En diciembre de 2023, la Superintendencia de Pensiones impuso a la AFP PlanVital una multa de aproximadamente $116 millones por diversas infracciones relacionadas con la gestión de los fondos de pensiones.

La multa se basó en ocho cargos específicos, que incluyeron errores en la transmisión de datos, inconsistencias en la información financiera y la falta de cumplimiento en la publicación de información clave para los afiliados.

Ante esta sanción, PlanVital presentó un reclamo de ilegalidad, argumentando que la multa era excesiva y que no había perjudicado el sistema de pensiones ni el ahorro de los afiliados.

La Corte de Apelaciones de Santiago, tras revisar el caso, decidió rechazar el reclamo de la AFP. El tribunal sostuvo que PlanVital no logró desvirtuar las pruebas presentadas por la Superintendencia y que las faltas cometidas habían sido evidentes, afectando la confianza pública en el sistema de pensiones.

Entre las infracciones se destacó la publicación tardía de las comisiones pagadas por los fondos, lo que limitó la capacidad de los afiliados para tomar decisiones informadas sobre sus ahorros.

Además, la Corte subrayó que las sanciones impuestas estaban dentro de los márgenes legales y que la acumulación de infracciones estaba justificada, dado que todos los cargos estaban relacionados con problemas de control y cumplimiento de la normativa.

La Corte resaltó que las AFP deben cumplir con altos estándares de diligencia debido a la importancia de los fondos que administran, los cuales influyen directamente en las pensiones de millones de personas.

A pesar de los argumentos de PlanVital, se determinó que no habían implementado las medidas necesarias para evitar los errores que resultaron en las infracciones, y que la multa de $116 millones era adecuada considerando la gravedad de los incumplimientos.