Mauro Basaure, director del Área de Ideas Políticas de Chile XXI y columnista de La Segunda escribe en este diario un artículo en el que descalifica al presidente Boric, por “…el pecado original de haber trasgredido el principio del mérito político” (26-11-2024).

Boric no cumpliría con “los requisitos mínimos del mérito político”, por su falta de experiencia y conocimientos para ejercer el cargo presidencial, lo que además explicaría una “mala evaluación de su gobierno”.

Entonces, no sería suficiente la trayectoria de Boric como dirigente estudiantil, presidente de la FECH, creador del Frente Amplio, diputado, y elegido a la presidencia con una elevada votación. Tampoco parecería meritorio que, a la cabeza de su generación, haya sembrado la semilla que culminó en la masiva rebeldía ciudadana de octubre 2019, cuestionadora del sistema neoliberal.

Sorprende que esos antecedentes no alcancen a Basaure como requisitos mínimos para optar a un alto cargo de gobierno. Porque difícilmente se puede sostener falta de experiencia y conocimientos, con la trayectoria política de veinte años del actual presidente. Se necesitan pruebas adicionales. Y, como no las tiene, el articulista no encuentra más alternativa que sostener su crítica basada en la edad del presidente. Es lo que hace, aunque diga por ahí que la edad no es un problema en política.

Y, aunque sostenga que la edad no es un problema en política, en los hechos, el articulista no tiene más alternativa que sostener su crítica basada en la edad del presidente. No lo hace directamente, sino de forma oblicua.

Ello explica que considere como buenos referentes de “mérito político” a los líderes chinos, a los senadores de la antigua Roma e incluso a los decanos universitarios.

O sea, ante la imposibilidad de demostrar la falta de experiencia y conocimientos (tampoco falta de talento y esfuerzo) del actual presidente, la edad (el lento fuego del tiempo) se convierte en el fundamento del “mérito político” y, de hecho, el componente central para cuestionar al gobernante.

Su conservadora tesis olvida, por ejemplo, los buenos gobiernos de las muy jóvenes primeras ministras de Finlandia y Nueva Zelanda. Y, en su sesgo analítico, también olvida que personas de mayor edad y de larga trayectoria política, como los expresidentes Piñera y Bachelet, en la mitad de sus gobiernos, tuvieron una evaluación gubernamental bastante inferior a la que ha alcanzado el actual presidente. Entonces, la edad asociada al “mérito político” resulta muy discutible.

Por otra parte, la afirmación económica-social del académico de la Universidad Andrés Bello también es frágil. Se equivoca al sostener que el “estancamiento del país” se origina en el gobierno actual, porque es evidente su larga data. Es resultado del agotamiento de una estrategia de desarrollo, que nació en el régimen de Pinochet y que permaneció durante la transición. Es lo que en parte explica el interés de sectores del socialismo de impulsar una segunda renovación, ante el fracaso de la primera.

Su análisis crítico del presidente tampoco considera el brutal cerco opositor que ha impedido al gobierno materializar las reformas estructurales prometidas en su programa, las que han sido sistemáticamente bloqueadas o morigeradas en el Parlamento (la reforma previsional, de la salud y el cambio en el régimen impositivo).

Aun así, las afirmaciones de “mala evaluación del gobierno” o de “estancamiento” debieran moderarse al revisar, con objetividad, los avances gubernamentales en favor de la ciudadanía, entre los que destacan: las disminución a 40 horas de trabajo; el pago parental por pensiones de alimentos; la ampliación del SUF; la elevación del salario mínimo; el copago cero en Fonasa; la estrategia nacional del litio; los avances en hidrógeno verde; el royalty de la gran minería para favorecer a regiones y comunas del país; la modernización del transporte de trenes; la profundización de los derechos de las mujeres; la adhesión al Acuerdo de Escazú; y, los denodados esfuerzos y recursos para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia.

Así como la competencia meritocrática se ha instalado como una ideología que, mediante la apariencia de justicia social, reproduce a las elites dominantes, el “mérito político” de Basaure intenta descalificar el legítimo derecho de las nuevas generaciones a asumir posiciones de liderazgo.

Ni la competencia de títulos profesionales ni la edad definen el liderazgo político en un país. Sólo la ciudadanía, con su voto democrático, otorga el mejor mérito de quien debe gobernar y es la que juzga sus políticas.