Un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir concebir bebés a través del "vientre de alquiler" con el objetivo de evitar la mercantilización de las mujeres y menores.

En concreto, la propuesta busca modificar el Código Civil para sancionar y vetar cualquier tipo de contrato que contemple la gestación en el cuerpo de una mujer y su posterior renuncia a la filiación del lactante una vez nacido, en beneficio de otra persona.

Algunos de los argumentos que fueron presentados para impulsar este proyecto hacen alusión a los derechos de las personas que integran la familia y la protección de niñas y niños.

“Lo anterior, por ser contraria a la dignidad y a los derechos de las personas que integran la familia, como también por contribuir a la mercantilización de las mujeres y de las niñas y niños", se lee en el documento que contiene el proyecto.

A su vez, también se busca sancionar a todo aquel que "intermediare, organice, realice o publicite" este tipo de negocios.

Así como también a quien "capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual".

El diputado Juan Irarrázaval (PR), uno de los impulsores del proyecto, valoró que exista un acuerdo entre sectores políticos tan distantes.

"Es una buena noticia porque, en el fondo, la dignidad humana es algo que va a ser reconocido en este proyecto de manera transversal, en todo el espectro político".

Continuó, "Chile, que fue el segundo país del mundo en abolir la esclavitud, hoy día, de nuevo se pone al frente en contra de la trata de personas".

Además, destacó el millonario negocio que hay detrás de este tipo de prácticas.

"La maternidad subrogada, también llamada vientres de alquiler, ha desarrollado una inescrupulosa industria que mueve millones de dólares a nivel mundial", aseguró.

En ese sentido, el parlamentario destaca otra arista que tiene que ver con las mujeres que viven en la precariedad.

"La experiencia internacional dice que las llamadas subrogaciones no comerciales se prestan para camuflar esta práctica comercial de manera ilegal dejando aún en peor indefensión en particular a las mujeres más vulnerables, a quienes se trata como capital, como fábrica, abusando de su entre comillas “solidaridad” sin afectar de hecho a la industria clínica y jurídica por ejemplo, que siempre lucra con ella”.

Por su parte, la diputada Helia Molina (PPD) aseguró que siempre ha defendido la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero sobre el vientre de alquiler existe un punto "ético y delicado" a su parecer.

"Se usa comercialmente una persona que necesita plata y le dices 'mira, te vamos a colocar el huevo y tú a los nueves meses chao y te vamos a pagar todo eso' (...) la necesidad tiene cara de hereje y muchas veces la gente hace este tipo de cosas (...) porque eso le puede asegurar la comida para un buen tiempo".

El proyecto fue presentado por las diputadas Ana María Bravo (PS), Helia Molina (PPD), Francesca Muñoz (PSC), Ximena Ossandón (RN) y Consuelo Veloso (FA), y por los diputados Juan Irarrázaval (PR), Héctor Barría (DC), Jorge Saffirio (Demócratas) y Felipe Donoso (UDI).