El próximo lunes 13 de enero el gobierno ingresará las indicaciones de la reforma de pensiones para que el miércoles y jueves de la misma semana se voten en la Comisión de Trabajo del Senado. 

El hito no deja de ser importante en consideración que la comisión debate sobre la propuesta desde agosto de 2024. En este intervalo de tiempo, el Ejecutivo ha negociado la gran mayoría de los mecanismos que contiene la reforma para incrementar las pensiones con los senadores de oposición presentes en la instancia; Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN), quienes han asumido la representación de Chile Vamos en las negociaciones. 

Pero a pesar de que el ingreso de las indicaciones es un paso relevante para sacar adelante la reforma —que, si todo sale según lo planeado por el gobierno, en marzo podría ser promulgada— aún hay ítems del proyecto que no están resueltos del todo. 

Uno de los más relevantes, es el bono de compensación por año cotizado, mecanismo que funcionaría como el apartado de solidaridad que el Ejecutivo busca. 

De hecho, lo que hoy separa las posiciones, es el mecanismo de seguro social que contempla la reforma en vista a mejorar las pensiones de los actuales jubilados, uno de los puntos centrales para el Ejecutivo. 

Si bien se acordó el mecanismo de “autopréstamo intrageneracional” —resistido especialmente en Republicanos— que corresponde al 1% o 1,5% de la cotización extra (cerca de una UF por cada año cotizado) la diferencia entre la oposición y el gobierno radica en el piso mínimo de años cotizados para acceder al beneficio. 

Hoy, el gobierno propone que el mecanismo parta desde los cinco años cotizados, lo que beneficiaría a cerca de 1,2 millones de pensionados. La oposición en cambio, no se mueve de los 20 años, piso que sólo haría acceder al aumento de las pensiones a cerca de 500 mil jubilados.

Atrasar alza de PGU

Otro punto de discordia que surgió esta semana fue la propuesta del senador Luciano Cruz-Coke de retrasar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el fin, según aludió el senador Evópoli, de no “politizar” la reforma debido a la elección parlamentaria y presidencial que se llevará a cabo en noviembre de este año. 

“Hay que notar que la transición de la nueva PGU señala que serán seis meses desde publicada la ley. En el mejor de los casos, si se promulga en marzo, caería en pleno periodo electoral (el alza de la PGU)”, planteó el senador que al ser consultado si es que su idea era adelantar el alza, respondió: “No, alejarlo, sería cuestión de un par de meses”. 

“Si no, yo temo que esto de lado y lado va a terminar politizado, y eso es lo que hay que evitar”, afirmó. 

La propuesta cayó inmediatamente mal en el oficialismo, en consideración de la crítica situación socioeconómica que viven los jubilados en Chile. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, a noviembre de 2023 un total de 1.488.547 personas recibían PGU contributiva y que viven bajo la línea de la pobreza hoy fijada en $229.787. 

“Yo veo bien difícil explicarle esto al adulto mayor que se va a mover un beneficio después de las elecciones”, replicó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). 

Cuando nosotros votamos la PGU (en el gobierno de Piñera) nosotros jamás pensamos en que esto iba a tener una repercusión política, o que iba a ser parte del legado del Presidente Piñera. Sabíamos que era lo que correspondía hacer para los jubilados. Entonces, ese análisis no corresponde, porque lo que tenemos que hacer es ver cómo apuramos para sacar adelante lo antes posible esta reforma”, afirmó la senadora Alejandra Sepúlveda (Independiente). 

Por su parte, el senador Gastón Saavedra calificó como “impresentable” la propuesta de su par Evópoli afirmando que “no resiste análisis; moral y éticamente es inválido, y yo no estoy en condiciones para aprobar un artículo para que esto quede para después de las elecciones”.