En los últimos días, hemos sido testigos de una nueva ofensiva para reabrir el debate sobre el proyecto minero-portuario Dominga, ignorando los fundamentos técnicos y jurídicos que llevaron al Comité de Ministros, en enero de 2023, a calificar desfavorablemente este proyecto.

Como representantes del Frente Amplio, queremos enfatizar que este proceso no se trata de una decisión política arbitraria, sino de la defensa de los ecosistemas únicos de nuestro país y del respeto a nuestra institucionalidad ambiental.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha actuado con claridad al reconocer que los ministros que participaron en la votación del comité el año pasado no se involucrarán en un nuevo pronunciamiento sobre Dominga, reafirmando su compromiso con la transparencia y la ética. Además, la consulta a la Contraloría para definir la composición y presidencia de un eventual nuevo comité es un paso que refuerza la legitimidad del proceso.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha presentado recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental, buscando que se suspendan los efectos de las sentencias judiciales recientes mientras se resuelve el fondo del asunto.

Este no es un acto de obstinación, sino un ejercicio legítimo de los derechos que nuestra institucionalidad jurídica nos otorga para proteger una decisión tomada de manera unánime por el Comité de Ministros, con base en informes técnicos que alertaron sobre los graves riesgos ambientales de Dominga.

Hablamos de un proyecto que amenaza directamente al archipiélago de Humboldt, un ecosistema único que sustenta a las comunidades locales y es reconocido internacionalmente por su altísimo valor ambiental. Comparado con las islas Galápagos por su importancia ecológica, este lugar no solo es vital para la biodiversidad, sino también para las actividades económicas de cientos de familias que dependen del turismo sostenible y la pesca artesanal.

Nuestra Constitución establece que la protección de la naturaleza es un deber del Estado. Defender al archipiélago de Humboldt no es solo una causa ambientalista; es un compromiso con el desarrollo sostenible y con el derecho de las futuras generaciones a heredar un país que valore su riqueza natural.

Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a todos los sectores políticos a respetar la institucionalidad ambiental y a reconocer que los ecosistemas como el de Humboldt no son negociables. Proyectos como Dominga representan un modelo de desarrollo insostenible, incompatible con la crisis climática que enfrentamos.

Chile ya decidió: avanzamos hacia un futuro donde la protección de la naturaleza y el bienestar de las comunidades estén en el centro de nuestras decisiones. Ceder ante presiones que buscan imponer intereses privados por sobre el bien común sería un retroceso inaceptable.