Jaime Gajardo, cuando comenzó la semana del 14 de octubre, no imaginó que iba a terminar como nuevo Ministro de Justicia. Como subsecretario de la cartera su labor había estado abocada principalmente a la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y a prestar apoyo al entonces titular de la cartera, Luis Cordero, en el diseño de la nueva política carcelaria anunciada por el Ejecutivo en julio de este año. 

Sin embargo, la crisis provocada por la denuncia interpuesta contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cambió todo. 

Tras la salida de Monsalve, el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, resolvieron rápidamente lo que sería el diseño para encauzar la crisis y darle estabilidad al gabinete, nombrando a Luis Cordero como subsecretario de Interior, en razón a su buen desempeño como titular de Justicia y la importancia de tener a alguien con los pergaminos suficientes para de sacar a flote la repartición que, además, sufrió las bajas de Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete de Monsalve, y Ana lya Uriarte, asesora clave de interior. 

Por consecuencia, el Ministerio de Justicia quedó sin su ministro. Y el escogido para dar continuidad a la labor de Cordero fue precisamente Gajardo, militante del PC, quien fue su mano derecha desde que fue nombrado en enero de 2023. 

Los desafíos de Gajardo al mando de Justicia

Sin perjuicio de las esquirlas del caso Monsalve que deberá abordar como ministro de Justicia, puesto que el exministro habría incurrido en prácticas irregulares previo a la denuncia mandato a funcionarios de la PDI a hacer diligencias relacionadas al episodio de presunta violación, Gajardo deberá lidiar con dos importantes desafíos de su cartera: sacar adelante la reforma al sistema de nombramientos de jueces y encauzar la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial, en específico la Corte Suprema. 

La semana previa que estallara el caso Monsalve, el Congreso estuvo abocado a resolver las tres acusaciones constitucionales presentadas contra tres ministros de la Corte Suprema. En ese contexto, el Ejecutivo oficializó su propuesta para reformar el sistema de nombramientos, proyecto que ya inició su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. 

Consulado por El Desconcierto, el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) pone sus fichas al trabajo de Gajardo: “Tenemos una buena relación con el Ministro de Justicia, normalmente tenemos experiencia en el trabajo con el actual ministro quien antes se desempeñó como subsecretario. En lo personal tengo una buena impresión de su trabajo y vamos a seguir acompañando la tramitación del proyecto de sistema de nombramientos porque atiende el corazón de la crisis del Poder Judicial”.

Por su parte, la jefa de bancada Independientes-PPD, e integrante de Constitución, Camila Musante, asegura tener “altas expectativas sobre la gestión del nuevo Ministro de Justicia”, aunque hace hincapié en que se le exigirá poner “máxima urgencia en la tramitación de la reforma a los nombramientos”. 

Eso sí, la diputada enfatiza que Gajardo deberá hacerse cargo de las dudas que dejó la propuesta: “La exposición que hizo Cordero en su última semana como Ministro de Justicia sobre la reforma nos dejó poco conformes, por lo que creemos que sentimos que es un proyecto que se puede mejorar”.

Crisis en la Suprema y nombramientos

Tras la destitución de Muñoz y Vivanco, el máximo tribunal quedó con cuatro vacantes, las que deberán ser ocupadas por nuevos postulantes. No obstante, está el debate presente en el Congreso si es que el gobierno debe proceder con los nombramientos con el sistema actual, o esperar a que vea la luz la reforma. 

Por los mismo, Gajardo deberá decidir si llevar adelante los nombramientos en el Senado, previa confección de quina del Presidente Gabriel Boric.

“Si hay vacantes del poder judicial se debe seguir con el procedimiento actual de nombramiento. No soy partidario de necesariamente esperar el nuevo sistema existiendo vacante porque eso afecta el normal funcionamiento del poder judicial”, sostiene el diputado Calisto.

Dicha opinión, es contraria a lo señalado por Musante, quien afirma que el Ejecutivo no debería seguir adelante con nombramientos bajo el “sistema Hermosilla”.

“Las acusaciones constitucionales son una expresión de fallas que existen con las reglas hoy día que rigen al sistema de nombramiento y que permiten los telefonazos de Hermosilla. Si nosotros queremos acabar con eso y no llenarnos de nuevas acusaciones constitucionales, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego, no los jugadores”, sentencia.