Montado sobre la roca oceánica en Concón, se encuentra el hotel Punta Piqueros, construido con un permiso que ha sido declarado ilegal en cinco ocasiones por la Corte Suprema. Ahora, en un cuestionado proceso de conciliación que ocurre en la Corte de Apelaciones, parece haber un posible acuerdo para no demoler el edificio.

La propuesta busca modificar el edificio para que se ajuste al Plan Regulador Comunal (PRC) actual, por lo que se deberían desmantelar los dos pisos superiores del hotel.

Además, termina con el fin hotelero de la estructura, que se transformaría en un centro gastronómico, espacio de cowork, de galerías de arte, etc.

Tras la audiencia, trascendió que ya existía un acuerdo y que el proceso había cerrado. Pero días después, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, aclaró que no existe acuerdo firmado aún. El proceso de conciliación fue suspendido por 90 días, y se retomará cuando se presenten propuestas para modificar el edificio y ajustarlo al PRC.

Estas propuestas deben ser aprobadas por el Concejo Municipal para que recién exista un acuerdo saldado que termine con la conciliación.

Propuesta anterior

Esta propuesta marca una diferencia con respecto a la anterior opción que promovían desde la inmobiliaria del proyecto, asociada a las familias Bolocco, Urenda y Said. En ella, pretendían revivir el permiso que ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema.

“La conciliación propuesta por la inmobiliaria es ilegal. No se puede pretender revivir un permiso de edificación ni una solicitud de permiso declarado nulo e ilegal por la Corte Suprema en cinco fallos”, reclamaba en su momento Cecilia Rojas, presidenta de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Esta corporación actúa como tercera coadyuvante en el proceso de conciliación ante la corte, entre la inmobiliaria y la municipalidad.

En aquel momento, Rojas declaraba que “la única manera de ejecutar el proyecto en conformidad a la ley es regularizándolo; esto es, modificando lo edificado para ajustarlo a la normativa vigente y no al revés”.

La propuesta actual parece ir en esa línea, ajustando el edificio para que al menos cumpla con las disposiciones del PRC con respecto a su altura y uso.

Permiso ilegal

El permiso al que se hace referencia es el permiso de edificación del cual se valió la inmobiliaria para construir el inmueble. En un fallo de 2022, desde la Corte Suprema se acusa que la inmobiliaria actuó de mala fe al continuar construyendo un edificio sin ajustarse a la legislación.

“Como resultado, se ha erigido un edificio contrario a la normativa urbanística vigente, que no puede ampararse en un permiso de construcción ilegal desde su otorgamiento, y que no es posible que sea tramitado desde su origen y otra etapa, como lo ha señalado esta Corte en pronunciamientos anteriores”, se declara desde el máximo tribunal.

Foto: Agencia UNO.