En diciembre de 2018, gran parte de la ciudad de Arica vivió días complicados cuando más del 71% de los hogares quedó sin agua potable.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema afectó a más de 45.000 clientes de la empresa Aguas del Altiplano y, en algunos casos, la falta de suministro duró hasta 52 horas.

La situación generó un gran malestar entre los vecinos y obligó a las autoridades a distribuir agua de emergencia para evitar problemas mayores.

Según se descubrió más tarde, el corte ocurrió porque uno de los generadores eléctricos de respaldo en la planta de tratamiento de Lluta, clave para la producción de agua, no funcionó como debía durante un corte de luz en la ciudad.

Aunque la empresa aseguró que el equipo era nuevo y tenía mantenimiento al día, esto no evitó la falla.

Además, argumentaron que el problema fue un caso de fuerza mayor, algo que no podían prever ni controlar.

Sin embargo, las autoridades no estuvieron de acuerdo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) determinó que Aguas del Altiplano no tenía un plan adecuado para manejar este tipo de emergencias y, por lo tanto, la multó con 90 unidades tributarias anuales (más de $71 millones).

La empresa decidió apelar la multa y llevó el caso a los tribunales.

El Noveno Juzgado Civil de Santiago revisó el caso y decidió mantener la multa. La jueza Cecilia Castro concluyó que la empresa, como responsable del servicio de agua potable, debía garantizar el suministro incluso en casos de emergencia.

Aunque los cortes de luz son imprevisibles, señaló que no son imposibles de manejar, y que Aguas del Altiplano no tomó todas las medidas necesarias para evitar el problema.

Además, el tribunal consideró que un corte de agua que afecta a la mayoría de los habitantes de la ciudad pone en riesgo la salud pública, lo que agrava la situación.

Con esta decisión, la multa queda firme y la empresa deberá pagarla, además de asumir los costos del juicio.