Hace unos días, TECHO-Chile dio a conocer su preocupación por los resultados de un informe de elaboración interna de esta entidad, que revela que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del gobierno para enfrentar el déficit en este ámbito en nuestro país, alcanza 31% de avance en la intervención de campamentos, a menos de dos años de su estipulada fecha de término .

Específicamente, esta estrategia busca materializar 260.000 viviendas entre 2022 y 2025, atendiendo a las necesidades de las familias que viven en condiciones de extrema precariedad en campamentos, aunque según antecedentes recabados por esta organización, de los 1.364 que consideran los planes “Construyendo barrios” y “Gestión habitacional”, solo 422 se han intervenido.

Incluso, apenas 24% de las intervenciones han finalizado, mientras diversos proyectos todavía están en etapas preliminares de diagnóstico o diseño, lo que se traduce en que 942 comunidades todavía esperen que el Estado les dé curso. 

Paralelamente, y atendiendo a este contexto, la fundación evidenció su preocupación por la disminución del 46% en los recursos que se destinan a campamentos en el presupuesto 2025 del Ministerio de Vivienda.

Respecto de los dos programas del PEH, se reporta que apenas uno de cada cuatro campamentos se han intervenido, constatándose que la mayoría de ellos apenas se encuentra en etapa inicial.

"Resulta muy preocupante"

Por otra parte, el informe de TECHO también alude a la lentitud con que avanza esta estrategia en regiones, caso de Coquimbo y Maule, donde solo se ha intervenido un campamento de los 23 planificados, y dos de los 29 considerados, respectivamente. 

Y en Aysén y Magallanes, pese a registrarse índices de ejecución más elevados, (62,5% y 50%), la intervención se ha efectuado en un número reducido de este tipo de emplazamientos habitacionales.

Una realidad que llevó a TECHO a hacer un llamado a la autoridad central a mejorar las condiciones de vida de las más de 113.000 familias alrededor del país, que habitan en situación de evidente precariedad habitacional, contexto en el que conversamos con Alejandra Cajas, subdirectora ejecutiva de la fundación, recalca que “resulta muy preocupante que, a poco más de un año de su finalización, el Plan de Emergencia Habitacional haya alcanzado tan solo 30,9% de avance en la meta de intervención en campamentos”. 

“A esto se suma que el porcentaje de intervenciones terminadas, es apenas del 2,4%, ya que en ambos planes se consideran como avances proyectos que todavía no están terminados o están en etapas iniciales, como diagnóstico o diseño”, sostiene.

En concreto, comenta, “esto significa que en aproximadamente 942 campamentos del país, aún están a la espera de que el Estado inicie su intervención”. 

Condiciones generan "una emergencia permanente"

Apuntando a la urgencia de que esta se materialice, Cajas asegura que “las familias que viven en campamentos, carecen de un acceso adecuado a agua potable, alcantarillado y electricidad”.

“Viven bajo condiciones de precariedad que afectan su salud, seguridad y calidad de vida, como el riesgo de enfermedades y la exposición a eventos climáticos, generando una emergencia permanente”, complementa dejando claro que es, en función de esta realidad que resulta “apremiante que el gobierno ponga acelerador a los programas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias que viven en asentamientos informales”.

Adicionalmente, la representante de TECHO comenta que el hecho de que “en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 se estén disminuyendo en 46% los recursos del programa del Ministerio de Vivienda dirigido a campamentos, solo refuerza la preocupante señal de que la problemática no es prioridad para el Estado”.

“El actual proyecto de Ley de Presupuesto 2025 disminuye en más de un 20% el presupuesto en personal y, además, se modifica toda la inversión que estaba haciendo el Programa de Asentamientos Precarios a través de las fundaciones a las municipalidades”, complementa.

Para lograr cambios profundos y eficientes, se requiere “no dejar fuera el trabajo en conjunto con las fundaciones, sino que elaborar nuevas lógicas para trabajar con ellas”, dice Cajas.

En consecuencia, plantea, “es urgente que los planes avancen de manera rápida y eficiente”.

Consecuencias "han llegado a ser mortales"

“Esto no puede seguir esperando, las consecuencias para las familias que siguen viviendo en condiciones extremas, han llegado a ser incluso mortales, en caso de incendios y aluviones”, insiste Cajas al tiempo que asegura que “el Estado debe establecer condiciones claras para que la sociedad civil pueda actuar de manera proba y eficiente, pero no sacarlos del juego y que así efectivamente se pueda aportar en las soluciones que necesitan las comunidades”.

Para la vocera de la fundación, “mientras se continúe destinando un porcentaje tan bajo de la política habitacional a hogares de campamento, la magnitud del problema solo continuará creciendo, haciéndose cada vez más inabordable para el Estado dar una solución”.


Considerando la urgencia a la que apuntan desde TECHO, relevando que el alcance del PEH debe ser proporcional a las características del déficit habitacional, Cajas comenta cómo debiera abordarse esta problemática.

“A partir de lo que vemos en nuestro trabajo (...) vemos que hay algunas acciones más inmediatas que se pueden tomar para enfrentar el crecimiento exponencial de familias en campamentos”, plantea.  

En primer lugar, sostiene, “debemos buscar la forma de aumentar la construcción de viviendas y habilitación para campamentos, porque desde 2019 están aumentado de manera explosiva”.

“El PEH se proponía reducir en un 40% el déficit habitacional en general”, pero “lamentablemente esa reducción no se ha visto reflejada en campamentos. Si se deja afuera a los campamentos, el déficit habitacional va a seguir aumentando", asegura al tiempo que dice que "debería haber cuatro veces más cupos de viviendas sociales para campamentos de los que hay hoy, además de seguir empujando las soluciones habitacionales adaptadas a sus necesidades y realidades”.

Soluciones temporales, otro foco relevante

En segundo lugar, recalca, “se debe poner esfuerzo en acelerar soluciones temporales porque la condición de las familias que viven en campamentos es crítica y no aguanta más”.

“Es imprescindible que el Estado y los actores involucrados aceleren los procesos", complementa.

Un abordaje que, releva, no debe hacerse "solo en términos de infraestructura definitiva, sino también mediante la provisión de soluciones temporales que mejoren las condiciones de vida mientras las obras avanzan".

Esto, dado que "la espera promedio para la entrega de proyectos de vivienda definitiva son 11 años".

Atendiendo a la urgencia, Cajas comenta cómo se está enfrentando esta desde TECHO. “Estamos trabajando en generar una batería de propuestas de soluciones habitacionales transitorias como albergues colectivos, arriendo a precio justo, extender programas a campamentos que actualmente solo se aplican a personas en situación de calle, como el programa ‘Vivienda primero’ y modelos sostenibles de  barrios transitorios, entre otras alternativas que se presentarán próximamente”, concluye.