El orden mundial se tambalea, las instituciones internacionales se resquebrajan en su capacidad de hacer cumplir sus normas, las conferencias internacionales dejan sabores amargos. El peligro de una nueva guerra mundial ha quedado rondando, nuevamente, a las puertas de Europa. El genocidio del pueblo palestino en Gaza casi se ha naturalizado al deshumanizar a sus víctimas. El derecho de millones a la libertad de movimiento está siendo cancelado. La naturaleza está al borde de su colapso. Es una época que está cambiando.

¿Sobrevivirá el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a esta situación? ¿Será la Declaración Universal de los Derechos Humanos el referente de los Estados y pueblos en su conducta política? ¿Por qué el ataque a los Derechos Humanos?

Stefan Zweig relata en un texto sobre el ex presidente de Estados Unidos W. Wilson, su esfuerzo por crear la Sociedad de las Naciones una vez terminada la 1ra Guerra Mundial. Fue un logro pasajero que nació frágil porque, al decir de Wilson, prevalecieron los intereses pequeños de cada nación: “el interés no une a las personas, el interés las separa; los une el beneficio común”.

Le sucedió la 2da Guerra Mundial, la que al finalizar posibilitó otro esfuerzo por un nuevo orden mundial, con la creación de las Naciones Unidas en 1945 y su Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, generando un hecho inédito de consenso en el derecho internacional sobre los valores que deberían sustentar las relaciones entre los estados y de estos con sus habitantes.

Si asumimos que los Derechos Humanos son una construcción creada luego de grandes catástrofes humanitarias y del impulso de los pueblos en la búsqueda de la paz y la convivencia respetuosa con dignidad e igualdad, debemos estar conscientes que hoy están amenazados -más que en las décadas anteriores- por poderosos intereses geopolíticos de algunas potencias, por oligarcas dispuestos a defender sus inimaginables riquezas y por aquellas ideologías totalitarias dispuestas a imponer regímenes intolerantes y represivos en nombre de la “libertad”.

En nuestra región y en Chile, esto se hace cada vez más evidente. Los discursos de odio, la intolerancia a las libertades individuales, la discriminación por opciones sexuales o hacia la migración, los patrones patriarcales de relación a las mujeres, el racismo hacia los pueblos indígenas, la impunidad con las víctimas de violaciones de sus derechos, la justificación de las desigualdades sociales, la corrupción de poderes del Estado que limitan su independencia ante los poderosos.

Todos, ejemplos evidentes del peligro que puede implicar que los Derechos Humanos sean la base de nuestra convivencia democrática. De esto que el gran desafío está en rescatar y actualizar los contenidos civilzatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como camino para la paz y el bienestar .

La tarea central de una agenda pro derechos humanos debiera ser el difundir y legitimar su concepción y enfoque en la sociedad civil y el funcionariado del Estado; hacer coherente la institucionalidad y las políticas públicas de esta área para potenciar su concepción integral; avanzar en la agenda legislativa comprometida por este gobierno, demostrando su valor y necesidad, y consolidar en la práctica la justicia transicional.

En particular, se debe fortalecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, principal organismo autónomo de protección y promoción de éstos, para que independientemente de quién o qué institución es querellada, qué recomendaciones y llamados de atención realice, tenga la fuerza de cambiar la realidad y pueda garantizar a la ciudadanía, el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos.