El reciente rechazo del presupuesto 2025 para el programa Chile Crece Contigo, administrado por la Subsecretaría de la Niñez, ha suscitado un intenso debate en torno a la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas en Chile.

Este rechazo no solo evidencia interrogantes sobre el compromiso del Estado con la niñez, sino que también refleja una falta de alineación con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), políticas y leyes nacionales que buscan garantizar estos derechos.

Contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño

La CDN, ratificada por Chile en 1990, establece que los niños son sujetos de derechos y que su interés superior debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten. Esta convención manifiesta la importancia de garantizar el derecho a ser escuchados, lo que implica que las voces de los niños y niñas deben ser tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas que les impacten.

La decisión de rechazar el presupuesto destinado a un programa clave para el desarrollo infantil contradice este principio, ya que limita las oportunidades para atender las necesidades y derechos de los niños y niñas.

Ley de Garantías y Protección Integral

La Ley 21.430, conocida como Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de Niñez y Adolescencia, refuerza este marco normativo al reconocer explícitamente a los niños como sujetos de derechos y al establecer un sistema que promueve su participación activa en la sociedad.

Esta ley mandata al Estado a adoptar medidas concretas para asegurar el bienestar infantil y a garantizar que se escuchen sus opiniones. El rechazo del presupuesto puede interpretarse como un retroceso en el cumplimiento de estas obligaciones legales, lo cual es preocupante dado el contexto social actual donde muchos niños enfrentan vulnerabilidades significativas.

Crítica a Sectores Conservadores

Adicionalmente, la discusión sobre el programa Chile Crece Contigo ha estado marcada por críticas provenientes de sectores más conservadores, especialmente respecto al Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Estos sectores argumentan que tal apoyo podría socavar valores familiares tradicionales y promover una agenda ideológica que no representa a toda la sociedad.

Sin embargo, es crucial recordar que la CDN y las leyes nacionales no solo protegen los derechos básicos de todos los niños, sino que también abogan por su derecho a una identidad plena y libre de discriminación. La inclusión y el respeto por la diversidad son fundamentales para construir una sociedad equitativa donde todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente.

El rechazo del presupuesto para Chile Crece Contigo plantea serias preocupaciones sobre cómo se priorizan las necesidades infantiles en las decisiones políticas. Las normas internacionales y nacionales establecen un marco claro para proteger los derechos de los niños y niñas, pero su implementación efectiva depende del compromiso político y social.

El presupuesto es una oportunidad clave para avanzar en políticas enfocadas al pro-cuidado y pro-familia, como el programa Chile Crece Contigo, que debe ser respaldado por todos los sectores políticos comprometidos con la protección de las familias y el bienestar de la niñez; si realmente hay voluntad política para apoyar a las familias, el presupuesto debe reflejar medidas concretas para el cuidado.

Es urgente priorizar el bienestar de la niñez sobre las agendas ideológicas, asegurando de esta manera una sociedad más justa donde todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades.

La inversión en programas que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas no solo es un imperativo ético, sino también es una estrategia esencial para construir un futuro más equitativo y justo, donde cada niño y niña reciba el apoyo necesario para crecer en un entorno seguro y amoroso, con sus derechos plenamente respetados.