Al final del año 1980, bajo la dictadura de Pinochet, siguiendo los dictados de los chicago boys, quienes eran sus mentores, se crea un provechoso mercado de privatización de las universidades, con una muy reducida regulación, con el argumento de que en el país debía existir una completa libertad de enseñanza superior, al contrario de lo sucede en las universidades públicas. 

Al respecto, en abril de 2013, es decir hace 11 años atrás, con mi amigo y tocayo Patricio Cavada, publicamos en Ciper la columna "Lucro en la universidades privadas: Análisis histórico y propuestas", cuyo texto se aprecia en este link.   

Y resolvimos publicar dicha columna pues ya se conocían las prácticas corruptas que cometían sus dueños y directivos, a pesar de que las mismas, según sus flácidas regulaciones generales, no perseguían el lucro, dejándose en claro que la primera de estas casas de estudios fue una denominada Gabriela Mistral, fundada en febrero de 1981 por la abogada Alicia Romo, afín a ese régimen, controlada actualmente por dos fundaciones religiosas cristianas. 

Varias de esas universidades dejaron de existir y otras tantas, como el negocio era muy atractivo, fueron adquiridas por empresarios de distintos rubros, pero se debe reconocer, que existen unas cuantas de ellas que, por ser serias y responsables, imparten la docencia de manera rigurosa con destacados profesores e investigadores y por lo tanto, sus alumnos reciben correctamente sus títulos profesionales. 

Pero, gracias a una golpeadora nota periodística del medio digital El Mostrador, por información suministrada por un duende delator que se desempeña en la Universidad San Sebastián, se supo que la activa política de extrema derecha, Marcela Cubillos, tenía un ingreso mensual de $17 millones ejerciendo a veces como profesora de derecho, afirmándose lo anterior pues en ciertos períodos de tiempo ella residía en España con su dilecto esposo, también político derechista.

Esa suma de dinero fue decidida personal y arbitrariamente por el ex ministro de Piñera, Andrés Chadwick, uno de los fundadores de la UDI, en su calidad de decano de derecho de dicha universidad.

Uno de los aspectos más delicados al respecto es que se podría entender que este privilegiado trato se deriva, como una contraprestación, de las entregas de fondos a esta universidad por parte del Ministerio de Educación en el período que ella ejercía como ministra.  

Ante las incómodas preguntas de la prensa indagando por ese injustificado y cuantioso monto de dinero -ya que ella trabajaba a media jornada y no tiene estudios de posgrado ni publicaciones en revistas indexadas, por lo tanto de alta calidad-, Cubillos se defiende argumentado que esos 17 milloncitos se reducen, porque ella pagaba religiosamente el impuesto único al trabajo, a la Isapre y efectuaba sus aportes a la AFP. En una de esas, en vez de lo anterior, ella podría haber emitido boletas de honorarios con un impuesto de retención del 13,5% de esa elevada suma de dinero.

En todo caso se desconoce como se documentaban sus ingresos durante los meses que no estaba en Chile, en los cuales sus clases eran impartidas por abogados reemplazantes, conocidos como "medios pollos" y de qué manera se repartían los morlacos y quien asumía las obligaciones tributarias, situación incómoda que sus asesores contables tendrán que dilucidar.  

En otra arista de este caso, pero como consecuencia del escándalo ocasionado por estos 17 millones, y unido a una investigación en calidad de imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por las instrucciones que le habría entregado a su dependiente UDI, y exVicerector de la Universidad San Sebastián, Felipe Ward, cuando este era ministro de Vivienda, para "apurar" la aprobación de un proyecto inmobiliario en Lampa, Chadwick recientemente tuvo que renunciar a la presidencia de la Junta Directiva de la universidad, instancia que desconocía el gratificante sueldo de la abogada Cubillos. 

Posiblemente Chadwick, subyugado por la prestancia y seguridad en los planteamientos expresados por Cubillos, sabiendo que ella realizó sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en la cual él también estudió años antes, en donde la aludida obtuvo su grado de licenciada en ciencias jurídicas y sociales en el año 1990, titulándose de abogada el 7 de mayo de 2007, es decir 17 años después, ante lo que resolvió -quizás por asimilación- que se justificaba plenamente el pingüe sueldo de 17 millones de pesos, argumentando para ello que la contratación era un valioso "rostro" que atraería nuevos alumnos. 

No podemos perder de vista que esta pícara universidad, a través de su brazo inmobiliario, ya había obtenido un permiso de edificación ilegal en la comuna de Recoleta, ello durante la alcaldía del también UDI, Gonzalo Cornejo, para construir tres torres habitacionales de 20 pisos c/u, en el sector Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, en circunstancias de que el Plan Regulador Comunal (PRC) admitía una altura máxima de 9 pisos. Uno de esos edificios no se construyó y de los otros 2, uno contó con recepción final y el otro está empinado y desocupado como un elefante blanco. 

En conclusión Cubillos, impulsora del libertinaje tipo presidente Milei, careció de los atributos mínimos para recibir ese suculento sueldo por parte de una universidad privada controlada por la UDI, financiada en parte con recursos públicos, motivo más que suficiente para que todas estas universidades sean investigadas a fondo, partiendo por transparentar los dineros que reciben sus docentes, dueños y altos directivos administrativos, ya que actualmente se mantienen en calidad de top secret. 

Finalmente, entendemos que la USS está haciendo muchísimos esfuerzos para determinar quien fue la persona que le entregó esta información a El Mostrador que tanto la ha perjudicado, pues el millonario regalo que le hizo a Cubillos demuestra sus inclinaciones políticas hacia la derecha pinochetista.