Hasta el Tribunal Constitucional acudió la bancada de diputados del Partido Republicano, con el fin de presentar un requerimiento para que se destituya de su cargo como senadora a Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende.

Esto, luego de la polémica y fallida compra de la casa del otrora mandatario socialista que llegó al poder a través de las urnas en 1970, luego que el gobierno buscara adquirir el inmueble para fines culturales, pero al ser la senadora Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández (nieta del exregente) parte del grupo de dueños, se terminó desistiendo.

Una de las primeras consecuencias de esto fue la pedida de renuncia de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval por las responsabilidades administrativas, pero este capítulo podría tener otro tomo.

Republicanos quiere destituir a senadora Allende

De acuerdo a los diputados del partido de ultraderecha, “la infracción de la ministra Fernández y la senadora Allende a la Constitución es tan evidente que no existe ninguna autoridad de gobierno, ni ningún diputado de ninguna bancada, o senador, que hasta el momento haya tenido argumentos para defender esta infracción o explicar por qué esto no se trataría de una causal de cesación en el cargo”.

“La situación de la senadora Allende es francamente insostenible y espero que el Tribunal Constitucional esté a la altura del mandato que la ciudadanía le ha entregado”, añadió José Meza.

Ante esto, la senadora Isabel Allende se defendió diciendo que ni ella ni su familia tuvieron la intención de incumplir las leyes, argumento que llevará al Tribunal Constitucional.

Ministra Fernández descarta renuncia

Por su parte, la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y parte del grupo de propietarios del inmueble, descartó renunciar a su cargo.

"Como familia hemos apoyado la decisión de desistir la compra. Este proceso, que llevaba varios pasos, no fue concluido, por lo que no hubo traspaso de ella y no hubo traspaso de recursos", señaló

“Jamás siendo ministra recibí un peso por esa casa. Siendo ministra de Defensa no podía estar involucrada en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado que es quien llevó adelante todo el procedimiento”, añadió este fin de semana.