Hace unos días la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, oficializó una declaración pública en la que se refirió a algunas materias de interés respecto de países como Cuba y Venezuela.

“La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, una instancia de colaboración y coordinación (...) integrada por organizaciones de derechos humanos de América, Europa y África, desea expresar su satisfacción por la amplia votación obtenida por el Proyecto de Resolución votada el miércoles 30 de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas, titulada ‘Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’”, se lee en el inicio de ella.

Según expresa la organización, esta acción “se reafirma en la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales”.

En este contexto, recalca el comunicado, “la Asamblea General de Naciones Unidas demandó con una contundente mayoría, el fin del embargo impuesto hace más de seis décadas por Estados Unidos sobre Cuba”.

“De los 190 países que participaron en la votación, sólo Estados Unidos e Israel, votaron en contra. Moldavia se abstuvo. La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos desea reiterar que las medidas coercitivas unilaterales constituyen un crimen contra la Humanidad que, al igual que en el genocidio en curso en Gaza, el sistema de Naciones Unidas ha resultado ineficaz para poner término a estos graves crímenes internacionales”, agrega el documento.

“Urge una profunda reforma al sistema”

Paralelamente, complementa la declaración, “año a año, la comunidad internacional organizada demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, pero sus resoluciones no son acatadas por los sucesivos gobiernos norteamericanos”.

Frente a este escenario, argumentan desde el colectivo pro derechos humanos, “urge una profunda reforma al sistema que permita cumplir cabalmente con los propósitos para los cuales fue creado”.

Cabe recordar, “que el 26 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 27/21 sobre derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales”, detalla la organización, contexto en el que este “subraya que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, y destaca que, a largo plazo, estas medidas pueden dar lugar a problemas sociales y suscitar preocupaciones humanitarias en los Estados a los que se dirigen”.

Próximamente, enfatiza la declaración, “la Asamblea General de Naciones Unidas deberá pronunciarse sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, contra Venezuela”.

Venezuela, sometida a sanciones desde hace casi 20 años

“Esperamos una votación similar”, dice la declaración apuntando a la expectativa existente respecto del país liderado por Nicolás Maduro.

“Venezuela ha estado sometida a sanciones estadounidenses desde 2005, pero de manera más intensa a partir de 2015”, recalca el escrito detallando que, “entre 2019 y 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso un embargo petrolero, una prohibición general de todos los tratos con Caracas, y cerró la importación de combustible y diluyentes y los acuerdos de intercambio”.

Además, agregan desde la Plataforma, “Washington impuso sanciones secundarias y una serie de otras medidas, como la congelación o incautación de varios activos venezolanos en el extranjero”.

Y, “en febrero 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, instó a los Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados, a levantar las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela, y expresó que las sanciones han exacerbado las situaciones económicas preexistentes y han afectado dramáticamente a toda la población de Venezuela, especialmente”, complementa la declaración.

“Pero no sólo a los que se encuentran en situación de extrema pobreza, a las mujeres”, advierte el colectivo, “a los niños, a los trabajadores de la salud, a las personas con discapacidades o con enfermedades crónicas o potencialmente mortales, y a las poblaciones indígenas”.

Actualmente, se lee en la parte final de la declaración, “pesan sobre Venezuela 930 medidas coercitivas unilaterales”.

En consecuencia, desde la entidad se hace “un llamado a las organizaciones de derechos humanos del planeta a promover un sistema internacional que proteja verdaderamente los derechos de los pueblos y los individuos frente a los abusos de los Estados, en el marco de un nuevo orden mundial más justo e inclusivo, que termine con la hegemonía de Estados Unidos cuya conducta permanente contraviene el derecho internacional y el anhelo mayoritario de Paz y de una sana convivencia internacional”.