En marzo de 1984, un joven estudiante, fue detenido en Pudahuel junto a su hermano por un grupo de civiles y un carabinero.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, fueron trasladados de comisaría en comisaría, hasta llegar a la Subcomisaría Teniente Merino, donde Juan fue retenido durante cinco días.

Durante este tiempo, fue interrogado bajo amenazas y sometido a torturas. Los agentes buscaban información sobre las protestas en su barrio, aunque Juan insistió en que no sabía nada al respecto.

Además del sufrimiento físico, lo que más lo afectó fue el miedo constante, ya que los torturadores conocían los nombres de su familia y amenazaban con hacerles lo mismo.

Tras su liberación, este hombre y su familia vivieron con un miedo permanente a ser detenidos nuevamente. Este trauma marcó su vida para siempre.

Décadas después, este hombre presentó una demanda contra el Estado, exigiendo una compensación por los daños sufridos durante su detención y tortura.

El Vigesimoprimer Juzgado Civil de Santiago falló a su favor, condenando al fisco a pagar $30.000.000 por el daño moral causado.

El tribunal rechazó los intentos del Estado de evitar la compensación, argumentando que las violaciones a los derechos humanos, como la tortura, no prescriben.

Además, reconoció que, aunque los documentos no contenían todos los detalles de lo que este hombre vivió, el informe del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) confirmó las secuelas físicas y emocionales que sigue sufriendo.