El Caso Canastas ha emergido como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Antofagasta y, por extensión, de Chile.

A medida que se destapan los detalles de un presunto fraude millonario relacionado con la compra de canastas de alimentos y mascarillas durante la pandemia de Covid-19, se evidencia una alarmante falta de ética y transparencia en la gestión pública del gobierno de Sebastián Piñera.

Este caso no solo cuestiona la integridad de funcionarios públicos, sino que también refleja un sistema que, en lugar de proteger los intereses de la ciudadanía, parece haber sido diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de muchos.

Contexto del caso: La pandemia y la respuesta del gobierno

El gobierno de Sebastián Piñera lanzó el programa “Alimentos para Chile”, en 2020, con el objetivo de proporcionar canastas de alimentos a las familias más vulnerables que estaban sufriendo los efectos devastadores de la pandemia. Sin embargo, la implementación de este programa ha sido objeto de un escrutinio riguroso, ya que las irregularidades en su ejecución desvelaron un entramado de corrupción que vuelve a poner en jaque la legitimidad del gobierno del fallecido mandatario.

La pandemia era, sin duda, un momento crítico que exigía una respuesta efectiva y justa, y el anuncio de este programa fue recibido con esperanza por muchas familias. No obstante, lo que se suponía que debía ser un acto de solidaridad y apoyo se convirtió en un símbolo de mala gestión y abuso de poder.

La gestión de Edgar Blanco

En el centro de este escándalo se encuentra el exintendente de Antofagasta, Edgar Blanco (RN), quien, durante su gestión, aprobó la compra de más de 100 mil canastas de alimentos por un valor superior a los $4.000 millones, distribuidos entre cuatro empresas. Esta cantidad no solo es exorbitante, sino que también despierta interrogantes sobre la transparencia de los procesos de licitación y la selección de proveedores.

Irregularidades en la contratación

La Contraloría General de la República detectó que varias de las compañías contratadas no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedoras del gobierno.

Entre ellas, la empresa Limpieza Industrial es un claro ejemplo: constituida el 25 de marzo de 2020, su propietario, Pablo Ormeño Fredes, tiene estrechos vínculos con Edgar Blanco, lo que plantea serias preguntas sobre la ética y la legalidad de estas transacciones.

Tan solo dos semanas después de su constitución, la empresa se adjudicaba una compra de mascarillas por $1.648 millones.

El hecho de que una empresa tan nueva y sin experiencia previa se adjudicara un contrato millonario indica una manipulación del proceso que beneficia a un círculo cercano al poder; amén, sugiere una estrategia deliberada para asegurar exorbitantes ganancias a costa de los recursos públicos.

Modificaciones previas a las licitaciones

La investigación, asimismo, ha revelado que algunos contratos fueron modificados justo antes de que se solicitaran las cotizaciones. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y sugiere una manipulación premeditada para favorecer a ciertas empresas sobre otras que podrían haber cumplido con los criterios establecidos.

Las empresas EDS JCM Spa y Need Solutions son otras dos que han sido objeto de escrutinio. Ambas cambiaron sus giros justo antes de adjudicarse licitaciones por $1.665 millones, lo que apunta a un posible -y preocupante- patrón de manipulación en la contratación pública.

Esta falta de ética no solo pone en peligro el uso adecuado de los fondos, sino que también afecta a las empresas que cumplen con los requisitos necesarios y que podrían haber ofrecido servicios de calidad a precios justos.

La reacción judicial y la investigación: Incautación de pruebas

El Juzgado de Garantía de Antofagasta reabrió la investigación en agosto de 2024. Esta decisión se tradujo en nuevas órdenes de indagación por parte de la Fiscalía, lo que ha llevado a la incautación de documentos y archivos digitales, incluido el celular de Edgar Blanco.

La obtención de estas pruebas es crucial para desenmascarar la verdad detrás de las transacciones fraudulentas y para identificar a todos los involucrados en este escándalo.

La Policía de Investigaciones ha estado trabajando activamente en la recopilación de información que permita esclarecer las irregularidades, en tanto la comunidad espera que esta acción no se convierta finalmente en otra forma de dilación, y que se actúe con la celeridad y seriedad que la situación amerita.

Finalmente, la historia ha demostrado que la corrupción, en cualquiera de sus formas, es un ataque directo a la democracia y a la cohesión social. La esperanza de la ciudadanía radica en que este escándalo no quede impune y que la verdad salga a la luz, asegurando que aquellos que han abusado de su poder enfrenten las consecuencias punibles de sus actos.

La lucha por la transparencia no es solo necesaria, sino que es un imperativo moral para salvaguardar el futuro de la democracia en Chile.