En agosto de 1973, un grupo de marinos que trabajaban en Talcahuano y Valparaíso fue detenido y brutalmente torturado en recintos de la Armada.

Estas personas fueron arrestadas debido a que se oponían al golpe militar que se estaba gestando en ese momento.

Los marinos, que juraron lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho, se negaron a apoyar el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, lo que los convirtió en víctimas de torturas y abusos.

Los detenidos fueron llevados al Fuerte Borgoño en Talcahuano y sometidos a crueles interrogatorios y torturas físicas y psicológicas.

Fueron golpeados, sumergidos en agua con excremento (una práctica conocida como el "submarino"), y amenazados con la muerte si no confesaban falsos delitos de subversión.

Entre los torturadores se encontraban oficiales de alto rango de la Armada, como el capitán Koehler, quien dirigió varios de estos actos inhumanos.

Décadas después, estos marinos sobrevivientes llevaron su caso a los tribunales, demandando al Estado por los abusos sufridos.

Finalmente, el Vigesimoprimer Juzgado Civil de Santiago falló a su favor, condenando al Fisco de Chile a pagar un total de $610.000.000 en compensación por el daño moral causado.

El tribunal reconoció que estos hombres fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, lo que hace que estos delitos no puedan prescribir.

La corte rechazó los argumentos del Estado, que intentó alegar que ya había pasado mucho tiempo para realizar la compensación.

El juez enfatizó que, al tratarse de violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde los hechos.

Cada uno de los nueve demandantes recibirá una indemnización por el sufrimiento que les causó la tortura.

Uno de estos hombres recibirá $50.000.000, mientras que los otros ocho marinos recibirán $70.000.000 cada uno, como reparación por el daño sufrido en los recintos de la Armada.