Hoy nos enfrentamos a grandes desafíos en un contexto donde la corrupción y el mal uso de fondos públicos, como en el caso Fundaciones y sus aristas, o por las denuncias sobre la gestión y el uso indebido de recursos en municipalidades y otras entidades del Estado, han erosionado aún más la confianza ciudadana, particularmente en las instituciones que ejercen fiscalización, justicia y gobernanza en general.

La ciudadanía mayoritariamente siente que las sanciones actuales no son lo suficientemente ejemplarizadoras para inhibir estas conductas reiteradas. Según el estudio de la OCDE Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile, solo el 24% de los chilenos confía en sus instituciones públicas, frente al promedio de 45% en los países miembros, lo que refleja una profunda crisis de credibilidad.

Otros estudios recientes también dan cuenta del deterioro en la confianza en el aparato público. En el seminario La corrupción en Chile 2023: Un estudio sobre el estado de la situación nacional, el presidente del Consejo para la Trasparencia señaló que cerca del 80% de los ciudadanos consideraba que existe corrupción entre los funcionarios públicos. Mientras que, a nivel internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 muestra que Chile ha caído 8 puestos desde 2014.

Estos resultados evidencian una creciente desconfianza hacia las instituciones del estado y se hace indispensable dar respuestas más robustas, firmes y efectivas desde la institucionalidad, que incluyan medidas sancionatorias más contundentes, tanto económicas como privativas de libertad, que no solo castiguen, sino también sirvan como herramientas disuasivas para prevenir y aminorar estas conductas.

Una de las instituciones que puede contribuir a dar una señal disuasiva es la Contraloría General de la República (CGR). Aunque dispone de facultades de control preventivo para detectar irregularidades, estás son específicas y limitadas. Además, carece de autoridad para aplicar sanciones directamente, lo que aumenta la percepción ciudadana de impunidad, y desincentiva las denuncias, enviando un mensaje equivocado de que los actos de corrupción pueden prosperar sin consecuencias inmediatas ni relevantes.

De aquí que es importante abrir una discusión sobre la conveniencia de fortalecer el rol de la Contraloría, confiriéndole atribuciones sancionatorias que permitan disuadir y minimizar futuras conductas de corrupción, ya sea por actos administrativos como por manejos de recursos públicos.

Un ejemplo para considerar es el Servicio de Impuestos Internos (SII) que cuenta con atribuciones sancionatorias directas, permitiéndole aplicar multas sin depender de terceros. Esto ha demostrado ser una herramienta eficaz para desalentar conductas irregulares, incentivando el apego a la legalidad tributaria, ayudando a construir una cultura del cumplimiento.

Dotar a la Contraloría de estas herramientas no solo fortalecería la probidad y eficiencia en la gestión pública, sino que enviaría una señal clara a la ciudadanía: la corrupción no quedará impune y el uso de los recursos públicos será protegido con firmeza. La implementación efectiva de estas reformas podría contribuir a restaurar gradualmente la confianza ciudadana.

Es fundamental también fomentar espacios para un diálogo inclusivo con actores sociales, académicos y del mundo privado, donde se discutan propuestas concretas para combatir la corrupción que permita también ir fomentando una cultura cívica basada en la transparencia.

En conclusión, enfrentar la corrupción en Chile es un imperativo moral y social. La ciudadanía demanda acciones concretas y efectivas para erradicar este flagelo que socava nuestras instituciones y que afecta nuestra democracia.

Si logramos establecer medidas eficaces dando señales fuertes en busca de la transparencia y responsabilidad, avanzaremos hacia un futuro donde cada ciudadano confíe en sus gobiernos e instituciones. Solo así podremos construir un Chile donde la integridad sea un valor fundamental.