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Deuda Histórica: Una reparación incompleta y un gremio complaciente
Agencia Uno

Deuda Histórica: Una reparación incompleta y un gremio complaciente

Por: Katherine Rozas y René González | 02.02.2025
La reparación integral sigue siendo una meta pendiente, y la lucha por su cumplimiento no puede cesar hasta que la justicia sea completa.

La deuda histórica del profesorado chileno no es solo un asunto gremial, sino un  emblema de la lucha por la justicia social. Desde el fin de la dictadura, esta demanda  ha sido la piedra angular del relato del Colegio de Profesoras y Profesores, simbolizando la resistencia de un gremio golpeado por la precarización impuesta durante el régimen de Pinochet.

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En este contexto, la actual tramitación del proyecto de ley para su reparación debió haber sido una instancia de reivindicación del rol de  la educación pública y no el despliegue de mecanismos para legitimar una solución insuficiente, lo que evidencia la persistencia de compromisos político partidistas en  el magisterio. 

Así, el proceso ha estado marcado por una conducción gremial que, lejos de  representar de manera fiel los intereses de sus colegiados, ha asumido un rol de mera validación de la propuesta gubernamental. La ausencia de una negociación real, el respaldo casi incondicional de la mayoría del directorio nacional del Colegio de Profesores, a través de su presidente nacional y la falta de una contra-propuesta emanada de una discusión abierta y democrática de las bases han dejado un sabor  amargo en miles de docentes afectados.

"Esperábamos una negociación que realmente no existió” se ha escuchado en múltiples instancias. "Nos decepciona la  forma en que el directorio simplemente buscó ratificar una propuesta del gobierno, ignorando la defensa de sus asociados", han afirmado profesores que esperaban un  proceso participativo, transparente y con una verdadera voluntad de alcanzar una  solución justa. 

El proceso de consulta llevado a cabo por el Colegio tampoco estuvo a la altura. La  convocatoria no logró incluir a la mayoría de los afectados, considerando que el 80% de ellos no está colegiado y que la información sobre la votación no fue de carácter universal.

Menos de la mitad de los docentes afectados pudo votar, lo que de por sí cuestiona la legitimidad del resultado. La incapacidad del gremio para ampliar sus  canales de comunicación y garantizar la participación de todas y todos los docentes  es un reflejo de una dirigencia desconectada de su propia base. 

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Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en 2021 que los afectados por la deuda histórica fueron víctimas de una  vulneración de derechos humanos, ordenando al Estado chileno la obligación de reparar. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Este proyecto de ley representa realmente una reparación?

Desde el derecho internacional, la respuesta es negativa. La reparación no puede ser  simbólica ni fragmentaria. Documentos clave como el informe Diane Orentlicher y  la Resolución 60/147 de la ONU establecen que toda reparación debe ser integral, lo  que implica restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No basta con una suma arbitraria si esta no se ajusta al daño real causado. 

Según el estudio de Mauricio Holz para la Biblioteca del Congreso Nacional, el monto de una indemnización justa debiera ascender a 104 millones de pesos por docente afectado. Sin embargo, el proyecto de ley propone una cifra de apenas 4,5 millones. ¿Podemos considerar esto como una "reparación plena y efectiva"? Claramente, no. ¿Es una solución proporcional a la gravedad del daño sufrido? Tampoco. Este proyecto de ley, aunque representa un avance en términos de reconocimiento, se queda muy por debajo de los estándares mínimos de justicia. 

Como miembros del directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y  Profesores valoramos el esfuerzo del gobierno de Gabriel Boric, el primero en abordar la deuda histórica con una iniciativa concreta. Sin embargo, también creemos que este proyecto no puede ni debe considerarse un punto final en esta lucha.

Aún está en curso una demanda internacional presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declarada admisible en 2020 y aún en trámite. En este sentido, resulta inaceptable la cláusula de incompatibilidad que busca impedir que quienes reciban esta indemnización parcial puedan seguir exigiendo justicia ante tribunales internacionales. 

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El magisterio no puede permitirse ser un mero espectador de su propia historia. La  dirigencia gremial tiene el deber ético de representar a sus bases con firmeza, sin  obsecuencia ni temores, especialmente cuando se trata de una deuda que ha marcado la vida de miles de docentes. La reparación integral sigue siendo una meta pendiente, y la lucha por su cumplimiento no puede cesar hasta que la justicia sea completa.