Hace unos días, desde el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral), empezó a circular una información donde esta entidad cuestiona, en el contexto de la tramitación en el Congreso del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), el mecanismo que aboga por transparentar las remuneraciones de los funcionarios y docentes de las entidades académicas que esta agrupa.

De hecho, de acuerdo al documento al que tuvo acceso El Desconcierto, la postura es clara.

“El proyecto establece la obligación, para las instituciones privadas que adscriban al FES, de ver publicadas parte de su información relativa a sueldos y remuneraciones de sus colaboradores y académicos, no siendo posible entender la lógica tras esta medida en el contexto general del proyecto, que se explicaría más bien por el estado actual de la discusión pública ante los casos conocidos a este respecto”, detalla la comunicación catalogada como una “publicación de información sensible de instituciones privadas”.

Paralelamente, esta recalca que “en cambio, al analizar desde el punto de vista sistémico lo que se propone, es posible concluir que, como regla general, no por recibir recursos fiscales las personas jurídicas de derecho, están obligadas a publicar información altamente sensible como las remuneraciones de sus empleados”.

Siguiendo con su argumentación, Vertebral cita como ejemplo, “gran cantidad de empresas en Chile”, que “reciben aportes de Corfo para solventar proyectos de distinta índole, y no por ello, están obligadas legalmente a publicar información sensible como alcances indeterminados y la posibilidad de un uso que escape al espíritu de la norma”.

Vertebral aboga por "alternativas más razonables"

De hecho, desde Vertebral relevan que incluso desde esta entidad han "manifestado permanentemente, y en todas las discusiones en que ha participado, su compromiso en avanzar en transparencia, rendición de cuentas y provisión de información relevante para la toma de decisiones de los actores del sistema y supervigilancia de la ciudadanía, en aras de la fe pública que la sociedad deposita en las instituciones de educación superior”.

En consecuencia, la sugerencia que hacen desde el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, apunta a “analizar alternativas que sean técnicamente más razonables y que, al mismo tiempo, permitan satisfacer los requerimientos de probidad y transparencia que el sistema persigue”.

Específicamente, la propuesta alude a que todas las instituciones que adscriban al FES, deban obligatoriamente, “remitir a la Superintendencia de Educación Superior, la información sobre ingresos de sus equipos directivos y académicos, para efectos del monitoreo y supervisión permanente que la ley encarga a este organismo fiscalizador, siguiendo la lógica imperante en otros sectores regulados en estas materias”.

Contactados para que profudizaran en su postura, considerando lo sucedido hace unos meses con Marcela Cubillos, la independiente de derecha que recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales en su calidad de docente de la Universidad San Sebastián (USS), habiendo estado incluso radicada en España, el consejo de autoridades agrupado en Vertical aclara algunos aspectos de la misma.

Descartando categóricamente que se opongan a la moción, la entidad detalla que "el contexto del proyecto de ley del FES", han "formulado comentarios y propuestas generales sobre su contenido".

"En relación con la norma que obligaría a las instituciones a entregar la información relativa a remuneraciones de académicos y funcionarios de las instituciones de educación superior, nuestra posición cuestiona la forma y no el fondo de esta medida, toda vez que se estaría introduciendo una obligación de información en un proyecto de ley cuyo objeto es una reformulación del sistema de financiamiento estudiantil, a propósito de un hecho particular ocurrido este año", enfatizan.

Actual norma considera acceso a antecedentes a fiscalizar

"Como también se indica expresamente en el documento, el compromiso de nuestras instituciones con la transparencia y la rendición de cuentas (es) permanente, en consonancia con los principios y disposiciones contenidos en la Ley de Educación Superior", complementa.

Siguiendo con sus declaraciones, el consejo recalca que "el artículo 18 de la Ley de Educación Superior, faculta a la Superintendencia de Educación Superior, organismo fiscalizador de todas las instituciones del sistema, a 'acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización' y 'examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y, en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización'”.

"Estas amplias atribuciones no solo se extienden a las respectivas casas de estudio, sino que también a los terceros relacionados con que realicen operaciones respecto de estas", agrega.

Nuestra postura, destaca Vertebral, "es sostener que la normativa actualmente vigente ya considera la posibilidad de que la autoridad acceda a cualquier antecedente que estime necesario para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras".

En consecuencia, plantean, "convendría analizar que las situaciones particulares, como la de las remuneraciones de los académicos y funcionarios de las instituciones que accedan al FES, sean parte de una planificación más robusta técnicamente, que pudiera integrarse con los procesos de entrega de información periódica que la SES (Superintendencia de Educación Superior) dirige y que son de cumplimiento obligatorio para las instituciones, más allá de las contingencias particulares".

"Con esto, se mejoraría el resguardo de la transparencia y la fe pública depositada por la ciudadanía en el sistema de educación superior", complementan.

No corresponde al consejo decir cómo se debe fiscalizar

Y en relación a lo sucedido con Cubillos, aseguran que "no corresponde a las instituciones de educación superior indicar a la autoridad responsable de fiscalizarlas, esto es, la Superintendencia de Educación Superior, la mejor manera en que debiera ejercer sus atribuciones".

Adicionalmente, Vertebral releva que, "en cuanto a los avances en transparencia que se han evidenciado durante los últimos años, la Ley de Educación Superior marcó un hito significativo con la creación de la nueva estructura de gobernanza que hoy rige al sistema, en donde la Subsecretaría, Superintendencia, CNA (Comisión Nacional de Acreditación) y CNED (Consejo Nacional de Educación) juegan un rol fundamental".

"Vemos también de forma positiva los esfuerzos desarrollados por los distintos actores del sistema en poner a disposición información relevante, no sólo para la fiscalización, sino que para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, en cuanto a resultados académicos, financieros y de calidad de las instituciones de educación superior", plantea Vertebral a renglón seguido.

"Finalmente, celebramos el anuncio formulado por las autoridades del Mineduc (Ministerio de Educación) en los últimos días, especialmente (del) subsecretario de educación superior, quien anunció un aumento en los recursos comprometidos en la Ley de Presupuestos 2025 para la Superintendencia de Educación Superior", releva.

Lo que le permitirá a este organismo, destacaca el consejo, "robustecer sus capacidades, el alcance de sus atribuciones fiscalizadoras, y potenciar su rol de organismo encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley y el uso de los recursos tanto públicos como privados, que hacen las instituciones de educación superior".

Lo destinado a educación, debe invertirse en educación

Desde el Congreso, y específicamente desde el oficialismo, el diputado Juan Santana (PS), comentó su opinión al respecto, aludiendo a la postura de esta entidad.

“La transparencia en la educación superior es una exigencia que responde al adecuado uso de los recursos públicos”, sostiene en el inicio de su diálogo con nuestro medio, contexto en el que releva además, que “si el Estado entregará financiamiento para cubrir el arancel de los estudiantes, lo que corresponde es que las instituciones no los utilicen de forma arbitraria”.

Para eso, argumenta, “se requiere que se puedan conocer los sueldos de sus colaboradores y académicos”.

“Tenemos una premisa: lo que es destinado a educación, debe ser invertido en educación”, recalca el parlamentario.

“No se puede lucrar con la educación”

Continuando con su análisis del tema, Santana asegura que “el antecedente de Marcela Cubillos es un ejemplo de fondos universitarios que eran utilizados de manera dudosa”, destacando que, encima, esta información se transparentó como consecuencia “de una filtración”.

De lo contrario, complementa, esta “seguiría siendo una remuneración de la que no se tiene conocimiento”.

“Eso es lo que queremos evitar. Si una institución recibe recursos por parte del Estado, casi un 50% de sus ingresos en el caso de la USS, lo que le pague a sus profesores debe estar acorde a lo que esos profesores hacen en dicha casa de estudios. No se puede utilizar lo público para los caprichos privados”, releva.

Por último, asegura que “en Chile ya es parte del sentido común que no se puede lucrar con la educación. La población no comparte ni entiende que algún plantel de educación tenga por objetivo repartir utilidades entre sus dueños y no entregar la mejor enseñanza posible a quienes apuestan por estudiar allí. Si las instituciones buscan lo segundo, no hay ninguna razón para que oculten lo que le pagan a sus docentes".