra, complementa, “tiene que ver con las cargas de trabajo que se le entregan tanto a jueces, funcionarios y profesionales de juzgados”.

Se requiere alza presupuestaria de 15%

En relación a las cargas de trabajo, agrega, “para poder hacer frente a la mayor demanda de justicia de la ciudadanía, se resumió en que se necesitaba, para las cortes de apelaciones que ya existen en el Poder Judicial, “a lo menos 33 ministros, 22 relatores y 22 funcionarios”

Lo que se suma a demandas de los tribunales de primera instancia, que no son pocas.

Monetariamente, en términos de presupuesto de la nación, esto implica “a lo menos 100 millones de dólares o 100.000 millones de pesos para adecuar la dotación de la institución, para poder tener ese suplemento de jueces y funcionarios para poder hacer frente a la mayor sobrecarga de trabajo que tenemos”, detalla.

Esos 100 millones de dólares adicionales, implican “un incremento base de sobre 15% del actual presupuesto que tiene el Poder Judicial”, comenta Aguilar.

El presupuesto vigente que le da la nación al Poder Judicial, desglosa, es de “alrededor de 650 millones de dólares, le están faltando 100 millones de dólares para llegar a 750”.

Permitiría incrementar dotación de ministros

Un dinero que, dice, se requiere para reclutar gente y “pagar anualmente ese aumento en la dotación, nos falta más gente, más brazos”.

¿Qué significa no contar con el dinero requerido?, le consultamos a Aguilar, quien dice que “en Santiago, tenemos dos tribunales laborales. Y con una sobrecarga de trabajo impresionante que hace necesario abrir, como mínimo, un tribunal más”.

Lo que además permitiría “adecuar la planta de jueces y funcionarios, porque en los tribunales nos faltan jueces y funcionarios”.

Paralelamente, la inyección de estos recursos permitiría “tener las salas de las cortes de apelaciones con la dotación de ministros” que se requiere, “porque cuando los ministros toman vacaciones, ¿qué pasa con las salas que tienen mínimo componente de cinco jueces? Al faltar jueces, quedan cojos”.

De hecho, recalca, “a veces no se pueden componer todas”, dice insistiendo en que con el dinero que se necesita, también se podría crear, por ejemplo, un “juzgado especializado”.

Juzgados de familia, colapsados

“Un juzgado de cumplimiento para el lado penal”, detalla. Y se podrían “fortalecer los tribunales de familia”, donde “están colapsados con la cantidad de trabajo que tienen, la agenda se alarga, crece más hacia el futuro, eso impide tener una justicia más rápida y oportuna”.

Estas necesidades, releva, corresponden a la proyección entregada el 2022, con las necesidades de Poder Judicial al 2030, “pero la necesidad la tenemos hoy”.

De hecho, en seis años más, sincera, las demandas “podrían ser incluso mayores, porque la tendencia demuestra que aumenta la población, por la vía de la migración, aumenta el delito porque efectivamente ya estamos frente al crimen organizado, aumentan las necesidades porque la gente judicializa sus causas”.

“Estamos hablando de una proyección, pero estas proyecciones generalmente quedan cortas al momento de llegar a la realidad, y no podemos seguir esperando de aquí hasta el 2030, si es que se va a dar de este fortalecimiento del que se está hablando”, asegura.

“Quedamos peor que antes”

A esos 650 millones ya le descontaron 17 millones de dólares, detalla. “Estamos hablando que necesitamos 750 millones. Pero nos dan 650, y de los 650 ya nos descontaron 17. O sea, quedamos peor que antes”, cuestiona Aguilar.

“Ya con lo que nos daban, quedábamos muy apretados con la sobrecarga laboral que tenemos, con el desgaste de los funcionarios en lo laboral, porque no es tan simple reemplazar a la gente, ¿cómo se reemplaza a un juez? Necesitamos adecuar la dotación de la institución y eso significa plata. Y este gobierno no solo no nos da la plata, sino que la rebaja”, recalca.

¿Cómo es el servicio que se le puede ofrecer en términos de justicia a la demanda que tiene el país actualmente, entendiendo además la compleja realidad presupuestaria?

Según explica nuestro entrevistado, “hoy el servicio se sigue prestando en los estándares y plazos legales que tenemos, pero a costa del alargamiento de nuestras jornadas laborales más allá de lo legal, de mayor cantidad de licencias médicas por estrés y sobrecarga de trabajo”.

“Por eso estamos levantando la voz, no porque estemos diciéndole a la ciudadanía: ‘no vamos a cumplir con nuestro deber’”.

Nos exigen más de lo que el modelo soporta

Una realidad que se planteó, asegura, al Ministerio de Justicia y Hacienda en el 2022. “Y entrando ahora en 2025, nos encontramos con una realidad peor todavía”, comenta.

“Nos están exigiendo más allá de lo que hoy día el modelo, el sistema y la dotación razonablemente puede cumplir por la carga de trabajo”, plantea.

Un escenario en el que, advierte, se está generando una “alta incidencia de licencias médicas”.

“Están afectándose también los plazos de agendamiento de nuestras audiencias”, detalla.

Y eventualmente, a partir de marzo, después de las vacaciones, la situación podría empeorar. “Vamos a ver un aumento sostenido de la carga de trabajo, estamos ralentizando el sistema producto de la falta” de presupuesto para abordar esta demanda.

Hemos tenido que levantar la voz

“Este es el tercer poder del Estado, que normalmente no mete mucho ruido”, pero hemos tenido que ser los gremios” lo que levantan la voz por lo que está pasando, destaca.

Según explica Aguilar, el servicio que representa tiene un impacto económico “muy bajo” respecto del porcentaje total del presupuesto de la nación.

“No más del 1,2%, 1,3% del total”, el Poder Judicial representa eso, sincera.

Ni es insignificante, reconoce, pero recalca que “hay muchas otras cosas en las cuales se está dando mucho presupuesto, y se está olvidando al Poder Judicial, incluso nos recortan”.

“Es dramático”, dice al tiempo que releva el impacto que las escuálidas arcas del servicio, tendrán como consecuencia de la realidad en que esta se traduce. “A mediados de año nos vamos a quedar (sin) financiamiento para poder reemplazar a personas que salen por licencia médica, feriado legal, ausentismo en general, y no vamos a poder reemplazarlos”.

Apremiante proyección

Una auténtica bomba de tiempo, es lo que visualiza Aguilar. Porque al manejar una caja reducida de presupuesto, cuando hay licencias, “las personas que se quedan, tienen que recibir no solo la carga propia, sino que la del que no está”.

Frente a este panorama, la proyección es apremiante. “Estimo que a partir de marzo, ya se vuelve crítico esto”, asegura.

“Y la razón es esta limitación financiera que nos impone la institucionalidad de gobierno y político, ¿para qué?, ¿para que colapsemos?”, cuestiona.

Nosotros tenemos que levantar la voz para decir que no tenemos que llegar a medidas de presión y de fuerza, para que se entienda lo que estamos diciendo.

¿Y la crisis de seguridad no se ha traducido en inyección de recursos? “No al Poder Judicial”, recrimina. “Sí, se ha incrementado probablemente para el Ministerio Público, a lo menos le mantuvieron el presupuesto, no se lo rebajaron porque alegaron”, comenta.

Si perjudican al Poder Judicial, afectan a la gente

Apuntando al poder central, nuestro entrevistado asegura que los problemas evidenciados y la demanda del Poder Judicial como consecuencia de esta crisis, se terminan 'resolviendo' “de cara a la ciudadanía, como que están atrayendo más gente, atrapando más delincuentes… crimen organizado, o en los Tribunales de Familia dicen ‘ahora vamos a perseguir a los padres que no pagan sus pensiones, pero la recarga se la pasan al Poder Judicial. No es una solución integral”.

Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Perjudicar al Poder Judicial?, cuestiona recalcando que el efecto está en la comunidad.

“Perjudican finalmente a la ciudadanía, que es la que está esperando resolución para sus problemas de una manera rápida, oportuna y eficaz”, dice.

¿Cuál es el feedback que existe desde el Ministerio de Justicia? “Que no hay plata”, asegura. Tanto la actual administración de esta secretaría de Estado y las anteriores, todas “dicen, ‘estamos de acuerdo, los escuchamos, tienen razón, tenemos que verlo ahora con Hacienda, tenemos que ver cuál es la voluntad política del gobierno, y no pasa nada”.

Reemplazos debieran terminar

Retomando el tema de las licencias médicas, alude a la existencia de una dotación de personal fija, no incrementable. “Y los jueces, se enferman, presentan licencias médicas, tienen derecho como todo trabajador a tomar su superado legal ¿Cómo lo reemplazan? Queda un juez menos en la dotación”, revela.

“Lo que tenemos que pedir es cómo podemos mantener el servicio, tratando de reemplazar temporalmente a aquel que no está. Pero eso no es suficiente, no es sólo el reemplazo transitorio”, es una situación de complejidad permanente en el servicio, sostiene.

Porque , agrega, “no vamos a decir que las licencias médicas no son reales, las personas enferman”. Y “decir que han aumentado las licencias en el sistema público o en el Poder Judicial, es entender la realidad parcialmente, la pregunta es por qué aumentan. Porque las personas se desgastan, se enferman, porque las personas están colapsadas, están colapsando”, complementa.

Finalmente, Aguilar asegura que con recorte anunciado, “ya no vamos a tener más posibilidad de reemplazo, antes del mediados de año, ya no vamos a poder reemplazar a nadie que se ausente”.