Aunque muchas veces se habla que algunos problemas económicos no son de suma cero, algunos cambios, como el del sistema de pensiones, deja en evidencia ganadores y perdedores.

Como una mera disputa de un pozo, las AFP y sus controladores estadounidenses han puesto en alarma su posible pérdida de fondos y su riesgo de perder utilidades a costa de las pensiones. Mientras que por otro lado, celebran los pensionados que verán, finalmente, un aumento en sus pensiones. Aún así, quedan algunos elementos pendientes en lo que respecta a mejoras en la competencia de la industria de administradoras.

De esta manera, las reacciones de ciertos sectores nos ayudan a entender quiénes ganan y quiénes pierden con estos cambios. La CPC, por ejemplo, ha manifestado su preocupación por los costos laborales y ha cuestionado el rol del Estado en el sistema previsional, señalando que "la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera financiarse con impuestos generales o con endeudamiento estatal transparente en los mercados financieros".

Sin embargo, el argumento empresarial ignora un aspecto central: la estructura de bajos salarios en Chile es una de las principales causas de las pensiones insuficientes, reflejo de una desigualdad persistente entre capital y trabajo donde el 1% más rico concentra el 50% del total de la riqueza.

En cuanto a las iniciativas de mejoras en la competencia del sector, parte de la reforma (a ser introducido en el parlamento en marzo) propone la creación de un actor estatal en el mercado de administradoras de fondos, lo que se complementa con otras políticas de esta índole como la licitación de afiliados y un límite a la participación de mercado en un 25%.

Todo esto, como es de esperarse, fue criticado por la asociación de AFP con frases como “competencia desleal y trato injusto respecto de los actuales participantes”, que no se considera “la voluntad expresa de los afiliados” y que “son todas medidas que debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro”.

Analizando las apreciaciones, resulta importante considerar el nivel de concentración actual en la industria, en donde sólo existen 7 administradoras, clasificando el mercado como uno concentrado según el informe de Zingales (2023).

En ese mismo informe se constata que, al ser un mecanismo de licitación el que permite la captación de nuevos afiliados por dos años, las AFP que primero entraron al mercado no tienen incentivos a competir por mejores comisiones, prefiriendo quedarse con su cartera histórica, lo que podría interpretarse también como un sistema que no considera la “voluntad expresa de los afiliados” al asignarlos a la fuerza a su primera AFP.

Obviamente, los trabajadores pueden cambiarse posteriormente, al igual que en el proceso de licitación propuesto por la reforma, eligiendo también si afiliarse al actor estatal. Así, estas infundadas afirmaciones dejan entrever que, para las AFP, el status quo es uno que les acomoda.

Por otro lado, la asociación considera que todas estas medidas, incluyendo los porcentajes que van a la iniciativa solidaria y al préstamo, debilitarán las pensiones, lo que está en línea con el alarmismo típico de este tipo de organizaciones.

Lo cual resulta particularmente interesante considerando que, a día de hoy, la mediana de la tasa de reemplazo alcanza un 19%, y sólo logra un 72% al considerar la PGU, y que prácticamente dos tercios del crecimiento de los fondos de pensiones se deben a los aportes netos de los afiliados y del fisco, mas no de la rentabilidad y gestión de las administradoras.

Al parecer un 4,5% de la cotización extra en sus manos no es suficiente, aun cuando esto implica un flujo de 4 mil millones de dólares por año. Esto queda claro al leer la frase: “la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera hacerse con impuestos generales, o bien con un endeudamiento estatal transparente y en los mercados financieros”, lo cual es parte de la deshonestidad propia de un sistema que no quiere reconocer que está fuertemente subsidiado por el Estado.

Así, si bien se menciona la capitalización individual como mecanismo predilecto de ahorro previsional, en la práctica existe un sistema de pseudo-reparto, basado en la participación preponderante del estado en las pensiones por medio de aportes fiscales que provienen de impuestos.

El estado ya ejercía un gasto tan elevado como otros que cuentan con sistemas de reparto, salvo que ahora lo hace para salvar pensiones muy bajas. De esta manera, la participación del estado y de organizaciones solidarias a problemas económicos es fundamental para resolver problemas que, en lo que ha sido uno de varios ejemplos, el mercado no ha podido.

A pesar de esto, aún quedan aspectos por considerar. José Piñera celebraba -en parte con razón- que aún tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual. Esto significa en la práctica que si bien la mayor parte de la cotización va al componente de capitalización individual, el componente autofinanciado de las pensiones corresponde a menos de la mitad del total de las pensiones menores a 500.000.

Por esta misma razón, es necesario seguir develando la necesidad de componentes solidarios y de componentes que no operen a favor de los grandes capitales. La participación de un inversor estatal, por otro lado, puede ser una posibilidad para reducir el control de los fondos de inversión que hoy, en el marco de las cotizaciones, alcanzan un 64% del total del PIB.