Ad portas de la formalización del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por hechos vinculados al estallido social, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, entrega su apreciación del proceso que involucra tanto a la actual autoridad de la policía uniformada, como también a su antecesor en el cargo, Mario Rozas, además del exsubdirector de la institución policial, el general (R) Diego Olate.

“Es tremendamente importante, por dos razones principalmente, porque se van a cumplir cinco años del estallido social, y el escenario general respecto del esclarecimiento de los hechos y de sanción a los responsables es de mucha impunidad, de 10.142 denuncias, ha habido menos del 1% de condenas, 43 condenas, es tremendamente importante que haya justicia”, recalca.

Pero además, dice, “porque los estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, plantean que no sólo son (eventualmente) responsables quienes cometieron estos hechos, sino también sus superiores jerárquicos, si es que no previnieron los hechos o no tomaron decisiones para que cesaran vulneraciones de los DD-HH después, (si) no tomaron medidas para sancionar, desde su competencia, estas violaciones a los derechos humanos”.

En este contexto, releva en el inicio de su diálogo con El Desconcierto, “es fundamental avanzar en esta investigación, aclarar la responsabilidad de los mandos de Carabineros durante el estallido social, hubo cuatro informes de organismos internacionales que señalamos graves violaciones a los derechos humanos”.

Violaciones a los DD.HH. “se han querido negar”

Paralelamente, y previo a profundizar en este tema, Bustos comenta cómo asume la tendencia que se ha instalado en relación a desacreditar la revuelta social.

“Ha habido una narrativa que ha ido creciendo en los últimos años, de asociar el estallido social a violencia, a actos delictivos con denominaciones como ‘octubrismo’, ‘estallido delincuencial’. A nuestro juicio, lo que ha hecho ese relato es cuestionar cuestiones importantes, dejando en el olvido que ocurrieron, que existieron manifestaciones masivas y paçíficas, no sólo algunos actos de violencia, sino manifestaciones muy, muy masivas como la de 25 de octubre del 2019", sostiene.

Porque, complementa, “millones de personas, no sólo ese día en Santiago, se manifestaron por demandas tremendamente legítimas, vinculadas a la igualdad en derechos sociales, a terminar con abusos, a un ambiente libre de contaminación, pensiones dignas, a mejor salud y educación para todas las personas, no sólo para quienes puedan costeárselas... estamos lanzando la campaña ‘Qué pide tu cartel’, porque esas demandas siguen plenamente vigentes después de cinco años y pareciera ser que, por lo menos gran parte de la clase política, ha querido dejarlas en el olvido”.

“La oposición ha ido obstruyendo una serie de reformas sociales que podrían, en parte hacerse cargo de esas demandas”, releva.

Y, “en segundo lugar, las graves violaciones a los derechos humanos, que en opinión de Amnistía Internacional fueron graves y generalizadas, especialmente a la integridad física y síquica, pero también a la vida”.

“Hubo varias personas que fueron víctimas de homicidios por parte de Carabineros o las Fuerzas Armadas, también vulneraciones a la integridad sexual, al derecho a reunión, todo ese conjunto de violaciones a diversos derechos humanos, también se han querido minimizar, negar a cinco años del estallido”, cuestiona.

Y a nuestro juicio, agrega, “es fundamental no sólo recordarlas, sino hacer un balance respecto a lo que el Estado de Chile ha hecho o no respecto a sus obligaciones en cuanto a esas violaciones a los derechos humanos”.

Yáñez ha hecho “de todo” para aplazar su formalización

Respecto de la situación del actual director general de Carabineros, Bustos comenta que “es bien insólito lo que ha ocurrido con el general Yáñez, porque en general a cualquier autoridad relevante del Estado se le pide, exige, que colabore con la justicia”.

“No es imaginable para cualquier chileno, chilena, que algún ministro, subsecretario o cualquier autoridad relevante del Estado, pudiera ser imputable por cualquier delito, por ejemplo, de probidad o materia de DD.HH., (y) no colabore con la justicia. Y lo que ha hecho el general Yáñez, todos estos años, por lo menos en unas siete ocasiones, es no concurrir a citaciones de la Fiscalía por esta situación, justamente excusándose muchas veces, en sus labores institucionales”, recalca.

Siempre, comenta, “diciendo que iba a declarar, hasta que al final hizo uso de su derecho a guardar silencio, y después se citó la audiencia para los primeros días de enero de este año, después para mayo, lo cual ya era un plazo bastante extenso, inusual”.

Y después, dice, “por el asesinato tremendamente reprochable, muy grave y muy doloroso de tres carabineros, que nada tenía que ver con la situación del señor Yáñez, se llegó a suspender la audiencia de formalización y se dejó para el inicio de octubre”.

“Y ahora, nuevamente el general Yáñez sigue haciendo de todo para que se siga aplazando y no enfrentar a la justicia. Nos parece que no es una conducta que corresponda al jefe de una institución encargada de hacer cumplir la ley, y que no es aceptable que siga en el cargo con esta imputación de delitos tan graves, y sin mostrar ninguna disposición de colaborar con la justicia”, asevera.

Emplazamiento a la administración Boric

"Desde Amnistía Internacional, le pedimos al gobierno coherencia en materia de DD.HH., nos ha parecido muy valiosa la posición del gobierno de Chile en una serie de asuntos vinculados a violaciones a los DD.HH. en otros países, como la masacre que está cometiendo el Estado de Israel contra Palestina, la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Afganistán, en una serie de países del mundo, pero acá en Chile, no se ha cumplido la tarea, no sólo en materia de reparación a las víctimas del estallido, sino respaldando a un general director que no colabora con la justicia y que está imputado por graves y generalizadas violaciones a los DD.HH.”, dice luego Bustos.

Hay que se claros en que, destaca, "por supuesto que para el general Yáñez rige, al igual que para cualquier persona, el derecho a la presunción de inocencia, y corresponde que tenga todas las posibilidades de defenderse en un juicio, pero sucede que ha utilizado a la institución de Carabineros para no concurrir a la justicia excusándose en funciones institucionales".

"Y también usando recursos institucionales para defenderse o cuestionar a los fiscales, por ejemplo, recibiendo en su despacho de Carabineros, a senadores que van a cuestionar a fiscales, entonces todo parece muy, muy inadecuado en el marco de un Estado de derecho, que el general Yáñez siga en su cargo... lo que corresponde es que deje de estar funciones y se dedique a su defensa", agrega.

Según el director de Amnistía Chile, también "es lamentable que el gobierno no haya tomado medidas al respecto en estos años".

“Víctimas han quedado bastante abandonadas"

Qué tan importante es su formalización para quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, es otra consulta que le hicimos a Bustos, quien es categórico al respecto.

“Las víctimas han quedado bastante abandonadas, hay personas que fueron víctimas de violaciones a los DD.HH muy graves, teniendo 15/16 años, hay víctimas de violencia sexual, víctimas que perdieron la visión al menos de uno de sus dos ojos, y esas víctimas en estos años han tenido que escuchar narrativas muy instaladas en la sociedad chilena, parte de los medios de comunicación y la clase política que tratan como delincuentes a todas las personas que se manifestaron en el estallido".

A lo que se le adiciona, comenta, que "no ha habido una política pública de reparación integral, el gobierno en eso ha tenido una demora bien inaceptable en abordar e implementar una política pública en esa materia y, tercero, ven que en general, ha habido una política de impunidad en Chile en la mayoría de los casos".

"Y un señor poderoso, como el general Yáñez, tiene la posibilidad de seguir en su cargo, de no colaborar con la justicia y que se aplacen sus audiencias por hechos absolutamente externos a la investigación", critica.

Nosotros, asevera, "hemos hablado con las víctimas y sienten mucha impotencia, mucha frustración".

Responsabilidad de mando

Respecto de qué espera Amnistía de la formalización de estas tres personas, Bustos apunta al esclarecimiento de los hechos. "Nos parece importante tratar de explicar a la ciudadanía de qué se trata esto, por qué lo que se hace es buscar esclarecer la responsabilidad que tengan superiores jerárquicos respecto de los hechos cometidos por sus subalternos", asegura.

Y aquí, dice, "el estándar de DD.HH. tiene elementos. Primero, que la persona sospechosa, en este caso los tres generales Yáñez, Rozas y Olate, hayan sido superiores jerárquicos de los subordinados y hayan tenido control efectivo sobre ellos, y eso es indudable en una organización jerarquizada y de naturaleza militar como Carabineros de Chile".

"Lo segundo, que la persona sospechosa, investigada, haya tenido conocimiento o razones para tener conocimiento de que sus subordinados estaban cometiendo o iban a cometer crímenes bajo el derecho internacional", agrega.

Y eso, sostiene, "también es bien indiscutible, porque tal como hemos podido documentar Amnistía Internacional y otras organizaciones, hay muchísima información de que Carabineros supo tanto de fuente externa como interna, respecto de las violaciones a los derechos humanos, el uso de la escopeta antidisturbios, el tipo de municiones que se estaban usando, y el daño que se cometía".

"Y el tercer elemento para esclarecer la responsabilidad de los mandos, es determinar si las personas sospechosas omitieron tomar medidas razonables para prevenir dichos actos o para castigar a los responsables. Y eso también está muy claro, lo vamos a ver en los próximos días en la formalización, porque hubo, en algunos de los días siguientes al estallido social, prefectos en la Región Metropolitana, que buscaron cesar la utilización de la escopeta antidisturbios".

"Se sabía del daño"

Porque, complementa Bustos, "ya se sabía el daño generalizado que estaba produciendo, y estos generales emitieron órdenes para dejar claro que ese tipo de medidas no eran las que tomaba Carabineros y que tenía que seguir utilizándose la escopeta antidisturbios de la manera en que se estaba usando".

Entonces, comenta, "no se trata de una investigación ni una imputación caprichosa o ideologizada, como ha dicho la alcaldesa Matthei (UDI), sino que se trata una investigación basada en estándares internacionales de derechos humanos, desarrollada por la Corte Interamericana, por el Estatuto de Roma, por una serie de instrumentos de organismos internacionales de derechos humanos que rigen al Estado de Chile".

Consultado específicamente sobre la jefa comunal y la señal que da ella, que quiere ser Presidenta de Chile, y su sector con esta postura alusiva a la narrativa que detalló previamente, Bustos asegura que lo que se requiere es “coherencia en materia de derechos humanos”.

“En nuestro país, muchos critican la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, o en otros países”, dice al tiempo que recalca que, “respecto de este caso en particular, desde la citación a la audiencia de formalización ocurrida en enero, a los hechos ocurridos en mayo, hasta el día de hoy, ha habido una serie de autoridades políticas, alcaldes como Matthei, de parlamentarios como (Diego) Schalper, que han hecho una serie de declaraciones contra los fiscales, exigiendo, pidiendo que se suspenda la audiencia”.

Lo que, en su opinión, implica un accionar, “absolutamente al margen de su atribuciones y que, de alguna manera, merman la independencia judicial, que es un elemento clave en el Estado de Derecho”.