El reloj marcaba las 10:58 AM cuando el senador Karim Bianchi tomó la palabra para referirse y revelar su voto respecto a la acusación constitucional que presentó la oposición contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. 

La intervención del senador independiente por Magallanes era una de las más importantes de la jornada debido a que con su voto, a favor o en contra, podía inclinar la balanza debido a la distribución de escaños en la Cámara Alta. Y aunque no se identifica con el oficialismo, Bianchi se ha cuadrado en el pasado con la alianza de gobierno en la mayoría de las votaciones importantes.

Sin embargo, en la previa de la sesión, el parlamentario había dado señales de que estaría por apoyar la remoción del ministro reconocido por ser “el más influyente” en el máximo tribunal del país desde el retorno a la democracia. Y así fue. 

En los ocho minutos que expuso, Bianchi dio sus razones para apoyar el libelo redactado y presentado en la Cámara por las bancadas de la UDI y RN, el cuál tenía como principal argumento para destituir al ministro la supuesta revelación de antecedentes sobre una causa reservada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, para supuestamente favorecerla en una inversión inmobiliaria. 

“A partir del conjunto de antecedentes múltiples, graves y concordantes he llegado a la conclusión de que el acusado sabía o debía haber sabido del interés patrimonial de su hija en relaciona  la causa referida —caso Fundamenta— y que a pesar de ello no se inhabilitó de conocerla”, apuntó Bianchi. 

Y añadió: “Con las conductas señaladas el acusado vulneró gravemente los deberes de imparcialidad y probidad que le eran exigible como ministro de la Corte Suprema”. 

Respecto al segundo capítulo del libelo acusatorio —que le imputaba a Muñoz no tomar medida respecto a la situación de su hija que siguió desempeñándose como jueza de manera telemática en Italia, pese a una norma que se lo impedía—, Bianchi aseguró: “Sergio Muñoz no tomó ninguna medida para informar a tribunales sobre esta situación. Y como ministro del máximo tribunal, Sergio Muñoz tenía la responsabilidad de actuar proactivamente en la defensa del principio de probidad, esto implica que al detectar  irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija en calidad de jueza de la República, tenía un deber de denuncia”

“Por esto, voy a acoger el primer y segundo capítulo de la acusación presentada contra el ministro Sergio Muñoz Gajardo”, cerró Bianchi sentenciando la destitución de Gajardo.

Debido al permiso constitucional que presentó la senadora Paulina Nuñez (RN) y con el voto de Bianchi y el senador Francisco Chahuán, el otro parlamentario que estaba en duda, la derecha logró la mayoría necesaria para destituir a Muñoz tras más de 42 años de carrera en el Poder Judicial. 

Finalmente, con la aprobación del primer capítulo de la acusación, que fue aprobado por 27 votos a favor, 2º en contra, y ninguna abstención, se resolvió la destitución de Muñoz. 

Cabe señalar que, la remoción del ministro del máximo tribunal, es la segunda desde el retorno a la democracia. El único precedente hasta el momento fue la destitución del Hernán Cereceda en 1993, cuando se aprobó una acusación en su contra por “notable abandono de deberes” tras haber traspasado la causa relacionada al asesinato de Alfonso Chanfreau a la Justicia Militar.

Indignación del oficialismo

En el lado del oficialismo, se defendió hasta último momento a Muñoz con una variada argumentación; cuestionando la forma en que se tramitó la AC en la Cámara, acusando “revanchismo” por parte de la oposición aludiendo al activo rol de Muñoz en causas relacionadas a violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, e incluso advirtiendo vicios constitucionales en la tramitación del libelo. 

“Si no se cumple el debido proceso, se está afectando el derecho humano a que el Estado juzgue en el estado de derecho en toda la garantía”, acusó el senador Francisco Huenchumilla quien, además, acusó que “estamos frente a un proceso viciado”. 

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, advirtió que a Muñoz se le juzgó por sus fallos como ministro de la Suprema en materia de derechos humanos, medioambiente y el polémico fallo contra las isapres. 

“Se ha dicho en la oposición que se le juzga por hechos descritos en el libelo —y a mi juicio no probados— y no por sus fallos. Y ello no es así. Se le cuestiona al ministro Muñoz no sus actos denunciados, sino que a juicio de los acusadores; su reflexiones, se le acusa llevar al extremo el derecho a la vida y coartar políticas públicas sanitarias obligando a desembolsos que afectan el presupuesto (de empresas). Pero hoy no estamos juzgando su fallos ni al juez, debemos pronunciarnos 

El senador Ricardo Lagos Weber también expresó su molestia y decepción con sus pares de oposición, y lanzó una dura advertencia: “Hoy la institucionalidad está crujiendo”, mencionando los casos de corrupción que se ha desprendido del entramado protagonizado por Luis Hermosilla. 

“¿Por qué se tomaron dos años presentar una acusación contra el ministro Muñoz? Durante dos años no les importó, pero ahora, producto del caso de la exministra Vivanco se alimentaron con el deseo de juntar dos causas muy distintas, comunicacionalmente muy difícil de separarlas, pero de esa forma todo cae, todo se ensucia, por eso no han puesto una palabra sobre algo tan aberrante como juntar dos hechos distintos y votarlos en paquete”, lanzó Lagos Weber. 

Y agregó: “Ninguna de las condiciones se cumplen, pero lo que más duele es que tengo una comisión mayor sobre la real naturaleza de esta acusación. Nos ha tocado pronunciarnos en varias sobre acusaciones constitucionales, todas son muy difíciles, pero acá estamos destituyendo a un juez. Esta no es una acusación a un ministro. Y acá no se ha aprobado nada”.

La jugada de la derecha que hizo caer a Muñoz

Como mencionaron los senadores del oficialismo, el proceso de destitución a Muñoz tuvo serios cuestionamientos desde el principio fundamentalmente por tres razones: que se presentó en conjunto con la de Ángela Vivanco, el tiempo transcurrido entre los hechos y el momento en que se presentó la acusación y que la Corte de Apelaciones ya había decidido sobre una de las imputaciones al ahora exministro de la Suprema. 

Lo primero, fue uno de los puntos más cuestionados. Aunque a Vivanco se le imputó “notable abandono de deberes” a raíz del caso Audio, de igual forma las bancadas de derecha decidieron agregar dos capítulos extra para destituir a Muñoz, pese a que las supuestas faltas del juez no estaban relacionadas a la de su otrora compañera de Sala. 

En privado, diputados de oposición reconocían que la “jugada” ponía presión extra al oficialismo; si no votaban a favor la imagen de se daba era de apoyo a Vivanco, seriamente cuestionada por su relación con el penalista que hoy cumple prisión preventiva en Capitán Yáber. 

Y así resultó. Los diputados de la bancada independiente- PPD Jaime Raya, Raúl Soto, Héctor Ulloa y Camila Musante; del PS, Daniella Cicardini, Marcos Ilabaca, Danisa Astudillo; y Alejandro Bernales (PL), e incluso la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), votaron a favor de la admisibilidad. 

Con la aprobación de la admisibilidad y en consideración de la ostensible mayoría de la derecha en la Cámara Alta, no fue problema para los acusadores lograr los votos para destituir por segunda vez en la historia a un juez de la Suprema.