La reciente elección en Venezuela ha exacerbado el aislamiento de Maduro en América Latina. Sólo sectores minoritarios de la izquierda chilena se han unido a Ortega, el dictador nicaragüense y a Luis Arce, el presidente de Bolivia, en el apresurado reconocimiento al sospechoso evento electoral, que pretende prorrogar por seis años la presidencia de Maduro.

Como legítima reacción frente al confuso proceso eleccionario, los gobiernos progresistas de Chile, Brasil, Colombia y México han demandado que se transparenten los resultados, mediante la presentación de las actas electorales de cada una de las mesas. Pero, la respuesta se deja esperar y la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), simplemente no funciona.

Frente al drama humanitario que vive Venezuela era evidente la emergencia de una masiva ciudadanía opositora que, lamentablemente canalizada por la derecha venezolana, votaría contra de Maduro. No podía ser de otro modo. El mismo Maduro abrió paso al crecimiento opositor y a la derecha, como consecuencia de un gobierno ostensiblemente corrupto, incapaz y violador de derechos humanos.

El Gobierno de Maduro tiene pésimos indicadores en corrupción, economía, justicia, servicios públicos, salud, educación y respeto a los derechos humanos. Resulta notable que su economía fundada en el petróleo, que exportaba 3 millones de barriles diarios, esté produciendo hoy día menos de un millón, como producto, no de las sanciones impuestas por el imperio (que no renuncia a la compra regular del petróleo por parte de EEUU), sino del ineficiente manejo técnico, por una parte, y de la ubicua corrupción y robo sistemático que han dilapidado los recursos involucrados, por otra.

El gobierno de Maduro ha invadido y controlado todas las instituciones de la república reprimiendo con violencia las disidencias. Los escasos espacios, que ocasional e intermitentemente se abren, resultan solamente como consecuencia de gestiones y presión internacionales.

En ese marco, en octubre del 2023, gracias a la mediación de Noruega y, cinco años después de las desacreditadas elecciones presidenciales del 2018, el gobierno de Maduro llegó a un acuerdo en Barbados con el grupo de partidos de oposición derechista conocido como “Plataforma Unitaria” para intentar “nivelar” las condiciones electorales de cara a lo que serían eventualmente los recientes comicios presidenciales.

Sin embargo, cerca de la fecha electoral, la pretendida nivelación fue perdiendo toda vigencia. Precandidatos “peligrosos” fueron inhabilitados; se obstaculizó el derecho a votar a más del 90% de los venezolanos en el extranjero; se filtró la presencia de observadores extranjeros (rechazando de paso a la OEA y la UE, y “desinvitando” a potenciales críticos); se incluyó la imagen de Maduro 13 veces en la papeleta de votación; se buscó intimidar a los ciudadanos con discursos apocalípticos sobre las terribles consecuencias que tendría una eventual derrota del régimen; se aseguró que “jamás” se entregaría el poder; se saboteó constantemente el trabajo de campaña de la oposición; etc.

A pesar de todo esto, la mayoría de las encuestas previas a la elección apuntaban consistentemente al triunfo del candidato de la oposición.

Sin embargo, en el momento electoral, tras una prolongada y sospechosa interrupción en la tabulación de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó repentinamente cifras gruesas, supuestamente correspondientes al 80% de los votos emitidos. Y, sin detalles de las actas electorales, se anunció formalmente la permanencia de Maduro por seis años más.

Esta injustificable opacidad ha generado un natural escepticismo entre propios y extraños, y causado múltiples demandas de mayor transparencia al CNE, por parte de diversos gobiernos (de distintos signos ideológicos), amén de numerosas organizaciones e instituciones internacionales.

Así las cosas, resulta imperativo poder demostrar fehacientemente la rigurosidad del proceso, pero Maduro ha optado por proclamarse inmediatamente ganador y expulsar inéditamente de Venezuela a siete embajadores de países que consideró “irrespetuosos”.

Lo sucedido trae a colación un tema tal vez de mucha mayor importancia.

La elección en Venezuela genera controversias no menores dentro de la izquierda latinoamericana y mundial. Para algunos, el bloqueo imperialista al que ha sido sometido ese país es la causa absoluta de las objetivas falencias y traspiés de un gobierno que caracterizan como socialista.

Atribuyen a la sesgada prensa internacional una interesada y distorsionada presentación de la Venezuela actual en términos permanentemente negativos. Así, en su visión binaria, ellos justifican un apoyo prácticamente incondicional a Maduro y a su “gobierno socialista”, denunciando toda oposición como “fascista” y “reaccionaria”.

Pero, el gobierno de Maduro no es socialista. Ha sido incapaz de impulsar transformaciones económicas y sociales en favor del pueblo venezolano. El hambre recorre las calles del país y la ineficiencia y el robo descarado de muchos funcionarios corruptos han reducido a la tercera parte la producción petrolera, la principal riqueza del país.

Este desastre humanitario ha obligado a emigrar a casi ocho millones de sus habitantes, ya sea como resultado de una situación económica y social insostenible o también, en varios casos, escapando de una implacable represión que los ha alcanzado directamente.

A la izquierda admiradora de Maduro le cuesta entender que el desastre económico y social de su gobierno, junto a los atentados a los derechos humanos (debidamente certificados por Naciones Unidas) han abierto camino para que sea la derecha la que dirija y convoque mayoritariamente a la oposición. Maduro le ha hecho un gran favor a la derecha.

Además, entre otras consecuencias, el desastre humanitario de Maduro ha perjudicado a todos los países de Sudamérica, porque han tenido que hacerse cargo de cobijar al éxodo venezolano, y sin tener los recursos para ello.

En la práctica, Maduro y el “socialismo del siglo 21”, inventado por Chávez, le han hecho un flaco favor a la izquierda en América Latina. En efecto, con Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela el socialismo latinoamericano se ha desprestigiado.

En estricta verdad, el actual crecimiento de la derecha venezolana es básicamente producto del mismo Maduro. No hay que confundirse. Maduro no es de izquierda, sino un dictador reaccionario y el “socialismo del siglo 21” que pregona no es un referente válido para la izquierda latinoamericana.

Crédito de la foto: Agencia Uno