El debate sobre la eutanasia ha resonado en el Congreso de nuestro país durante muchos años. Esta semana, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció que el Ejecutivo dará suma urgencia a la ley que abarca este tema, la cual lleva tres años en la Comisión de Salud del Senado. El presidente Boric, en su última cuenta pública, ya había señalado la urgencia del proyecto, que fue aprobado por la Cámara Baja en 2021.

El creciente respaldo ciudadano a favor de este derecho refleja una evolución en la comprensión social del sufrimiento humano y la autonomía personal. Según la encuesta Cadem de junio de 2024, un 75% de la población chilena apoya la aprobación de una ley que permita la eutanasia, mientras que solo un 16% se manifiesta en contra.

No obstante, este tema toca fibras sensibles en la sociedad chilena, donde sectores conservadores y religiosos mantienen una oposición firme. Argumentan que la eutanasia pone en riesgo valores esenciales como la vida y la ética médica, defendiendo que esta debe ser preservada hasta su fin natural. Curiosamente, son los mismos que hablan de libertades en muchos otros aspectos de la sociedad, pero cuando se trata de elegir sobre el propio cuerpo o la vida, relativizan su discurso.

Para algunos, la eutanasia es un tema controversial; para otros, un acto de empatía y humanidad. La eutanasia, o muerte asistida, no es un capricho ni un pecado, sino una oportunidad de brindar una muerte digna y libre de sufrimiento a quienes padecen enfermedades terminales o incurables.

El derecho a una muerte digna surge de la comprensión hacia quienes experimentan dolores extremos, un sufrimiento difícil de imaginar para aquellos que no lo viven. Para los pacientes terminales o aquellos que enfrentan enfermedades sin posibilidad de tratamiento, la vida puede volverse una prisión de dolor físico y mental. En estos casos, la eutanasia ofrece la posibilidad de decidir cuándo y cómo poner fin a ese sufrimiento, con respeto y en paz.

En un país como Chile, donde el sistema de salud sigue un modelo mercantilista, el acceso a cuidados paliativos y tratamientos dignos suele depender de los recursos económicos de las familias. No todos pueden costear los tratamientos o acceder a una atención adecuada para mitigar el dolor.

En este escenario, la eutanasia no solo representa el derecho a decidir sobre la propia vida, sino también una cuestión de equidad y justicia social. Nadie debería verse obligado a prolongar una vida de sufrimiento simplemente por no poder pagar una muerte menos dolorosa.

Legalizar la eutanasia es, en esencia, un acto de empatía, una forma de reconocer que el sufrimiento humano, en sus formas más extremas, debe ser aliviado cuando ya no hay otra opción. Morir con dignidad no es una elección fácil, pero es una decisión profundamente personal que debe ser respetada. Los pacientes deben tener la opción de terminar con su vida en sus propios términos, en lugar de ser condenados a una agonía prolongada.

En definitiva, apoyar una ley de eutanasia en Chile es defender el derecho de cada persona a elegir una muerte sin sufrimiento, una muerte digna. Es tiempo de que el Estado chileno garantice este derecho, demostrando verdadera compasión y humanidad hacia quienes más lo necesitan.