¿Quién se hace cargo?: Gobierno y Congreso evaden responsabilidades de polémicas devoluciones de isapres
Durante el transcurso del viernes de la semana pasada los usuarios de las isapres comenzaron a recibir mediante sus correos electrónicos el detalle del plan de pago de las aseguradoras correspondientes los excedentes adeudados producto del fallo de la Corte Suprema de 2022.
La sorpresa fue mayúscula para los usuarios. Deudas de dos o tres millones de pesos serán pagadas en hasta 156 cuotas.
Ese es el caso de Carolina Brown (29) a quien Consalud le pagará la deuda de aproximadamente $1,6 millones en el periodo de 13 años. Es decir, a sus 42 años la isapre recién habrá saldado la deuda. “Es insólito, porque no es un monto menor el que se me adeuda y la cuota que propuso la isapre es de dos mil pesos, lo que no alcanza ni siquiera para un medicamento”, asegura.
“Otras veces me habían pagado excedentes, y lo había podido ocupar en farmacias o consultas, porque eran 50 0 $60 mil pesos, pero dos mil pesos no alcanza para nada. Es una burla total y absoluta, de hecho, cuando lo vi pensé que era un error”, agrega.
Como Carolina, otros 700 mil usuarios —según advirtió la Superintendencia de Salud— deben recibir la devolución de las isapres. Muchos de ellos también compartieron sus planes de pagos con montos incluso menores a los mil pesos en concepto de cuota mensual.
¿Quién se hace cargo?
Pero a pesar de la molestia de usuarios y usuarias, en el Congreso y el gobierno han evitado asumir responsabilidades respecto al polémico plan de pago aprobado en la ley corta de isapres patrocinado por el Ejecutivo y apoyado transversalmente en la Cámara de Diputados y el Senado.
La reforma al sistema de salud privado vino luego del “Supremazo” que declaró ilegales las alzas unilaterales (entre 2020 y 2022) en que incurrieron las isapres a través de la aplicación de la tabla de factores, mecanismo que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
La Asociación de Isapres alegó inmediatamente que de dar cumplimiento con el fallo, la industria caería en la insolvencia por lo que colapsaría el sistema de salud. Dicho argumento fue tomado en consideración por el Ejecutivo y el Legislativo para elaborar la ley que viabilizara el fallo del máximo tribunal. Y aunque en reiteradas ocasiones desde el gobierno y el parlamento se negó que se tratara de un “salvataje” a las isapres, lo cierto es que el peso recayó en los usuarios con el alza en los precios de los planes y el plan de pago ofrecido por las aseguradoras.
Consultada por el plan de pago ofrecido por las isapres, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró que “sin dudas me parece una burla”.
“Eso es complejo, porque los sistemas dentro del marco de la seguridad social, para que tenga legitimidad y para que pueda la gente valorizar la cotización y promoverse la formalidad, cuando tienen respuestas de las cuales hemos estado viendo en redes sociales, donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad, parecen burlas a la ciudadanía”, acotó la ministra a la vez que aclaró que no estuvo dentro del debate de la ley corta.
Distinto fue el abordaje del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien enfatizó en que “lo que se está pagando hoy día está en línea con lo que se definió en esa ley”.
Y acotó: “Quizás lo que ocurre es que por la manera que tomó la discusión sobre el tema de las devoluciones se generó una expectativa de volúmenes de devolución que no correspondía a lo que un número importante de afiliados iban a recibir”.
El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), acusó que “para una persona, a la que le están diciendo que le van a devolver de $1.000 o de menos de $1.000 pesos, es insultante”.
Encontrón entre La Moneda y Senado
La tramitación de la ley corta se alojó principalmente en el Senado donde la iniciativa presentada por el Ejecutivo se fue moldeando en la Comisión de Salud y luego en la mixta entre ambas cámaras que se estableció a propósito de las divergencias que se suscitaron en torno al proyecto.
En ese sentido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, alojó la responsabilidad del plan presentado por las isapres en el Legislativo señalando que “lo que se terminó de aprobar no era la propuesta original del gobierno, nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo que solicitaba el Parlamento respecto a los plazos”.
“Lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios, y también en comisión mixta, que solicitaron ampliar los plazos”, advirtió la secretaria de Estado.
La respuesta desde el Senado no tardó en llegar. Los senadores integrantes de la comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), Javier Macaya (UDI), Sergio Gahona (UDI), y Francisco Chahuán (RN) citaron un punto de prensa durante la tarde del lunes para refutar a Vallejo.
“Nos sentimos profundamente indignados de que se diga que los problemas de los irrisorios pagos y devoluciones que están ocurriendo hoy día en el sistema pudieran ser responsabilidad del Poder Legislativo, como incluso lo dijo la vocera”, partió fustigando Castro, presidente de la Comisión de Salud.
Y acotó: “Aquí hay que ser taxativos; han pasado seis meses desde que han tenido a la vista los miembros del Consejo Consultivo de Salud, nominado a propuesta del Ejecutivo, y luego la Superintendencia de Salud. Ellos le dieron el okey a estos pagos irrisorios. Entonces, parece increíble que se trate de echarle la culpa al Congreso de los males, cuando en la práctica aquí hubo un grado de compromiso directo del Ejecutivo al tomar vía consejo consultivo y después un proceso de visación final a todos los planes de ajuste”.
Macaya, en tanto, aludió a la atribución exclusiva que tiene el Ejecutivo para presentar iniciativas en materia de seguridad social, por lo que la principal responsabilidad de la confección de la ley recaería en el gobierno.
“Nosotros propusimos soluciones diferentes. ¿Qué hizo el gobierno? Nos mandó al Tribunal Constitucional (...) Hoy el gobierno trata de deslizar la responsabilidad del Congreso, cuando el que interpreta y aprueba los planes de pago es el superintendente y de salud que es un funcionario del Ejecutivo”, emplazó el parlamentario UDI.