Entre un silencio ensordecedor, su primer decreto que deja en manos de tribunales los plazos requeridos para pasar de contrata a planta y manifestaciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales que critican esta determinación, asumió oficialmente como nueva contralora la abogada en derecho administrativo, Dorothy Pérez.

La asunción de la nueva jefa de la Contraloría General de la República, que contó con la mayoría irrefutable del Senado para su ratificación, no ha estado exenta de polémica, y es que Pérez ha cultivado un perfil hermético pero controvertido desde su llegada como subrogante al tribunal de cuentas en reemplazo de Jorge Bermúdez.

Ya en ese momento, a comienzos de este año, la que ahora se convierte en la primera mujer en el cargo por los próximos ocho años comenzó con algunas reformas al interior de la entidad en miras a su modernización, siendo una de ellas la eliminación de uno de los emblemas de Bermúdez: el personaje Contralorito.

Investidura de la nueva contralora en completo hermetismo

Así, durante la jornada de este jueves y sin entregar declaraciones a los medios de comunicación, el Presidente Gabriel Boric recibió en las dependencias del Palacio de La Moneda a la nueva cabeza del ente fiscalizador quien aseguró a la interna estar comprometida con el organismo y con los funcionarios públicos.

Por su parte, este viernes y nuevamente sin acceso a la prensa, en el edificio del órgano supervisor se llevó a cabo la ceremonia de inicio de mando en compañía del mandatario, los ministros de Estado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco y la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi.

En la instancia solemne, la nueva autoridad se refirió a los elementos centrales de la visión institucional que regirá su trabajo en los ocho años de mandato, que serán "el resguardo de la juridicidad, la tutela de la prioridad administrativa y el control del cuidado y buen uso de los recursos públicos".

Las definiciones de Pérez para los próximos ocho años de mandato

Pérez detalló las líneas de acción de las cuatro funciones constitucionales de la Contraloría: la fiscalización, la función jurídica, la contable y la jurisdiccional, y afirmó que van a "utilizar nuevos instrumentos más versátiles tecnológicos y expeditos para poder entregar resultados más oportunos al país".

"Primero, incorporaremos masivamente en toda la Contraloría una revisión previa de admisibilidad (...) En segundo lugar, estamos haciendo el levantamiento de nuestros procesos jurídicos para detectar etapas o trámites internos que puedan ser ineficientes y allí materializar las mejoras", prometió.

Asimismo, aseguró que se compromete "a trabajar con todas mis fuerzas y a estar siempre pronta para incorporar sus mejores ideas, y quiero ser humilde para recibir todos los consejos y todos los apoyos bienintencionados de cada funcionario y funcionaria que quiera aportar con su experiencia y con sus conocimientos a esta gran tarea".

Sin embargo, la investidura no pasó desapercibida para los trabajadores fiscales reunidos en la ANEF, quienes llegaron hasta dichas instalaciones para manifestar su oposición al primer dictamen de Pérez en lo que respecta a dejar en tribunales la última palabra sobre el tiempo en el que un trabajador puede ganarse la "legítima confianza" antes de la renovación de los contratos desde honorarios a planta.

Funcionarios de la ANEF en estado de alerta

Sobre esto mismo, el presidente de la agrupación, José Pérez, dijo que la decisión "es una situación que nos golpea y afecta a la estabilidad del empleo en el Estado de Chile, en particular para nuestro sector que hoy día tenemos muchas personas que ejecutamos las políticas públicas y son honorarios y son contratas, contratos temporales".

"Todos los años nos van renovando los contratos y quedamos supeditados. Obviamente lo hace cada autoridad, la evaluación de desempeño. Pero esa evaluación está asociada también a que eliminamos la forma en que no sea un botín político (...) cuando llega un gobierno de turno", agregó el líder gremial.

Asimismo, comentó que "la 'confianza legítima' para nosotros era un factor estratégico, y lo que ha hecho la señora contralora hoy día proclamada por amplia mayoría del Congreso Nacional y propuesta por el Gobierno, nos parece que (...) está atentando contra la dignidad de las personas y principalmente para los funcionarios públicos".

"Eso lo hemos rechazado categóricamente, por eso es que estamos en contra (...) Le manifestamos también al Ejecutivo y le advertimos que la persona que hoy día están nominando ya tenía dictámenes en contra los trabajadores y el mundo sindical", acusó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

En esa línea declaró que esperan que "la contralora recapacite. Tiene 8 años de mandato, pero si va a entrar con esta predisposición de anular aquellos derechos que están vinculados con los derechos fundamentales, con los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos, nos parece violento"

El dirigente complementó con que la acción es un "maltrato que no nos merecemos. Nosotros tenemos condiciones precarias. No tenemos indemnización por años el servicio, cuando nos despiden quedamos sin seguro de cesantía. Esa es la realidad dura del colegio".

El plazo para la "legítima confianza" en manos de los tribunales

La cabeza de la asociación sindical sostuvo que este dictamen "precariza aún más las contrataciones del Estado. Hoy día lo que tenemos es que la señora contralora dijo 'vayan a la justicia'. (Pero) la justicia hoy día, los fallos de los tribunales son de 5 años, los cuales reconocen la condición temporal de los contratos del Estado".

"Acá tenemos una vía administrativa: la anuló por dos años. Eso significa que cada dos años, las posibilidades de tener tranquilidad laboral para ejecutar una buena política pública hoy día se ponen en tela de juicio, y lo que ha hecho es de alta gravedad", criticó.

En ese sentido, la dirección de la ANEF no descartó ampliar sus movilizaciones. "Por eso nosotros estamos en estado de movilización aquí en Santiago y en todo el territorio nacional, y vamos a seguir en este plano. Queremos que esto se resuelva. Tenemos una alternativa, quizás desde el punto de vista legal", puntualizó.

De acuerdo con Pérez, esto es una prioridad "porque ahora viene la renovación de los contratas, hay cambio en los gobiernos locales, municipales, regionales, donde muchos compañeros (...) hoy día están preocupados, están angustiados porque este dictamen era una posibilidad cierta de reconocer la trayectoria laboral en el Estado".

"Son casi el 70% en condición contrata, lo que no es menor. Entonces hoy día tenemos esta amenaza... Ya no es una amenaza, es un acto concreto (en el) que la señora Dorothy creo que se equivocó", precisó.

"Nosotros ocupamos los instrumentos que tenemos desde el mundo sindical. Hoy día es un llamado de alerta, movilización permanente, ascendente y por supuesto, si hoy día en nuestra estructura sindical hay movilización como huelga, también estamos disponibles. Lo hemos hecho...", concluyó.