Borrar el criterio de que la “confianza legítima” se adquiere a los dos años, fue una de las primeras determinaciones que tomó Dorothy Pérez cuando asumió como titular de la Contraloría General del República (CGR) tras ser ratificada por el Senado. 

El criterio había sido establecido por el excontralor Jorge Bermúdez, y decía relación con que los trabajadores públicos bajo la modalidad contrata tenían derecho a renovar sus vínculos laborales si es que se les prorrogaba por más de dos años consecutivos. 

Sin embargo, apenas entró Pérez, ese criterio cambió. La contralora dio la instrucción de que no se emitiera dictamen respecto a la confianza legítima dejando en manos de tribunales la materia, situación que remeció al sector público.

Ahora, con un proyecto de ley, el oficialismo busca doblegar el “criterio Pérez” y establecer por ley la confianza legítima. 

En concreto, se trata de un proyecto presentado por los diputados Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS), que apunta a “asentar en nuestro ordenamiento jurídico que el principio de la confianza legítima se entenderá constituido cuando el respectivo contrato ya se haya prorrogado por segundo año consecutivo, sin que lo anterior implique perjuicio alguno a la carrera funcionaria de las y los empleados públicos”. 

La iniciativa sorteó su primera valla al ser declarada admisible luego de que el Partido Republicano reclamara por supuestamente ser inconstitucional. Así, pasó a la Comisión del Trabajo donde será tramitada. 

“Este proyecto de ley pasó la primera barrera, pasó el primer obstáculo que le colocó la derecha y los republicanos que pidieron que fuera declarado inadmisible porque afectaba el financiamiento del Estado”, destacó el diputado Soto sobre la votación. 

“Es una señal alentadora para la función pública y para la defensa de las conquistas de los trabajadores y trabajadoras públicos, y también un freno a la precariedad que es la amenaza que está contenida en este dictamen de la Contraloría que deriva a los tribunales la resolución de la confianza legítima”, acotó el diputado Cuello. 

El cuestionado rol de Pérez

Como un mal precedente de cara a los ocho años que durará su gestión, calificaron diputados del oficialismo la determinación de Pérez de dejar sin piso el criterio Bermúdez que establecía en dos años la confianza legítima. 

Luego de ser nombrada por el Presidente Gabriel Boric, Pérez debió enfrentar al Senado para ser ratificada en el cargo. En esa instancia, la contralora ya había adelantado su parecer respecto a la confianza legítima tema que preocupaba a la derecha. 

“Creo que se trata de una materia —la confianza legítima— que a esta altura se ha vuelto litigiosa, porque son tantas las causas que se han presentado ante los tribunales superiores de justicia en esta materia”, dijo Pérez ante la consulta de la senadora Luz Ebensperger (UDI), acotando que “corresponde que la Contraloría se abstenga en ellas”.

Consultado por El Desconcierto, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tomás Hirsch (AH), destacó la iniciativa y reparó en el precedente que marcó Pérez en esta pasada. 

“Es lamentable el dictamen de Contraloría porque claramente va en dirección contraria a lo que se requiere, que es fortalecer los derechos de las y los trabajadores de nuestro país. Y por lo mismo me parece que este es un proyecto necesario, porque hay que rectificar, y el único modo para hacerlo es a través de una ley”, sostuvo el diputado. 

Respecto al criterio establecido por Pérez, el diputado manifestó que “me parece grave que asumiendo su cargo, una de sus primeras acciones sea un dictamen que claramente debilita los derechos de los trabajadores y los pone en riesgo que es lo m lejano a lo que uno podría aspirar en la construcción de un país con instituciones sólidas, serias y que velen por la protección de los trabajadores”. 

Y acotó: “Fue un dictamen que nos sorprendió y decepcionó. Evidentemente esto hace que uno encienda las alarmas por cuanto uno esperaría de un organismo como es la Contraloría que no la utilice en sus dictámenes de un modo que termine afectando a los trabajadores de nuestro país”.

Tensión entre Contraloría y trabajadores del sector público

La iniciativa que busca reponer el criterio se da justo en medio de la tensión entre la Contraloría y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). 

La organización de trabajadores, junto a la CUT y la Mesa del Sector Público, convocaron un paro nacional a raíz del polémico dictámen de Pérez y en consideración de que este viernes 29 de noviembre las reparticiones públicas deben informar sobre renovaciones de contratos. 

“Rechazamos el dictamen de la Contralora General de la República sobre la Confianza Legítima que deja en un estado de vulnerabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores del Estado”, advirtieron desde la ANEF a la vez que se emplazó al gobierno a tomar cartas en el asunto: “Exigimos al gobierno que cumpla con los compromisos de la agenda laboral”.