Once mujeres que fueron detenidas y torturadas en Punta Arenas durante la dictadura de 1973 finalmente recibirán una compensación económica por el daño que sufrieron.

Estas mujeres, reconocidas como víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Informe Valech, fueron sometidas a detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas, y abusos sexuales por parte de agentes del Estado en diversos centros de detención, como el "Palacio de las Sonrisas" y el Regimiento Ojo Bueno.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, las víctimas fueron arrestadas en diferentes momentos entre septiembre y diciembre de 1973. Durante su cautiverio, fueron golpeadas, sometidas a interrogatorios bajo tortura con electricidad y abusadas sexualmente.

Algunas de ellas fueron obligadas a presenciar la tortura de otras detenidas, lo que incrementó aún más el sufrimiento que soportaron.

Estos abusos dejaron profundas secuelas físicas y emocionales que las afectaron por el resto de sus vidas.

A pesar de haber presentado una demanda en busca de justicia, inicialmente esta fue rechazada por el tribunal, que no reconoció su derecho a ser indemnizadas.

No obstante, las mujeres decidieron llevar su caso a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde el fallo fue finalmente revocado.

El tribunal determinó que el daño moral sufrido por las demandantes estaba plenamente comprobado y que no era necesario aportar más pruebas, ya que el sufrimiento de las víctimas de tortura es evidente y no puede ser cuestionado.

Además, la Corte rechazó los argumentos del Fisco de Chile, que alegaba que las demandantes ya habían recibido beneficios bajo la Ley N° 19.992, la cual ofrece compensaciones simbólicas a las víctimas de la dictadura.

La Corte aclaró que estos pagos no cubren el daño profundo e individual que cada una de estas mujeres sufrió, y que la indemnización por daño moral es completamente compatible con otros beneficios reparatorios.

Como resultado, la Corte de Apelaciones ordenó que cada una de las once mujeres reciba una indemnización de 100 millones de pesos, en reconocimiento al dolor y el sufrimiento que experimentaron durante su detención y tortura.