Una joven con un diagnóstico grave de trastorno límite de personalidad y antecedentes de intentos de suicidio, ingresó al Hospital San José a finales de agosto de este año tras haber tomado una gran cantidad de medicamentos en un intento de quitarse la vida.

A pesar de haber recibido atención médica inicial para estabilizarla, su padre se preocupó profundamente al saber que los médicos planeaban darle el alta sin garantizarle el tratamiento especializado que su condición requería.

Según los informes médicos, esta joven necesita un cuidado intensivo, pero la falta de camas y recursos en el hospital complicó la situación.

Ante este panorama, su padre presentó un recurso de protección para evitar que la alta se concretara.

Argumentó que su hija estaba en riesgo y que darla de alta sin un plan adecuado de atención podría poner su vida en peligro.

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió respaldar al padre y acogió el recurso. El tribunal determinó que el hospital no podía dar de alta a esta joven hasta que se asegurara su traslado a un centro donde pudiera recibir el tratamiento necesario, como terapia cognitivo-conductual y apoyo psiquiátrico especializado.

Además, el fallo calificó la decisión del hospital como arbitraria, señalando que vulneraba el derecho de la joven a la vida y a recibir una atención médica adecuada.

Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esta decisión y ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte gestionar de inmediato el ingreso de esta joven a un lugar donde reciba el tratamiento necesario para su rehabilitación.