Más de $800 millones deberá pagar la empresa Minera Imperial SpA por sostener una gran operación ilegal de extracción de áridos en la comuna de Maipú. Se trata de un caso que despertó alerta en la opinión pública por el riesgo que presenta para la salud de estudiantes de un liceo.

Dos informes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), de finales de 2022 e inicios de 2023 confirmaron la presencia de altos niveles de cuarzo en el patio del Liceo Reino de Dinamarca, la Villa El Maitén y la Población Joaquín Olivares, arriesgando a las personas de la zona a contraer una enfermedad llamada silicosis.

El polvo puesto en suspensión por la operación minera ilegal, al contener más de 1% de sílice cristalizada (cuarzo), podría generar esta enfermedad que provoca fibrosis pulmonar y que es incurable, progresiva e incapacitante.

En el caso de las muestras tomadas en el patio del Liceo Reina de Dinamarca, vecino de la Minera Imperial, la concentración de cuarzo fue de 3,7% en noviembre de 2022 y de 6,2% en marzo de 2023. Esto según develan los informes difundidos por una investigación del medio Ciper.

En enero de 2025, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por daño ambiental contra la minera, a la que acusa de contaminar el entorno de forma irreparable y generar emisiones contaminantes en el aire poniendo en riesgo a la comunidad.

Operación ilegal

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) declaró a la empresa como culpable de ejecutar un proyecto de extracción de áridos con más de 100 mil metros cúbicos de material removido en un pozo lastrero en la zona de La Rinconada en Maipú, abarcando una superficie mayor a 5 hectáreas, sin contar con el permiso ambiental correspondiente.  

La infracción es considerada como “gravísima” y se originó a raíz de dos denuncias por parte de la Municipalidad de Maipú, que acusaban afectación a la vegetación, el suelo y la fauna, así como afloramiento de aguas subterráneas y emisiones contaminantes a la atmósfera.

Mientras que el monto de la multa a pagar es de 1.033 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de $834 millones, la demanda del Consejo de Defensa del Estado busca que la empresa ejecute un programa compensatorio de $1.300 millones.

También se acusa que la zona afectada está categorizada como de “alto valor natural o de interés silvoagropecuario”, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La demanda del CDE, admitida a trámite en el Segundo Tribunal Ambiental, destaca que se afectaron 83 hectáreas “altamente productivas en términos agrícolas”.