El senador Juan Luis Castro (PS) fue una de las voces que lideró el debate de la tramitación de la ley corta de isapres en su rol de presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta —cargo que dejó para dar paso a Javier Macaya (UDI)— y de la mixta que zanjó el proyecto. Sin embargo, rechazó el proyecto en la comisión y se abstuvo en la votación en Sala. 

En entrevista con El Desconcierto explica las razones que lo llevaron a no apoyar el proyecto que presentó el gobierno y que hoy causa polémica por los insólitos planes de pagos que las isapres ofrecieron a los usuarios. En esa línea, cuestiona a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien responsabilizó al Congreso por cómo quedó la ley.

“Fue un error por desconocimiento. Un error por transferir responsabilidad política. El gobierno fue colegislador, el gobierno impulsó, escribió el proyecto de ley, lo vino a defender, buscó el acuerdo hasta el último. El gobierno es el que más insistió en aprobar la discusión. No se puede decir que el gobierno fue atrapado o emboscado”, señala el senador oficialista.

-En vista de los planes de pago que las Isapres informaron a sus usuarios, ¿fue la Ley Corta una ley deficiente?

Sí, fue deficiente porque se centró en el arreglo financiero de las isapres por el desequilibrio que era periódico, pero descuidó la propuesta que hicimos en su momento desde la Comisión de Salud del Senado de hacer una reforma al sistema. No basta lograr que los números cuadren dentro del sistema cuando se traspasa gran parte de ese desequilibrio al bolsillo de los usuarios.

Y la piedra angular más relevante para el usuario, que era el mecanismo de devolución fallado por la Suprema, no se podía desvirtuar. El plazo es muy largo y los mecanismos regulatorios, a través del Consejo Consultivo y la Superintendencia, que tuvieron seis meses donde se pudo haber establecido mecanismos más proporcionales para el pago de deuda. El promedio de pago era de 1.600.000, pero hay muchos afiliados menores de 65 que están en el millón o menos. El Consejo Consultivo propuso un piso mínimo de pago mensual, pero al parecer no fue acogido.

-La sensación que queda es que esta ley fue un traje a la medida para las isapres, ¿sobre quién recae la responsabilidad?

Es una responsabilidad política compartida entre el gobierno y el Parlamento. Son colegisladores. Más allá de que no todo el Parlamento estuvo de acuerdo -yo no estuve de acuerdo, no soy cómplice de eso- aquí hay una colegislación donde partió con un mensaje del gobierno, una ley que podría haberse evitado. Ningún fallo dice que se tiene que implementar a través de una ley. El gobierno tomó un camino legítimo, pero lo que no puede ser una ley es borrar con el codo lo que está escrito con la letra del máximo tribunal de justicia.

-¿A su juicio la ley que presentó el gobierno beneficiaba sólo a las isapres?

No toda. No puedo hacerle una crítica a tabla rasa, porque todo el capítulo de FONASA, modalidad complementaria, es un buen capítulo que va a ser muy favorable a la clase media popular. Todo lo que es facultades nuevas, formas de resolución de conflictos, quedó bastante bien. Los puntos dolorosos son, en primer lugar, el mecanismo de evolución, que no quedó como debería. Y dos, los mecanismos de reajustabilidad a futuro.

-Usted fue presidente de la Comisión de Salud Mixta, ¿nadie puso la alarma en su momento o el gobierno hizo caso omiso?

No fueron consideradas, eso lo dijimos. Aquí fuimos cinco senadores de 50 que no estuvimos apoyando al gobierno. O no concurrimos, como en mi caso, o rechazamos en sala como Durana, Bianchi y Velásquez. Y otros tantos en la Cámara de Diputados. Esto no fue una aprobación unánime.

—Pero sí fue transversal…

La transversalidad no llegó a todos, ni en el oficialismo ni en la oposición. El gobierno no escuchó. Pero ahora hay que arreglar esto y yo creo que el instrumento para arreglarlo es la Superintendencia, no una ley.

-¿Cómo sería la vía de la Superintendencia?

La Superintendencia puede normar vía circular un nuevo sistema de devolución. Puede hacerlo perfectamente en poco tiempo. Tomar toda la cartera de personas con tramos de montos a pagar que están bajo un millón o menos y puede darle una solución rápida. Nadie estaría en contra si alguien le dice "te debo un millón y te lo pago en un año". Claro, que le deban 10 millones podría ser algo más obviamente, más tiempo. Pero hoy día lo que no hay es proporcionalidad. Y eso lo puede decir, lo debe hacer el superintendente.

-¿Qué le parece que el superintendente haya salido a desligarse de toda la responsabilidad culpando a la legislación que salió desde el Parlamento?

La legislación es el marco general, pero no se puede obviar las facultades propias, porque la Superintendencia es el poder ejecutivo y tiene amplios poderes para interpretar la ley, para organizar, para dictar decretos, resoluciones, fiscalizar, acoger o no las reclamaciones. Es el órgano por excelencia que conoce los estudios, los montos, los tipos de afiliados, cómo están segmentados por cada Isapre y que puede dirimir y normar como se hizo cuando se acabaron las tablas de factores en 2019. 

Esto es un problema serio, un problema político, un problema de confianza y de legalidad. Por ende, tiene que haber un camino de solución, porque son deudas millonarias y no pueden quedar como quedaron. Tienen que quedar en plazos bastante más ajustados y eso lo puede organizar la Superintendencia.

-¿Las Isapres le fallaron al espíritu de la ley?

Sí, pero más allá del espíritu, la confianza. Las Isapres nunca admitieron esa deuda de 1.400 millones de dólares. No hay declaración alguna donde ellos reconozcan la deuda. Ellos siempre han creído que lo hicieron correcto y que la equivocada es la Suprema. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué colaboración vamos a pedirles en eso? Ellos no reconocen en la práctica una deuda. La negaron hasta el último. Ahora, eso no explica todo, porque el que supervisaba todo eso era la Superintendencia.

-¿Qué le parece que el gobierno haya, a través de la ministra Vallejo, radicado toda la responsabilidad en el Congreso?

Un error. Un error por desconocimiento. Un error por transferir responsabilidad política. El gobierno fue colegislador, el gobierno impulsó, escribió el proyecto de ley, lo vino a defender, buscó el acuerdo hasta el último. El gobierno es el que más insistió en aprobar la discusión. No se puede decir que el gobierno fue atrapado o emboscado.

-¿Le decepciona que un gobierno progresista haya impulsado esta ley?

Sí, pero más me lamento de que la oportunidad de una reforma más profunda no se quiso tener. 

-El gobierno comprometió una reforma al sistema…

Pero eso no va a suceder, no va a ver la luz en este gobierno. Van a dejar ahí la bandera instalada, pero no va a ser parte de esta discusión. Si no hubiera una reforma más profunda, se perdía. No hubo voluntad política. No hubo ánimo de entrar ahí a modificar el sistema de salud.