Lamentablemente, las actuales autoridades del autodenominado “gobierno ecologista”, han continuado con el mismo patrón de los gobiernos anteriores: seguir el dictado de los Ministros de Hacienda respecto de lo que, para ellos, significa la protección del medio ambiente.

En este caso fue el Ministro Marcel que, sin conocer, ni entender, cómo funciona la evaluación ambiental afirmó que “a veces hay funcionarios o unidades a los que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos”.

En primer término es necesario señalar que, en cifras aproximadas, el 93% de los proyectos que son admitidos a trámite en el SEIA son aprobados. Y de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental hay otras alternativas que se utilizan: una es la del término anticipado (IRE), como el del polémico proyecto de Colbún en Antofagasta.

Otra alternativa utilizada es el retiro del proyecto por los mismos titulares quienes, debido a los pronunciamientos de los servicios públicos, se dan cuenta que la iniciativa presenta deficiencias.

Es decir, el sistema no funciona según el capricho de una autoridad, como cree el Ministro. Es más, ninguna de las alternativas señaladas son un impedimento para que el mismo titular vuelva a presentar su proyecto mejorado y actualizado.

Segundo, la mayoría de los titulares que presentan proyectos cumplen con la normativa ambiental. Por eso son aprobados. Una parte de ese proceso, que termina con la calificación favorable, se produce porque éstos tienen, a lo menos, dos instancias durante el proceso de evaluación, para iterar con los servicios públicos, a través de documentos de preguntas (ICSARAS) y respuestas (Adenda).

Ello es lo que les permite realizar mejoras y ajustes para terminar cumpliendo con las disposiciones ambientales. Es decir, no es correcto señalar que el proyecto se aprueba si es blanco y rechaza si es negro. Los servicios públicos cumplen una función muy importante en relación con ir acompañando a los titulares para que la iniciativa de inversión finalmente se apruebe.

En tercer lugar, el sistema funciona en relación con la opinión de los organismos públicos con competencia ambiental y el SEA sirve como una especie de ventanilla única para realizar la consolidación de los informes que emiten estos organismos, desarrollando un ciclo virtuoso para posibilitar que los titulares vayan progresivamente ajustando su proyecto y cumplan la normativa ambiental vigente.

Por último, respecto del EIA del proyecto “Central de Bombeo Paposo para almacenamiento, generación y transporte de energía”, de la empresa Colbún S.A., una vez revisado los antecedentes, la Dirección Regional del SEA de Antofagasta, consideró que al proyecto le faltaba información relevante y esencial, para poder seguir evaluándolo.

Esto debido a que existía riesgo sobre los recursos naturales renovables, específicamente, sobre la presencia o ausencia de especies de fauna silvestre, sitios de nidificación o madrigueras (señalado por Conaf); y sobre la existencia de cuatro grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas del Pueblo Chango, que habitan el territorio y realizan prácticas culturales, además de la omisión acerca de la existencia de dos grupos originarios que están emplazados a una distancia aproximada de 500 metros de las obras del Proyecto.

La evaluación de estos componentes ambientales no puede ser pasada por alto por el SEA, pudiendo ocasionar que, si un proyecto es aprobado, las comunidades, organizaciones o cualquier persona pueda presentar un recurso que anula la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que es la licencia social que permite que un proyecto se pueda realizar o no.

El SEA cumplió con la normativa ambiental y como organismo del Estado fue garante ante la sociedad de proteger el medio ambiente. Muy por el contrario de lo que señala el ministro Marcel. ¿Qué más certeza se le pueda dar a los inversionistas y a las comunidades que no sea cumplir con la legislación vigente? ¿Qué mejor respaldado puede estar un proyecto que no sea aprobándolo de manera técnica fundada para que, posteriormente, no se judicialice?

Lamentablemente la autoridad ministerial levantó un manto de duda respecto de quién toma las decisiones en materia medioambiental y deja en ascuas a las autoridades regionales para elaborar informes acerca de proyectos que no cumplen con algunos aspectos de la normativa. El mensaje fue claro: “crecimiento sustentable, pero preocúpense más del crecimiento que de lo sustentable”.

Ministro, lo que hace falta, es que se valore la importancia del SEA, se consulte a sus funcionarios/rias sobre las reformas que se quieren hacer, se aprecie la calidad técnica de los mismos, su vocación de servicio público y que en la ley de presupuesto vengan partidas que les permitan contar con mayores recursos para capacitarse, aumentar su personal y remuneraciones que hace años están estancadas.

Dichos déficits sólo han contribuido a que exista una alta rotación de personal y perdida de profesionales de alta calidad técnica y humana.

Y para finalizar, unaimportante consideración: para un proyecto que se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental habló el Ministro de Hacienda, no la Ministra de Medio Ambiente, de quien aún se espera una opinión.