Una médico cirujano boliviana, solicitó su residencia definitiva en Chile el 22 de marzo de 2017. Sin embargo, su solicitud fue rechazada en julio de ese mismo año debido a una supuesta falta de medios económicos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, a raíz de esta negativa, presentó un recurso de reconsideración en octubre de 2017, pero la respuesta tardó más de tres años.

Durante este tiempo, la incertidumbre sobre su estatus migratorio afectó su vida de diversas maneras: no pudo acceder a un crédito hipotecario, perdió oportunidades laborales y no pudo postular a una especialización médica.

Además, la prolongada espera le causó un daño emocional significativo, sufriendo depresión y estrés.

Frente a esta situación, en junio de 2020, la mujer decidió presentar una demanda contra el Estado por falta de servicio, reclamando una indemnización por los daños sufridos, tanto económicos como emocionales.

En octubre de 2022, el Primer Juzgado de Letras de Iquique falló a su favor parcialmente, reconociendo que la demora en la tramitación del permiso constituyó una falta de servicio.

El tribunal ordenó al Estado pagarle $2.000.000 por daño moral, aunque rechazó las otras indemnizaciones solicitadas, como el lucro cesante y la pérdida de oportunidad, debido a la falta de pruebas suficientes.

Sin embargo, cuando la Corte de Iquique revisó el caso en apelación, decidió revocar este fallo, argumentando que no se había demostrado suficientemente el daño psicológico y que, durante el tiempo de espera, la médica había continuado trabajando y aprobó su examen profesional.

También se mencionó que la pandemia prorrogó el vencimiento de las cédulas de identidad, lo que habría mitigado algunos de los inconvenientes mencionados por la demandante.

La mujer no se rindió y llevó su caso a la Corte Suprema, que finalmente acogió su recurso. El máximo tribunal concluyó que las autoridades cometieron una falta de servicio al demorar tanto en resolver su solicitud de residencia.

Según la Corte Suprema, la demora violó los principios de rapidez y eficiencia en los trámites administrativos.

Por tanto, anuló la sentencia de la Corte de Iquique y restableció el fallo original, confirmando que la médica sufrió un daño moral, aunque mantuvo la decisión de no otorgar indemnizaciones adicionales por las pérdidas económicas.