La semana pasada se reunieron representantes de los tres poderes de la República para analizar el caso de las llamadas enmiendas presupuestarias impositivas, una figura espuria heredada del gobierno anterior (el presupuesto secreto y las enmiendas expeditas) en el cual los miembros del legislativo pueden obtener recursos del Estado a través de una solicitud que tiene carácter de urgente y que destina recursos para obras o acciones que nadie conoce.

Incluso, no es necesario informar el beneficiario de estos recursos y quien solicita el beneficio. Es una caja negra de la corrupción que permite que legisladores coludidos con gobernadores y alcaldes hagan uso arbitrario e improcedente del erario nacional sin prestarle cuentas a nadie, ni al Ejecutivo, ni a la justicia ni a los ciudadanos.

Ante esto el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino, argumentó que el presupuesto impositivo no debe ser confundido con presupuesto arbitrario y que es un deber del Poder Ejecutivo verificar de modo transparente si las enmiendas se encuentran aptas para su ejecución conforme a los requisitos técnicos.

La resolución del ministro Dino fue posteriormente ratificada por la unanimidad de los miembros del STF, lo cual terminó deflagrando la crisis entre los tres poderes, pues se decidió que las enmiendas podrían ser retomadas por los parlamentarios en los próximos días, pero con la exigencia de que ellas se acojan a los criterios de transparencia y rastreabilidad.

Ahora, el problema continúa residiendo en el hecho de que los valores de estas enmiendas siguen siendo muy altos y los mecanismos de fiscalización para la ejecución del gasto en cada localidad son, hasta ahora, bastante ambiguos.

Esta crisis es la renovación de un conflicto que se arrastra por mucho tiempo y que dice relación con las prerrogativas que se ha auto conferido el Congreso para decidir en qué se gasta el dinero público. Se calcula que los recursos entregados por esta vía representan aproximadamente un cuarto de todo el gasto discrecional (no obligatorio) realizado por el gobierno Federal.

Comparado con el resto de los países del bloque de la OCDE -del cual Brasil aspira a ser miembro activo-, este sería el único que permite que el legislativo defina que se va a hacer con una parte del presupuesto, pues el padrón en la mayoría de los países del grupo supone que el presupuesto es típicamente una función del Ejecutivo.

El importante porcentaje obtenido actualmente por el Congreso para financiar las “necesidades” de sus miembros, es una expresión directa del enorme poder que ha ido adquiriendo el legislativo en los últimos años.

No por casualidad muchos especialistas señalan que lo que existe actualmente en Brasil es un parlamentarismo camuflado, con el gobierno y el poder judicial tratando -muchas veces infructuosamente- de poner contrapesos y barreras a dicho poder.

Además los presidentes casi nunca poseen mayoría en el Congreso. Por lo mismo, deben realizar pactos con otros partidos que les permitan gobernar e implementar las políticas públicas necesarias para llevar adelante sus respectivos programas.

El mayor problema de dicho esquema de búsqueda de sustento en las votaciones para impulsar los proyectos del gobierno consiste en que esos “partidos de conveniencia” tienen una gran capacidad de veto que permiten el abuso de poder y representan un estímulo para la corrupción y la extorsión a cambio de la mantención de las supuestas lealtades.

Esto genera un verdadero estrangulamiento de la capacidad del Poder Ejecutivo para implementar las políticas públicas y definir las prioridades del gasto, pues estará siempre a merced de los intereses de los conglomerados y bancadas (evangélicas, ruralistas, empresariales, de seguridad, de salud), de los partidos fisiológicos de la coalición o de los intereses particulares de cada diputado o senador.

Ello ha significado un congelamiento de las acciones del gobierno y una reducción expresiva del gasto social, pues descontando los gastos obligatorios de su presupuesto (salarios de funcionarios, previsión social, gastos administrativos) el ejecutivo cuenta con muy pocos recursos presupuestarios para orientarlos hacia las prioridades y necesidades más urgentes de la nación.

Y el debate sobre cómo reducir aún más la máquina pública sigue estando entre las prioridades levantadas por el Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el cual utiliza el argumento de optimización en la asignación del gasto para justificar los recortes aplicados a Programas antes emblemáticos del Gobierno del PT, tales como Bolsa Familia, Minha Casa-Minha Vida, Sistema Único de Salud, Farmacia Popular o Cisternas para el Semi-arido.

En un contexto de empoderamiento sostenido del Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, se viene comportando como un verdadero capo mafioso. Los diputados saben que, para obtener los fondos necesarios para ejecutar obras en sus respectivos corrales electorales, tienen necesariamente que contar con el beneplácito de este personaje tenebroso que manda y desmanda en los espacios confortables del Congreso.

Por lo menos, con la crisis desatada entre los tres poderes durante este último periodo, se presenta la posibilidad de que las instituciones democráticas sean capaces de superar esta grave falencia del sistema político brasileño, que compromete significativamente el futuro del país y de su pueblo.

Crédito fotografía: Congreso de Brasil, Wikimedia Commons