Crecimiento económico, desigualdad extrema y bloqueo antidemocrático.

La dictadura refundó el país de la mano de una minoría oligárquica, que se valió de los militares e instaló un determinado modelo económico, social y político, el que quedó bien resguardado por la Constitución y más de 20 leyes de amarre.

Con los gobiernos democráticos se inician 10 - 15 años de crecimiento económico que triplicaron el ingreso per cápita y disminuyeron la pobreza desde cifras superiores al 40% de la población, al 14%. Una economía pujante en donde parece no caber una revuelta.

El periodo de crecimiento termina alrededor del 2010, cuando ya la sociedad muestra disparidades alarmantes, que no están presentes en los indicadores macroeconómicos, pero si en la vida cotidiana de las personas. Y allí está el primer problema, en la vida cotidiana.

Hasta esa fecha el modelo generaba dos cosas: crecimiento económico y concentración del ingreso y la riqueza. Desde el 2010 ya no genera el crecimiento anterior, pero sigue generando la misma concentración. El 1% concentra el 49% de la riqueza y el 33% de los ingresos, al punto que somos el país más desigual de América.

Los bancos, las Isapres, las AFP, tienen utilidades millonarias (en las AFP $1.200 millones diarios). En la otra vereda, para el 2019 la mitad de las personas que trabajan tiene sueldos inferiores a $400.000 y hay seis millones de personas morosas en el sistema financiero. Las pensiones autogeneradas son miserables, el 50% de las pensiones pagadas el 2020 es inferior a $174.000 (Fundación Sol). Hemos confundido el crecimiento con el desarrollo, El crecimiento por sí solo, no considera la equidad y la sostenibilidad (Joseph Stiglitz).

En paralelo a esta brutal desigualdad, un bloqueo permanente de los conservadores en el parlamento no ha permitido reforma alguna de importancia en pensiones, salud, educación, leyes laborales, durante 30 años y hasta el día de hoy. El modelo no se toca. Para subir las pensiones, es el Estado que financia los aumentos en Bachelet I, y el sistema de AFP permanece incólume. Los defensores del estatus están atrincherados en la Constitución y las leyes de amarre con sus altísimos quórum, mientras la caldera ya está encendida el 2019 y se acumulan demandas no atendidas.

La dictadura inicia un proceso de desmovilización y de despolitización de la sociedad, proceso que no se detiene con la recuperación de la democracia. Allí está el segundo problema. Este fenómeno se acentúa, porque se desmovilizan y se despolitizan también los partidos políticos, que se convierten en empresas electorales.

Los llamados a mediar las demandas de la sociedad, dejan paulatinamente de representar a sus representados, son presas también del individualismo reinante y dejan de acometer acciones colectivas. Los partidos de la recuperación democrática se convierten en partidos desmovilizados y despolitizados, vaciados de contenido histórico y desatienden las angustias de la vida cotidiana.

Esperanzas frustradas, deslegitimidad y violencia

Cuando los cotizantes del nuevo sistema previsional comienzan a pensionarse y recibir pensiones miserables, la elite económica y política no se inmutó. Los seis millones de morosos del sistema financiero, clase media y media baja, quienes endeudados no llegan a fin de mes y sobreviven con muchas carencias, no están entre las preocupaciones de la elite, pero son los que llenaron las calles y plazas durante el estallido.

El sistema de salud público que atiende al 85 % de la población se encuentra colapsado, pero ha sido imposible crear un fondo único de salud, las Isapres tampoco se tocan. Los estudiantes universitarios, que ya superan el millón gracias a las universidades privadas, se han endeudado en el CAE y al terminar sus estudios trabajan en cualquier actividad porque no hay puestos acorde a sus estudios.

Estas esperanzas frustradas en sectores medios y populares se agudizan con la corrupción y abusos de empresas, sacerdotes, políticos, militares y carabineros. El descrédito es total, vota solo el 35% de los inscritos en elecciones municipales del 2016, la democracia presenta serios forados y le está entrando agua.

El sistema político e institucional, trabado hace treinta años se desmorona, no es capaz de procesar el conflicto y encauzar las demandas, hay una desconexión de la política y la elite respecto a los ciudadanos y sus problemas cotidianos. Se vive un proceso de deslegitimación de las instituciones y sus líderes, los que han caído en el descredito y ya no generan legítima adhesión o respeto entre los ciudadanos.

La cohesión social se ha resentido gravemente en un proceso de años, es el tercer problema, y el que origina la violencia. Hay sectores que no se sienten parte de la fiesta del crecimiento y se perciben a sí mismos como fuera de la comunidad, no están invitados. De revolucionarios no tienen nada, pero sí hay una frustración colectiva.

La tensión social se ha acumulado en virtud del bloqueo conservador, el 2019 la caldera tiene ya todos los elementos para explotar, bastaba una chispa y esa chispa se llamó “saltar el torniquete”. No nos extrañemos, las más grandes revoluciones sociales de la historia, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, se iniciaron con el alza del precio del pan.

Los actores de la violencia tienen dos vertientes principales, ambas ligadas a la frustración. Primero el abandono de la educación pública por parte del Estado y sus colegios convertidos en guetos educacionales. Con la reforma de la dictadura, el que podía pagar se fue a los colegios subvencionados, facultados para cobrar un copago. Solo los más pobres se quedaron en los liceos públicos, allí quedaron abandonados en sus instalaciones paupérrimas, con ventanas sin vidrios y baños insalubres.

Allí, bajo administración municipal, si los alumnos dejaban de asistir a clases a nadie el importaba, salvo a los narcos para reclutar “soldados”. Si llegaban a terminar la enseñanza media, solo obtenían trabajos precarios. Segundo, los matriculados universitarios llegaron a superar el millón de alumnos gracias al negocio universitario mercantil, lo que la elite mostraba con orgullo como muestra del nuevo Chile.

Cuando terminaban, amen de endeudados con el CAE, no encontraban trabajo acorde a sus estudios porque el país no había desarrollado oferta laboral para tanto nuevo profesional, solo había facilitado el nuevo negocio educacional sin regulación. Como efecto de este negocio, mientras la matriz de empleo para directivos y profesionales ha variado alrededor de un 15% entre 1982 y 2019, la matrícula universitaria se ha sextuplicado pasando de 200.000 a más de 1.200.000 matriculados en el mismo periodo (Canales M., 2022).

Estas cifras dejan perplejo a cualquiera, menos a la elite dirigente y los partidos políticos despolitizados. La frustración y encono ante esa promesa de inclusión y movilidad no cumplida es brutal para aquellos miles de jóvenes y sus familias. Es la vida cotidiana, que la elite desconoce.

De modo que no hay que buscar entre agentes extranjeros, o frente amplistas y comunistas a quienes salieron a destruir semáforos, incendiar el Metro, y saquear supermercados. Están entre los abandonados de la educación pública, y los universitarios y técnicos con cartones inútiles (69 % de deudores del CAE tiene ingresos inferiores a $ 750.000), los que sienten que no pertenecen a nada, los sin esperanzas, los que no fueron invitados.

Así se genera la grave pérdida de cohesión social, en un proceso que se inicia en dictadura y termina en violencia. Si agregamos, sectores anárquicos, barras bravas, bandas narcos, y agentes encubiertos (un marino entre los manifestantes, punto nunca aclarado) tenemos el país incendiado. Los principales responsables están en la oligarquía dominante y su exorbitante poder económico, que junto a la derecha política han bloqueado por treinta años los cambios sociales.

En una próxima columna, una reflexión final sobre qué nos dejó el estallido, sus consecuencias históricas. Y veremos que no es poco.