¿De verdad nos importan los derechos humanos? Mirémonos en serio, aunque no nos guste la imagen que nos devuelva el espejo. Para eso, unas cuantas cifras y unos pocos recuerdos.

Recuerdos, pocos, porque abruman: los selknam, el supremo Israel Bórquez que estaba curco con los detenidos desaparecidos, el remate de indios en Punta Arenas (si tiene estómago, lea la editorial del diario El Chileno de 1895, sobre un remate efectuado el 7, 8 y 9 de agosto de ese año y la participación deplorable de Manuel Señoret, Waldo Seguel y Leoncio Rodríguez, entonces presidente de la Corte Suprema), La Coruña, Santa María de Iquique, el Seguro Obrero, Pampa Irigoin, Isla Dawson y para qué seguir con la bestialidad pura e impúdica de la dictadura cívico-militar. Pero, ¿cuánto nos importa todo esto?

La dictadura de Ibáñez (1927-1931) fue mucho más cruel y sangrienta de lo que la historia conservadora quiere mostrar, pero la realidad es que a los electores poco les importó eso y lo eligieron presidente de la República en 1952.

En 1989, Augusto Pinochet, un dictador con miles de desaparecidos y con más de 40.000 víctimas de violaciones de los derechos humanos perdía el plebiscito en que pretendía quedarse otros 8 años en La Moneda, obteniendo algo más del 43,01 % de los votos. Es decir, al 43% de los votantes no les quitaba el sueño el brutal historial de la dictadura, con sus muertos, violados, torturados y lanzados al mar; ni siquiera les importaban los niños que fueron víctimas. Tampoco les preocupaba que con 8 años más en el poder, un sujeto como Pinochet, un evidente sociópata, pudiera -con seguridad- sumar nuevas víctimas.

Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el 62% de las personas considera que en Chile no se respetan los derechos humanos. Muy similar al resultado de la encuesta de la Universidad Alberto Hurtado en 2023, con un 61% que cree lo mismo. Las encuestas no preguntan a los encuestados si esa ausencia de respeto les importa realmente.

Lo digo porque, según la encuesta CADEM, de noviembre de 2024, el 81% de los entrevistados tiene una imagen positiva de Bukele, presidente de El Salvador, al tiempo que al 42% le gustaría que el próximo presidente de Chile tuviese un estilo similar. Y Bukele es un violador sistemático de los derechos humanos. Ha encerrado a más de 80.000 presuntos delincuentes, quienes viven en condiciones carcelarias pésimas que importan abiertamente tortura (como la luz permanente, las 24 horas de cada día).

Sin gran pudor, ha reconocido abiertamente que aproximadamente un 10% de los privados de libertad son personas inocentes. A sus admiradores esto les parece un efecto colateral con el que no hay que dramatizar.

¿Y qué dice nuestro Estado y, concretamente, su Consejo de Defensa? Por ejemplo, en la demanda de 22 personas que sufrieron daño ocular durante el llamado “estallido social” contra el fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado presentó una contestación ante el 15° Juzgado Civil de Santiago (Rol C-11.302-2020). Básicamente, el Consejo de Defensa del Estado considera que su labor es proteger las arcas fiscales, no la justicia.

Por ello, niega a como dé lugar la violación de derechos humanos por parte del Estado, porque esos derechos, a diferencia del dinero, no son un interés del Estado, no son algo que realmente se quiera proteger. En simple, asumámoslo: los derechos humanos no le importan al Consejo de Defensa del Estado ni al Estado de Chile (ver aquí).

En Chile, en miles de casos, haber sido víctima de torturas por meses o años, haber sido mujer y víctima de violaciones reiteradas por funcionarios estatales al servicio de la dictadura puede merecer una indemnización, digamos, de 40 millones de pesos. Una suma miserable, insolente e indolente. Nuestras Cortes no parecen entender de qué se trata un delito de lesa humanidad, fijando indemnizaciones que profundizan la injusticia.

A la vez, el Estado chileno intentará que las demandas sean desestimadas y que el fisco desembolse el menor monto posible. Esto no solo es una violación de deberes internacionales vinculados a la reparación integral, sino que es una nueva revictimización y agresión, en la que se le dice a la víctima: “Mire, sentimos mucho lo que pasó, pero no estamos dispuestos a tomarnos su sufrimiento tan en serio como para pagarle una indemnización siquiera remotamente cercana a la idea de reparación”. Un sistema de justicia que no sabe de justicia.

¿Debo hablar de la brutalidad y ensañamiento del Estado chileno, incluyendo jueces, Ministerio Público y legisladores, en contra del pueblo mapuche? Es una conducta horrenda y repudiable. Hasta un gobierno que aparecía como joven y progresista no ha sido capaz de cortar una política estatal de persecución y de excepciones constitucionales. De hecho, ha terminado por rendirse al populismo penal, casi sin resistencia, abogando por más cárceles, por la disminución de las garantías procesales y celebrando una ley antiterrorista nueva cuyo análisis será para otra vez.

Pero, ya que tocamos este tema, vea usted el nivel de análisis y de preocupación que revisten los derechos humanos para nosotros. Para comenzar, es una ley con un apoyo casi total, salvo por unos cuantos legisladores del FA y del PC que han cuestionado el famoso “Imsi catcher”.

Nos dice el senador Manuel José Ossandón que si el imsi catcher puede vulnerar los derechos de otras personas (estamos hablando de personas inocentes y ajenas a la investigación, para ser claros), bueno, “mala suerte”. ¿Mala suerte? ¿Ese es el análisis jurídico-legislativo del senador?

Por su parte, Richard Kouyoumdjian, quien es considerado un “experto” en defensa y seguridad nacional, señaló que si hay quienes reclamen ante el Tribunal Constitucional por la violación de derechos fundamentales que pudiese implicar el Imsi catcher, el alto tribunal (discúlpeme lector, pero solo reproduzco) “lo va a mandar a guardar a estos señores rápidamente…”.

Señor experto, ¿estima usted que quienes se muestren inquietos por eventuales amenazas a derechos fundamentales se exponen a que “se lo manden a guardar”? No me detendré en lo soez de una expresión cuyo significado en Chile todos conocemos, sino en el hecho de que usted considere que no solo habría que rechazar un requerimiento de esta clase mediante un razonamiento jurídico -del que seguramente yo discreparía-, sino con un grado de violencia que advierte que no hay paciencia ni tolerancia para los defensores de los derechos humanos.

Muchos quieren rebajar las penas, empeorar las condiciones carcelarias, obtener permisos para “detenciones ciudadanas”, permitir a carabineros disparar a manifestantes sin obligación de responder por sus brutalidades. La mayoría quiere combatir la delincuencia a balazos, cárceles y represión, pero nunca con educación, oportunidades o igualdad.

¿Una Comisión de Verdad sobre el SENAME? Lindo, hermoso, pero ¿cómo siguen nuestros niños? ¿Ahora sí que están bien protegidos? ¿Y una Comisión de Verdad para chilenos y chilenas que desde el estallido social han perdido la vista o al menos la de uno de sus ojos? ¿Eso cuándo? ¿Es que no hay espacio para la decencia y el comportamiento con una ética superior?

Es hora vernos al espejo. Me temo que el reflejo es bien feo. No nos felicitemos por lo que no somos. Pero algunos insistiremos en la promoción y protección de los derechos humanos, porque en su respeto se encierra nuestra única posibilidad de ser civilizados.