Con la llegada del autoproclamado primer gobierno “ecológico” de Chile, en 2022, tuvimos esperanzas en que algo se podría avanzar respecto de la situación de rezago en que se encuentra el país en relación a la normativa ambiental, tanto en los procesos de actualización como de dictación de nuevas normas; así como un real programa de trabajo para disminuir o frenar la contaminación que afecta a la Bahía de Quintero.

Pensamos que la situación de administración, gestión y financiamiento de las áreas protegidas podría mejorar, así como una implementación relativamente rápida del Acuerdo de Escazú y la Ley Marco sobre Cambio Climático. Incluso llegamos a considerar que tras los dichos del presidente Boric en mayo del 2022, se podría iniciar un proceso de salida de concesiones salmoneras que se ubican al interior de las aguas de áreas protegidas.

Pero nada de eso ocurrió y así llegó el año 2023, marcado por la incesante promoción del Gobierno de Chile como potencial productor de Hidrógeno Industrial o Verde, como lo han posicionado en la opinión pública. También en 2023 se dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, un hito no menor que le permitiría a Chile aumentar la producción de este mineral, lo que en teoría impulsaría la investigación, encadenamientos productivos y algunos resguardos ambientales o de conservación de ecosistemas salinos terminó generando más dudas que certezas.

En 2023, también fue quedando en evidencia el bajo nivel de compromiso real que tenían con impulsar la salida de las salmoneras de las áreas protegidas, luego de que las autoridades no hicieran cumplir la ley ante reiterados incumplimientos en materia de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobreproducción y causales de caducidad de las concesiones salmoneras.

Si algo podemos decir de estos casi tres años de gobierno, es que ya quedó claro que la actual administración no realizará cambios sustantivos en materia ambiental, más bien, lo que se ha ido delineando a través de los hechos es una agenda profundamente regresiva, que flexibiliza los estándares ambientales y solo allana el camino a la inversión, sin una mirada de largo plazo ante lo que representa la crisis climática que tanto releva, al menos en el discurso, el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Mientras las organizaciones ambientales nacionales y locales esperábamos que algo ocurriera, otros hechos sucedían. En marzo de 2023 la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la Reforma Tributaria presentada por el gobierno, lo cual sin duda marcó un giro en la gestión. Luego, en abril, el Comité de Ministros aprobó el Proyecto Los Bronces Integrado de la minera Anglo American, revirtiendo la decisión de rechazo en su evaluación ambiental, lo que cayó como un balde de agua fría en las organizaciones debido a la unanimidad de la votación.

Poco a poco fuimos siendo testigos de la poca claridad, debilidad, ineptitud o falta de compromiso ambiental del gobierno, mientras los grandes sectores empresariales, de forma coordinada, comenzaban a posicionar el concepto de “Permisología” en los medios de comunicación. Según ellos, la excesiva cantidad de permisos que se requieren en Chile para poder ejecutar proyectos estaba dificultando la inversión y por ende el desarrollo del país.

Como era de esperar, no hubo argumentos desde el gobierno que pusieran freno a esta andanada mediática, por ejemplo, relevando el hecho de que el número de permisos que deben obtener no aumentó con este gobierno, ni en el de Piñera o Bachelet, o que, según los propios datos oficiales, muchas de las demoras en los procesos de evaluación ambiental responde a la débil gestión de las propias empresas y no del Estado, ni mucho menos se cuestionó el volumen y concentración de las ganancias económicas de los distintos sectores productivos, en desmedro del interés público y de la salud de personas o ecosistemas, único motivo real de certeza que les hace mantener sus inversiones en el país.

Así, tras el fracaso de la Reforma Tributaria a mediados de 2023, el Gobierno de Boric buscó establecer un acuerdo con el gran empresariado y para ello propuso lo que denominó Pacto Fiscal, el cual consiste en 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, productividad y crecimiento, así como proyectos de ley para combatir la evasión y elusión tributaria, pero evidentemente sin mejoras en materia ambiental. Es más, el Pacto Fiscal establece medidas regresivas en materia ambiental en relación a la reforma al SEIA, ya que no avanza en protección y pretende disminuir los tiempos de tramitación para la obtención de permisos ambientales.

Algo similar hace el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y que modifica otros cuerpos legales (Boletín N° 16.566- 03), más conocida como proyecto de Ley de Permisología, en la cual se establecen cambios a la obtención de permisos sectoriales. A esto se suma la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno de Boric al proyecto Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín N° 8.467-12), presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera y que se encuentra en segundo tramite constitucional.

En definitiva, la promoción del Hidrógeno Verde, con la reciente aprobación de una planta en la Bahía de Quintero, a lo que se suman los compromisos asumidos para promover una mayor extracción de litio, así como en los hechos la inmovilidad del gobierno para sacar salmoneras de áreas protegidas, nos dan cuenta de que este no es un gobierno “ecológico” y que, más bien, es una administración que se ha comprometido con facilitar la inversión sin resguardos ambientales, haciendo suyo el discurso de la “Permisología” instalado por el gran empresariado.

Con la llegada del año 2024 se terminaron las ilusiones de lo que puede hacer esta administración, solo nos queda seguir trabajando como siempre lo hemos hecho desde la sociedad civil, valorando el compromiso e incesante trabajo que hacen las organizaciones locales, para que no se siga destruyendo el patrimonio natural del país y las economías locales.